Contraloría General de la República

Municipalidades deficientes en ejecución de fondos para red vial

Desde la Unión Nacional de Gobiernos Locales se aduce que al momento del estudio incidieron cambios introducidos por la nueva legislación.

La Contraloría General de la República (CGR) les haló las orejas a los gobiernos locales del país, pues recientemente difundió un estudio cuyas conclusiones revelan que las municipalidades no son eficientes en la inversión del dinero que reciben del Poder Ejecutivo para la manutención de la Red Vial Cantonal (RVC).

El ente contralor llamó la atención por deficiencias en la planificación por carencia de planes viales  quinquenales de conservación y desarrollo (PVQCD), la falta de métodos alternativos a la compra directa para la adquisición de bienes y servicios, y la práctica de recurrir al endeudamiento para invertir en la RVC sin llevar a cabo estudios de factibilidad que “determinen la necesidad de obtener préstamos y la capacidad de pago de los gobiernos locales”.

Se trata del informe N.° DFOE-DL-IF-00001-2018. El análisis se aplicó a diez municipalidades y el periodo evaluado fue del 1º de enero de 2016 al 31 de diciembre de ese año, aunque incluyó actividades desarrolladas en el año 2017 cuando se consideró necesario.

La RVC representa el 82% de la red vial del país, lo cual quiere decir que el mantenimiento de más de 36.000 kilómetros de vías compete a gobiernos locales.

El análisis realizado por la CGR se fundamentó en primera instancia en el hecho de que en enero del 2016 entró a regir la Ley Especial para Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, N.° 9329. Esa legislación triplicó la cantidad de dinero que el Poder Ejecutivo debe girar a las municipales, pues estableció que ese aporte no puede ser menor al 1,5% de los ingresos ordinarios del Presupuesto Ordinario de la República.

Todo ello implica que el dinero que se le gira desde el Gobierno a las municipalidades para atender la RVC pasó de ¢51.130 millones en el 2016, a ¢109.582 millones en el 2018. Según datos de la CGR, ese aumento presupuestario representa una inversión que, en términos de lo recaudado por el impuesto único a los combustibles, pasó del 7,25% al 22,25%.

INCERTIDUMBRE

La CGR estudió en detalle la gestión de diez municipalidades, seleccionadas luego de la aplicación de un cuestionario a todos los gobiernos locales del país mediante el cual se evaluaron variables como la cobertura de los planes reguladores, el cumplimiento de las metas de mejoramiento de la RVC, la tenencia de PVQCD, el estado de la RVC y vulnerabilidad a la corrupción.

Desde el Área de Desarrollo Local de la CGR, se informó que también se tomaron en cuenta datos con los que cuenta la CGR, como el Índice de Gestión Municipal o las liquidaciones presupuestarias. “La valoración de toda esa información permitió ponderar niveles de riesgo en las administraciones municipales y, con ello, seleccionar las que presentaron una calificación mayor de riesgo”, se indicó a través de la oficina de prensa institucional.

Así, las municipalidades estudiadas fueron las de Palmares, Turrialba, Matina, Desamparados, Golfito, Orotina, Liberia, Poás, Quepos y Los Chiles, las cuales pasaron de recibir ¢6.442 millones en el 2016 a ¢14.792 millones en el 2018.

Con respecto a la ausencia de planificación a mediano plazo debidamente oficializada, desde la CGR se detalló que ello incide en que los gobiernos locales “no garantizan que los recursos se inviertan en la atención de las prioridades cantonales, tanto de las necesidades de la ciudadanía como de las oportunidades de desarrollo”.

Eso genera “incertidumbre acerca de la inversión actual que realizan las municipalidades, pues no se garantiza la vinculación de las políticas y metas a largo plazo con la ejecución a corto plazo”.

Por otra parte, la falta de valoración de métodos alternativos de contratación podría generar que, ante el aumento de los recursos asignados a los gobiernos locales para la atención de la red vial cantonal, esas instituciones carezcan de capacidad administrativa para realizar las contrataciones que sean necesarias, lo cual afecta la ejecución de los recursos, según la misma fuente.

DEFICIENCIAS EN LA LEY

Luis Araya, asesor legal de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), llamó la atención sobre varias circunstancias que afectaron el desempeño de las municipalidades en el periodo estudiado.

En primera instancia, apuntó que el 2016 fue precisamente cuando entró en vigencia la nueva legislación, que, además de aumentar los recursos, incluyó disposiciones como un cambio en la composición de las juntas viales cantonales. Estas últimas son instancias nombradas por los consejos municipales para atender el tema vial y, precisamente,  deben elaborar los planes quinquenales.

Destacó, además, que en mayo de ese año fue cuando entraron en función los alcaldes, entonces “llegaron a encontrar una nueva ley y abriendo nueva brecha, porque es la primera ley especial de transferencias”.

También mencionó que la Ley 9329 dispuso que dentro de seis meses, a partir de su entrada en vigencia, el Poder Ejecutivo debía emitir vía decreto la reglamentación necesaria para su ejecución; pero que ello se materializó en cuatro decretos que fueron publicados entre diez y once meses después de la entrada en vigencia, lo cual afectó la aplicación de la ley en las municipalidades.

Específicamente sobre el tema de la disposición de recursos, como se mencionó, la ley establece que se debe traspasar a las municipalidades un 1,5% de los ingresos ordinarios del presupuesto nacional, pero Araya señaló que esa entrega de recursos se ha dado de forma gradual: 0,5% en el 2016, otro 0,5% en el 2017 para sumar 1% y en el 2018 se alcanza el 1,5%.

Subrayó que la ley “tiene el problema de que no indica expresamente el plazo en el año en que se le van a girar los recursos a las municipalidades, si le giró los recursos en octubre o noviembre, no da tiempo de ejecutarlos en el año”.

Ante la pregunta de si ese vacío en la ley incide en que los recursos pasen a engrosar el porcentaje de los subejecutados de las municipalidades, Araya respondió que “claro que sí, porque el alcalde tiene tiempo al 30 de agosto para entregar el presupuesto ordinario al Consejo Municipal, para que lo genere en setiembre, pero si los recursos llegan en octubre no puede presupuestarlos”.

“Tampoco sabemos a ciencia cierta cuándo van a llegar los recursos, si hubiera fechas establecidas, los alcaldes podrían incluso generar medios más ágiles de contratación administrativa y sacar sos recursos por diferentes formas”, apuntó.

Sobre la falta de planes quinquenales, Araya destacó que casi todas las municipalidades incluidas en el estudio ya los tenían, pero estaban en proceso de aprobación por el consejo municipal respectivo. Solo la Municipalidad de Los Chiles del todo no lo tenía al momento de la indagación de la CGR.

Si bien Araya reconoció que “las municipalidades tienen muchas cosas que mejorar”, aseveró que en este 2018, los gobiernos locales “ya contarían con la experiencia del 2017, es que en el 2016 ni siquiera habían ejecutado recursos, entonces es muy difícil. Para este 2017, para poder trabajar, por lo menos tenían los fondos del 2016 que se les fueron a superávit”.

La CGR emitió una serie de recomendaciones a las alcaldías y consejos de las municipalidades para subsanar las deficiencias encontradas. Fijó, al respecto, fechas a lo largo de este año y el entrante, en las que estos entes deben enviar oficios que consignen avances en el cumplimiento de esas observaciones.





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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