Todas estas personas son parte de un universo de 17.400 multipensionados; es decir, personas que tuvieron la posibilidad de acceder a dos, tres o hasta cuatro pensiones de regímenes básicos públicos, ya sea por vejez, incapacidad o por la muerte de un familiar.
¿Por qué es posible esto? Porque Costa Rica tiene un complejo y fraccionado sistema jubilatorio compuesto por diversos fondos básicos que tienen cotizaciones y beneficios muy disímiles.
Estos fondos se alimentan de aportes de trabajadores, pero como son insuficientes, el Estado también aporta cuotas mensualmente, como Estado y también como patrono, cuando se trata de empleados públicos.
Pero, además, hay regímenes que están cubiertos en su totalidad por el presupuesto nacional, porque nunca se crearon los fondos para sostenerlos o porque responden a leyes creadas para cargos especiales.
Este escenario ha permitido distintas maneras de ser multipensionado: personas que están protegidas por dos regímenes porque tuvieron empleos en diversas instituciones y aportaron a dos fondos distintos. También, quienes tienen jubilaciones especiales por haber ocupado cargos como diputados o presidentes, aunque no cotizaron por ellas.
Además están aquellas que heredaron la pensión de un familiar fallecido, como un grupo de cónyuges de exfuncionarios judiciales a quienes el Poder Judicial les aprobó las pensiones aun con criterios contrarios a lo que establecía la ley. (Vea nota aparte).
Estos hallazgos surgen de una investigación del Semanario UNIVERSIDAD realizada durante los últimos tres meses, con el apoyo de la plataforma periodística para las Américas, CONNECTAS.
UNIVERSIDAD solicitó las bases de datos y cruzó 329.500 registros de jubilados de los regímenes básicos públicos del país: Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional; el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial y la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo.
Los multipensionados representan el 5% de jubilados del país y reciben el 8,6% del total del dinero que se paga en pensiones.
La mayoría de los multipensionados, más de 10.000, tienen al menos dos pensiones del régimen más grande del país, el del IVM, en el cual se encuentran la mayoría de trabajadores.
En este sistema, sin importar si la persona tuvo altos salarios –como es el caso de los médicos de la CCSS–, el tope máximo de jubilación es de ¢1,5 millones, una cifra que está muy por debajo de la que se puede tener en otros regímenes.
De hecho, los 17.400 multipensionados del país tienen un promedio de ingreso bruto de ¢733.000, y entre ellos también hay quienes, a pesar de sus varias pensiones, no reciben lo suficiente para salir de la pobreza.
Sin embargo, existe un reducido grupo de 100 personas cuyas jubilaciones superan los ¢5 millones y que consumen el 3,6% del total que se paga a los multipensionados.
Este grupo se compone principalmente de personas que tuvieron altos cargos en la función pública: desde expresidentes, exdiputados, exmagistrados, exdocentes universitarios o sus familiares.
Cuando se les pregunta a las personas beneficiadas por estas pensiones, algunas las defienden como un derecho, pero también hay quienes, a pesar de recibir sumas millonarias, califican el fenómeno como “injusto” para un sistema jubilatorio que forma parte de la seguridad social y que por lo tanto debe ser solidario y equilibrado.
También hay casi 2.000 multipensionados cuyos ingresos mensuales superan el ¢1,5 millones, es decir, el tope establecido en el IVM.
La posibilidad de ser multipensionado no es ilegal, en términos generales. Sin embargo, pone en evidencia la desigualdad que caracteriza el sistema jubilatorio costarricense, en donde unos pocos concentran grandes sumas, que no se corresponden, necesariamente, con los aportes que hicieron durante su etapa laboral, pues, según la Superintendencia de Pensiones (Supén), en estos sistemas se recibe tres veces la contribución que hizo el trabajador.
Según el análisis de datos realizado por UNIVERSIDAD, en total, hay 16.700 personas que reciben dos pensiones, más otros 711 casos con el beneficio de tres pensiones y 22 personas que mensualmente obtienen cuatro pensiones a la vez.
Entre ellos hay 14.000 casos que cobran al menos una pensión por la que ellos no cotizaron, sino que heredaron el beneficio de algún familiar fallecido.
Los regímenes del país tienen características muy distintas. En el de IVM el aporte obrero es de 3,84%, el patronal de 5,08% y el estatal de 1,24%. Las personas se retiran a los 65 años de edad con aproximadamente el 60% de su promedio salarial de los últimos 20 años. Los estudios actuariales estiman que este régimen debe tomar medidas o podrá entrar en crisis en el 2038.
En cambio, en el Poder Judicial, previo a una reforma aprobada en abril de este año, los empleados aportaban el 11% de su salario y el Estado en total 15,6% al sumar la contribución como patrono y como Estado. Además, los funcionarios judiciales se podían retirar con el 100% de su salario de los últimos dos años, sin que hubiese un tope máximo establecido y hasta tenían posibilidad de un retiro anticipado a los 55 años.
La reforma legal de abril se impuso para cerrar un déficit actuarial de ¢5,3 billones. Este cambio aumentó la cotización y puso restricciones a los beneficios; por ejemplo, un tope máximo de pensión de ¢4 millones. Sin embargo, un transitorio de 18 meses les permite a algunos funcionarios retirarse con esas privilegiadas condiciones, como ocurrió con el ahora expresidente de la Corte, Carlos Chinchilla, quien se jubiló tras recibir una sanción laboral.
En los regímenes públicos, todo ese dinero que aportan trabajadores, empleadores y el Estado se coloca en una gran olla común para luego generar rendimientos con inversiones y pagar con esto las pensiones.
Sin embargo, existen regímenes para los cuales –aunque algunas personas cotizaron– nunca se crearon los fondos de inversión y, por eso, para cumplir con esos pensionados la colectividad costarricense destina anualmente una cifra gigantesca: el 10,2% de todo el presupuesto estatal; es decir, ¢948.000 millones, dinero que se recauda principalmente con impuestos.
Ese es el caso de los 14 regímenes administrados por la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), en los que hay 18.500 beneficiarios de regímenes especiales como el de Hacienda, Comunicaciones, Gracia y excombatientes de Guerra. Entre ellos hay 6.400 multipensionados que reciben al menos un beneficio de uno de estos 14 regímenes.
Los beneficiarios la DNP cotizan entre el 9% y 16% de su salario o pensión; sin embargo, eso apenas cubre el 5% de los gastos totales, explicó el director Nacional de Pensiones, Luis Paulino Mora Lizano.
Además, debido a los elevados montos que se pagaban en este sistema, hace dos años se impuso una contribución solidaria para unas 400 personas que reciben más de ¢2,7 millones mensuales, entre quienes hay multipensionados.
En esos regímenes especiales también están unas pensiones exclusivas que se otorgaron a expresidentes y a exdiputados, por las que estos nunca cotizaron y que reciben solamente por haber tenido esos cargos.
También se cubren con el presupuesto ordinario las pensiones del Régimen Transitorio de Reparto (RTR) de Jupema, conocido como el régimen “viejo”, que cobija a los trabajadores que ingresaron al ámbito de la educación antes de 1992. En este, aunque los docentes han cotizado diversos porcentajes (actualmente cotizan del 8,75% al 16%), el Estado no creó los fondos para generar rendimientos y por eso debe cubrir condinero proveniente de impuestos.
En este sistema hay 5.690 multipensionados, de los cuales 1.190 tienen dos pensiones del mismo régimen.
El RTR tenía condiciones de jubilación sumamente beneficiosas en cuanto a edad de retiro y montos, por lo que actualmente está técnicamente cerrado. Además, los jubilados activos también aportan una contribución especial por una ley de 1995, aunque un grupo de 339 personas había interpuesto acciones en los Tribunales y evitó el pago por muchos años. Actualmente, el Gobierno inició los trámites para cobrarles.
El aporte de fondos que hace el Estado para cubrir distintos aspectos del sistema jubilatorio público se justifica en que las pensiones forman parte de un esquema de seguridad social solidario, que pretende que las personas tengan una vejez “digna”, apuntan diferentes autoridades como el superintendente de pensiones, Álvaro Ramos Chaves; el director de Pensiones del IVM, Ubaldo Carrillo; y el jerarca de la DNP, Luis Paulino Mora Lizano.
No se trata de regímenes para que los beneficiarios se enriquezcan o incrementen su capital, ni tampoco para que estas personas de la tercera edad mantengan exactamente el mismo nivel de ingresos que tenían durante la etapa laboral, resaltan estos funcionarios. Por eso, aunque algunos trabajadores aporten mucho más que otros, los beneficios deben otorgarse pensando en que los sistemas logren ser equilibrados.
El superintendente de pensiones, Álvaro Ramos, aporta un dato fundamental para entender el funcionamiento de este tipo de sistemas: por cada colón que aporta el pensionado, puede recibir unos ¢3.
Para Ramos, por el objetivo de este tipo de regímenes públicos no se justifica que se acceda a más de una pensión sin importar si ambas son montos elevados.
“Imagine a alguien que tiene dos trabajos en el sector privado. Por ejemplo, es mecánico y plomero, y podría argumentar que debería recibir dos pensiones por la Caja. Pero lo que hace la Caja es sumarle todos los aportes y, si se pasó de ¢1,5 millones, le dan eso y se acabó. Obviamente la pensión sería la suma de todos los aportes, pero siempre pegando con un tope establecido socialmente”, ejemplificó Ramos.
Su criterio es similar al del exsuperintendente Édgar Robles, quien destacó que la mayoría de pensiones del país son subsidiadas, “independientemente del monto”.
“Las muy pequeñas, por elemento subsidiario, en eso deberíamos estar de acuerdo, pero las que están en el medio, que están lejos de la pensión mínima, están siendo subsidiadas porque, si uno hace el cálculo actuarial, resulta que lo que cotizó más los rendimientos que hubiera generado no hubiera alcanzado para pagar sino una pensión del 50% de la que recibe”, detalló el economista.
Para Robles, sobre las multipensiones se debe considerar si el monto total que recibe la persona está relacionado con la cotización que hizo.
“Mucho de eso está ocurriendo con esos pensionados que se denominan de lujo, porque si hay una persona que tiene una pensión por viudez, pero además tiene otra pensión por otro régimen, esa persona está recibiendo un ingreso que está muy por encima de los topes de pensiones como deberían existir”.
“En el fondo del Poder Judicial los magistrados eliminaron la referencia del tope por muchísimos años, y hoy día esos topes se están tratando de restablecer y hay incluso recursos para tratar de eliminar la ley que pone esos topes. Entonces en algún momento se desvirtuó el tema de seguridad social y se convirtió en un elemento que más bien promueve la desigualdad de la distribución de la renta en Costa Rica, cuando los regímenes públicos fueron llamados para preservar ese concepto de solidaridad”, señaló Robles.
El jerarca de la DNP, Luis Paulino Mora Lizano, también considera que se debería implementar un tope máximo por persona y no por cada régimen.
“Más que el número de pensiones, es la cantidad que se reciba, porque usted puede recibir una o dos pensiones que, si la cantidad es exigua para las necesidades básicas de un ser humano de tercera edad, me parecería que es válido. El tema es cuando usted tiene dos pensiones que pueden ser muchísimo más amplias que las del resto de la población.
Ahí es donde podríamos pensar que los topes no deberían se unitarios para cada tipo de pensión sino que deberíamos tener un tope colectivo”, apuntó Mora, quien comentó que este Gobierno preparará un proyecto de ley para contrarrestar este tipo de inequidades.
El director de Jupema, Róger Porras, estimó que no existe un problema con tener múltiples pensiones siempre que se haya cotizado por estas.
“Tal vez la pregunta va enfocada en si es correcto o no que existan pensiones no contributivas, por ejemplo de regímenes de expresidentes, o que existan pensiones que están siendo financiadas con recursos públicos, en este caso con gasto de Gobierno. Pero esa es otra discusión. Pero en términos estrictos yo no le veo problema a que personas que están haciendo esfuerzos contributivos para diferentes fondos de pensiones puedan tener varios beneficios jubilatorios”, respondió.
Las desigualdades entre regímenes y los excesos en las llamadas pensiones de lujo han motivado una serie de reformas legales para restringir condiciones y beneficios impagables. La más reciente es la que se aplicó en abril de este año al régimen del Poder Judicial y que estableció un tope de ¢4 millones para las futuras jubilaciones y una contribución solidaria para las que actualmente superan esa cifra.
Para expertos y autoridades en esa materia, Costa Rica debe caminar hacia tener un único sistema jubilatorio.
“Yo creo firmemente que esa es la solución de largo plazo. Ahora, cuál sea la viabilidad en el corto plazo no sé, eso dependerá de los políticos y de la jurisprudencia a nivel nacional. En los años 40 dijimos que había un único sistema, la constitución lo dice, y yo no sé cómo lograron inventar sistemas después de eso y aun hoy los están inventando”, cuestionó el superintendente Ramos.
“Sería más justo si uniéramos los regímenes bajo uno solo, tuviéramos acceso a una sola pensión, con un solo tope, en lugar de tener esas disparidades, ese fraccionamiento entre sistemas”, coincidió Robles.
El director de Pensiones del IVM, Ubaldo Carrillo, destacó que al IVM se le denomina régimen universal y que este debería crecer en aportantes que posteriormente reciban beneficios “bajo un esquema de protección similar”.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entre el 2010 y el 2014, las pensiones contributivas explicaban un 8,1% de la desigualdad total en nuestro país.
Manrique Soto Pacheco tiene 84 años, es médico y laboró para la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) desde la década de los 50. Fue director del Hospital San Juan de Dios hasta el 2008 y encabeza –por monto–la lista de los multipensionados del país.
Soto tiene una pensión de un monto bruto de ¢11 millones, que es del régimen especial de Hacienda, administrado por la DNP y pagado con el presupuesto nacional debido a que el Estado no creó el fondo para administrar los aportes de los cotizantes. Desde hace dos años, a este tipo de jubilaciones se les impuso una contribución solidaria, por lo cual esa suma disminuye a unos ¢5 millones.
Pero, además, Soto fue profesor en la UCR y por ello es beneficiario de otra pensión del RTR, que también está cubierta con dinero del presupuesto estatal y es de medio millón de colones.
El médico no desea hablar sobre este tema, pero puntualiza en que, a su pensión, se le aplicó un rebajo del 60% y destaca los muchos años que trabajó. “Juzgue usted si amerito o no la pensión”, expresó.
La lista continúa con Eugenio Manuel Lamugue Espinoza, un exprofesor de secundaria y vendedor de seguros que recibe dos pensiones: una del RTR desde el 2002 y otra del IVM desde el 2014.
En conjunto, esas pensiones suman un monto neto de ¢11,3 millones. Por la contribución solidaria que pagan las pensiones de Jupema que superan los ¢3,9 millones, el profesor Lamugue Espinoza recibe un monto neto de ¢5,7 millones aproximadamente.
Lamugue reconoce que él es un “privilegiado”, pues aunque considera que está bien recibir dos pensiones por haber tenido dos trabajos y cotizado en dos regímenes, cree que no deberían ser montos muy altos. “Yo nunca lo busqué. Si me pregunta en este momento, me parece que es injusto porque es un monto que debió haber tenido un tope, afirmó en conversación con UNIVERSIDAD.
Un monto similar está asignado a Nora María Lizano Castillo, exdocente y viuda del expresidente del Poder Judicial, Luis Paulino Mora Mora, quien falleció en el 2013. Ella tiene el beneficio de dos pensiones (una propia y otra heredada de su esposo), percibe un monto bruto de ¢11,3 millones del RTR y del Poder Judicial. Pero debido a la reforma que entró a regir este año paga una contribución solidaria. Tras las reducciones, el monto total que recibe es de unos ¢5,7 millones.
“Yo trabajé 37 años como educadora y directora de un centro de formación de profesores. La de mi esposo fue muy justa aunque nunca la disfrutó, se murió estando trabajando con más de 50 años de servicio”, expresó Lizano al ser consultada sobre las múltiples pensiones.
Otra de las jubiladas que recibe uno de los montos más altos es Olga María Arroyo Gutiérrez, quien tiene una pensión directa del magisterio desde el 2001 de un monto bruto de ¢2,6 millones y neto de ¢1,9 millones. La otra jubilación es de ¢8 millones (bruto y ¢,6 millones neto).
Esta última la recibe desde hace ya 20 años, la heredó de su padre, Rafael Ángel Arroyo Quesada, quien fue legislador por el Partido Liberación Nacional (PLN) en 1958. Esa pensión se otorgaba a hijos de diputados fallecidos que no se hubiesen casado. La ley se derogó en 1996.
“Las leyes han funcionado como han funcionado, mal o bien y no es culpa de las personas”. Esa pensión la rebajaron, cosa que acepté totalmente”, respondió en conversación con este medio.
Entre estos multipensionados además está el exministro de Hacienda, exdiputado, exembajador y exprofesor de la UCR, Federico Vargas Peralta, quien por dos pensiones es beneficiario de ¢10,5 millones (bruto), ¢5,5 millones (neto).
Vargas conversó con UNIVERSIDAD y expresó que, desde su época de legislador, entre 1990 y 1994, abogó porque existiera un único régimen de pensiones.
“Que ese sistema de pensiones único, para todo el mundo, sin distinción de puesto ni nada, sea el sistema de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social y que quien quiera tener una pensión mayor tome una de las cubiertas por la ley de protección al trabajador (complementarias). Lo malo de las pensiones altas nuestras es que hay parte de esas pensiones que no las pagamos nosotros, ese es el pecado. Yo no encuentro que tener una pensión de ¢10 millones sea inmoral, si usted la ha pagado, pero si usted recibe una pensión de ¢10 millones que usted no ha pagado totalmente, ese el pecado mortal del sistema de pensiones”, manifestó.
Vargas no impugnó la reducción del monto de su jubilación porque lo consideró “justo”.
En el grupo de los montos más altos también está la bióloga y exprofesora de UCR, Martha Elena Conejo Víquez, quien además es parte de las 22 personas que por mes reciben cuatro pensiones simultáneas. Ella prefirió no referirse a este tema debido a una situación de “salud”.
Entre setiembre del 2017 y abril de este año, UNIVERSIDAD solicitó –en distintas fechas– las bases de datos de los regímenes de pensiones públicos del país.
Los datos fueron entregados en distintas fechas: el Poder Judicial y la Caja Costarricense del Seguro Social los entregaron en setiembre del 2017 (esta última entidad actualizó la información en junio pasado).
En el caso de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), la entidad había negado la información aduciendo que se trataba de información de carácter privado. Por ello, se interpuso un recurso de amparo que la Sala Constitucional declaró con lugar en febrero de este año al considerar que se trataba de información pública y se obtuvieron los datos en marzo.
La información de la Dirección Nacional de Pensiones se recibió en mayo.
Con el apoyo de la plataforma periodística para las Américas, Connectas, se hizo un trabajo de limpieza, consolidación y cruce de bases de datos.
Las entidades administradoras de los fondos de pensiones entregaron montos brutos, por lo que a cada uno de ellos se les aplicaron las reducciones establecidas en las distintas legislaciones y se estimaron los montos netos.
Finalmente, los hallazgos de esta investigación se consultaron con especialistas, autoridades y personas beneficiadas por los regímenes.