Agrupaciones de municipalidades de todo el país afirman que el reglamento que impulsa la ministra de Salud Mary Munive para el manejo de la basura es una “imposición” a la forma de planificar y gestionar los residuos sólidos ordinarios, lo cual es competencia municipal.
En un oficio enviado a la ministra de Salud, Mary Munive, el pasado 20 de diciembre, las municipalidades señalan que con el decreto propuesto “se imponen plazos contrarios a los principios de proporcionalidad y razonabilidad”, sin contemplar los costos, procedimientos y tiempos requeridos por ley a lo interno de los gobiernos locales para implementar servicios nuevos.
El oficio fue enviado por la Red Técnica Ambiental Municipal, la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI) y la Federación Metropolitana de Municipalidades de San José (Femetron). En éste, solicitan un espacio de reunión y diálogo para abordar el tema.
Según explican, el pronunciamiento surgió a partir de una sesión de trabajo realizada el 19 de diciembre, para sumar perspectivas y criterios técnicos.
El pasado 12 de diciembre, el Ministerio de Salud sacó a consulta pública el “Reglamento para la gestión regionalizada de residuos sólidos ordinarios en Costa Rica”, que ordena que cada región del país deberá encargarse de gestionar sus residuos sólidos ordinarios, reduciendo la dependencia de otras regiones y que cada municipalidad deberá implementar la recolección separada de residuos orgánicos. El periodo de consulta pública finaliza mañana 8 de enero.
Principalmente, el reglamento dice que el Ministerio de Salud establecerá un “sistema de regionalización en la gestión integral de residuos sólidos”, según las delimitaciones de las regiones del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y que cada relleno sanitario recibirá residuos de un radio de 50 kilómetros, permitiendo a las municipalidades hacer convenios temporales de disposición en otras regiones, en caso de que la infraestructura esté en desarrollo, señala el texto.
Sin embargo, se permitirá que los rellenos sanitarios reciban residuos provenientes de generadores a mayores distancias, “siempre que estos utilicen estaciones de transferencia dentro de la misma región”. Estas estaciones son instalaciones intermedias para recolectar y transportar residuos a mayor escala dentro de una misma región o hacia «parques ambientales» cercanos.
Según el pronunciamiento de las municipalidades, “no se está considerando la distancia real entre cantones fuera de la GAM (Guanacaste, Zona Sur, Zona Norte, Atlántico y Pacífico Central), a menos que se pretenda que cada municipalidad vuelva a los vertederos en cada cantón”. Agregan que “no se considera que para la sostenibilidad de estos centros tecnológicos se requiere contar con una economía de escala basada en el tonelaje de residuos que se dispongan”.
Argumentan que “el desarrollo de cualquier Parque Ambiental, independientemente de la tecnología que se adopte, requiere para estudios, trámites y permisos un plazo de al menos 3 años (sin considerar la cadena recursiva de cada trámite), lo que contradice el plazo de un año establecido en el Transitorio II de esta propuesta de reglamento».
Según el texto del decreto propuesto, las municipalidades tendrán tres meses para hacer acuerdos de regionalización y adaptar sus sistemas de recolección y disposición final a la estructura regional propuesta, mientras que aquellas municipalidades en regiones sin Parques Ambientales tendrán un año para desarrollar instalaciones adecuadas para la disposición final de residuos y mientras tanto podrán usar las instalaciones en otras regiones.
Residuos orgánicos
Para los gobiernos locales, “el decreto no contempla la diversidad y las condiciones técnicas y económicas que viven cada una de las 84 municipalidades y los siete concejos municipales de distrito”.
Con respecto a los residuos orgánicos (materiales biodegradables que requieren tratamiento separado, como el compostaje u otros métodos), el reglamento en consulta señala que cada municipalidad deberá implementar la recolección separada de residuos orgánicos de manera progresiva, alcanzando un 25% para el primer año, un 50% para el segundo año, un 75% para el tercer año, y un 100% para el cuarto año.
De acuerdo con las municipalidades, “se imponen metas de recuperación de residuos orgánicos sin un sustento técnico ni un estudio de la realidad cantonal” y se sugiere que esto se debe acompañar de programas de concienciación, cuando en 14 años el Gobierno “no ha podido implementar el Plan Nacional de Educación, que es un tema establecido en la Ley para la Gestión Integral de Residuos”.
“El Ministerio de Salud al proponer este reglamento excede su rol de ente rector e intenta resolver aspectos que van más allá de dicha rectoría, cuando lo que le corresponde es hacer cumplir lo que ya está plasmado en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos”, plantearon los municipios.
