En los seis cantones que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) aprehendió alcaldes este 15 de noviembre, existían auditorías internas que señalaron problemas e irregularidades en la contratación de obra vial. Así constata la documentación que, entre julio y noviembre, recopiló la Comisión de diputados que investigan el caso de corrupción “cochinilla” y que, a la luz de un nuevo caso conexo bautizado como “diamante”, pretende indagar qué ha ocurrido en los gobiernos locales.
“Existe una evidente obstaculización de la labor de auditoría (…) Los auditores son objeto de demandas, las cuales en su mayoría deben enfrentar en forma personal”, carta del Instituto de Auditores Internos
En este segundo capítulo de corrupción, el OIJ identifica nuevamente a la empresa Meco y al empresario Carlos Cerdas, aún en prisión preventiva por los eventos del caso anterior.
Pese a las denuncias formales de actos irregulares en las municipalidades, hasta la acción policial, los casos eran material de archivo e historia.
Sobre si las municipalidades involucradas con el caso “tienen algún procedimiento abierto en Contraloría por irregularidades de contratación, específicamente obra vial, se le informa que, una vez revisados los registros sobre el tema, no se encontró información relacionada”, según respondió la División Jurídica de la Contraloría General.
Osa y San José: las más señaladas
En Osa, donde las autoridades esposaron al longevo alcalde Alberto Cole (2007-al presente), la auditora Idriabel Madriz, afirma en un documento que inclusive existe una causa penal de 2014, por supuestos “delitos de Estafa, Peculado, Enriquecimiento Ilícito y Administración Fraudulenta” por dos contrataciones directas en proyectos de paseos peatonales en Playa Dominical.
Madriz informa a los diputados que Meco es la constructora más beneficiada de los contratos de conservación vial del cantón, de donde ha sacado alrededor de ₡2.635 millones desde el año 2010. Esto representa un 40% de las contrataciones enumeradas por la auditora. La misma funcionaria ahora firma una carta del Instituto de Auditores Internos, en la cual se acusa que son los administradores quienes no responden a las llamadas de atención de los auditores y que, más bien, estos cargan con el peso de las persecuciones por presentar denuncias ante autoridades judiciales y CGR.
“No entramos a revisar las decisiones de oportunidad y conveniencia de la administración”, contralora Marta Acosta frente a Comisión de “cochinilla” sobre rol de CGR
“Todo lo he trasladado a la Fiscalía de Probidad y al OIJ. Ante Recope, la Municipalidad solicitó donación de material de emulsión asfáltica para reparar caminos en Osa, y resulta que los caminos estaban preparados en su mayoría por la empresa vinculada a la investigación, Meco. Hace unos días, el señor alcalde (Cole) hizo de órgano disciplinario y exoneró al Director de la Unidad Técnica de Gestión Vial”, explicó el abogado Mainor Anchía, quien también ha elevado denuncias personales por estos señalamientos de corrupción.
El caso de Recope se envió a UNIVERSIDAD como un informe de auditoría, pero no figura en lo que se envió a los diputados, según carpetas proporcionadas por el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Enrique Sánchez.
El segundo caso, es el de San José, donde Johnny Araya fue aprehendido. Este mismo semanario dio a conocer que la auditoría alertó de irregularidades con la empresa Meco desde 2008.
Así es como la carpeta que se envió a la Asamblea Legislativa es la más grande de todas. 22 documentos de auditoría incluyen, entre otros, el caso de asfaltado del Bulevar Las Américas (una carretera nacional) con presupuesto municipal y donde autoridades municipales aprobaron pedir una “donación” de “acarreo de mezcla asfáltica, mano de obra y de maquinaria especializada de Meco”. El caso, que data de 2012, terminó en una sanción de 8 días sin salario para el ingeniero Kenneth Quesada, actualmente jefe de la Sección de Construcción de Vías y Maquinaria.
En Alajuela, se señala a Meco
En Alajuela, el OIJ apresó a Humberto Soto. La auditoría interna envió 4 informes entre 2014 y 2018. Uno de ellos tiene que ver con una contratación de Meco que se fue multiplicando hasta alcanzar alrededor de ₡160 millones. La auditoría apunta que la Asociación de Desarrollo de Desamparados pasó por alto “normas” para la ejecución pública. Dentro del expediente, se afirma que Meco “realiza la mayoría de las obras de esta Municipalidad”.
En Cartago, donde la policía esposó a Mario Redondo, la auditoría adjunta cuatro casos. Durante 2019 y 2020, la auditoría persiguió un proceso contra un funcionario municipal encargado de supervisar la colocación de mezcla asfáltica. En un contrato con la empresa Conansa (ligada, dentro del expediente “cochinilla”, a Meco) se trasladó mezcla comprada por Cartago hacia Aserrí.
En San Carlos, casa del alcalde Alfredo Córdoba, el auditor envió a la Asamblea Legislativa dos informes de 2016 y de 2017. El primero señala “debilidades en la planificación” de un crédito de ₡3 mil millones, cuyo ejecutor ni siquiera pudo iniciar la construcción de una vía porque había una casa en plena vía (el nombre de la compañía a cargo no aparece en el documento). El segundo relata un proyecto de ¢25 millones para colocar lozas de concreto en el que “no existía certeza del producto final a obtener” porque se usaron mediciones distintas en las “longitudes y volúmenes”.
Por último, en Escazú, donde fue arrestado Arnoldo Barahona, la auditoría envió a los diputados tres informes. Existe una denuncia por fallos en el cartel de compra de materiales para las vías y, más recientemente, la auditoría advirtió que se pasaron ₡8,4 millones de recursos específicos para asfaltado y la construcción de un parque hacia un programa de instrumentos musicales.
Faltan 8 municipalidades y enfocar diputados
Con el oficialista Enrique Sánchez a la cabeza, la Comisión legislativa que investiga “cochinilla” iniciará audiencias con los auditores.
Siete incumplieron con el plazo para entregar los datos. Se trata de Montes de Oca y Pérez Zeledón (San José); Corredores (Puntarenas); Nandayure (Guanacaste); Guatuso (Alajuela), y San Pablo y Santa Bárbara (Heredia). Esta última no tiene un auditor nombrado. Los diputados aprobaron una prórroga para Mora en San José.
“El tema es que había mucha información que se había ido solicitando, pero hubo resistencia por parte de algunas municipalidades que no enviaron la información tal cual se solicitó. Nos pareció oportuno que, al igual que lo hicimos con los auditores del Consejo Nacional de Vialidad y el MOPT, los auditores de las municipalidades, sobre todo las allanadas, vengan a dar cuentas del accionar: qué han hecho, qué vieron y qué obviaron”, afirmó Paola Valladares, diputada del bloque político de Liberación Nacional, que suma cuatro de los seis alcaldes aprehendidos.
“Depende de lo que vaya aflorando, pues así ampliaremos información sin duda alguna”, respondió sobre si los diputados se enfocarán en las municipalidades implicadas en el caso “diamante”.
