El servicio de las municipalidades en otorgamiento de patentes comerciales podría mejorar y debería hacerlo para ayudar a reactivar la economía, pues los avances registrados hasta ahora son disímiles y aún hay trámites que se prolongan más de la cuenta, señaló la Contraloría General de la República (CGR) en un estudio que realizó sobre nueve gobiernos locales de distintas regiones del país.
“Aún hace falta por parte de esas municipalidades, mejorar los procesos y trámites que efectúan actualmente para otorgar licencias comerciales, de manera que se concedan en el menor tiempo posible, dado que es esencial para impulsar la economía local y favorecer el clima de inversiones en los cantones”, indicó la CGR en el informe DFOE-LOC-SGP 00002-2021.
El estudio se realizó sobre las municipalidades de Alajuela, Belén, Escazú, La Unión, Liberia, Quepos, San Carlos, San José y San Ramón y concluyó que, de las licencias comerciales concedidas en todo el año 2020, el 52% fueron concedidas en 10 días o menos, el 38% entre 11 y 30 días y un 10% en un plazo mayor a los 31 días, datos que refuerzan la importancia de procesos más ágiles y sencillos, señala la CGR.
La revisión sí encontró aspectos positivos: los nueve ayuntamientos tienen oficina de información a la ciudadanía o plataforma de servicios y tienen publicado en su página web los requisitos para el otorgamiento de la licencia comercial, lo que ayuda a la transparencia y publicidad de los trámites. Por eso la CGR determina que los nueve ayuntamientos analizados “deben seguir realizando esfuerzos con la colaboración activa de sus alcaldías y jefaturas” para dar mayores pasos en la simplificación de trámites.
Tienen pendiente mejorar sistemas de información o registros digitales para controlar y dar seguimiento a cada trámite, y poder monitorear para responder de manera oportuna. También deben procurar que la revisión de requisitos se realice en un solo momento para poder hacer una sola prevención a los usuarios. Además, “es de suma importancia”, simplificar también los trámites de empresas de alto riesgo sanitario, que involucran a la Secretaría Técnica Nacional del Ambiente (SETENA) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA), advirtió la CGR.
