Mujeres indígenas y campesinas de Siquirres, Upala, Limón, Pérez Zeledón y del territorio indígena Térraba contaron cómo los gobiernos han venido desmantelando las instituciones públicas que compraban la producción campesina, lo cual ha hecho que cuando logran vender sus productos agrícolas no les paguen un precio justo, ya que quien se deja la ganancia es el intermediario.
Fanny Reyes Ortiz, indígena bröran del territorio de Térraba e integrante de la Red de Mujeres Rurales, denunció la situación durante una actividad realizada el 17 de abril con motivo del “Día Internacional de la lucha campesina y la soberanía alimentaria».
La actividad se realizó para escuchar las experiencias de mujeres de la «Red de Mujeres Rurales» y fue organizada por la Asociación Tinamaste y el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“Es a partir de que se aprueba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en el 2008, que se empiezan a importar productos como arroz, frijoles y otros granos básicos como maíz, que se producían a nivel nacional”, recordó Reyes a UNIVERSIDAD.
“Se empiezan a importar porque salen más baratos porque en sus países de origen son subsidiados y acá quien compraba esos granos básicos a los campesinos y campesinas la producción era el Consejo Nacional de Producción (CNP)”, dijo Reyes.
“Se deja desprotegida la producción campesina a nivel nacional. Lejos de estimularla, crear algún subsidio para que los campesinos puedan producir a menor costo, más bien se le da la espalda a lo que se produce a nivel nacional y no hay precios estándares para que los campesinos se puedan defender. Es el intermediario el que impone el precio al productor, condiciona comprar la cosecha al precio que el intermediario quiera y en muchos casos no le significa un margen de ganancia al productor. Por eso muchas veces la gente deja de sembrar granos básicos para sembrar otras cosas o vender su tierra para que siembren un monocultivo”, enfatizó Reyes.
Francisca Inés Wilson, migrante nicaragüense que vive en Upala, también contó que en su caso, antes criaba cerdos y vendía cerdo en canal (sin las vísceras) al de la pulpería, ya que en ese tiempo existían muchas pulperías.
“Ya yo no puedo hacer eso porque yo tendría que pagarle no sé a quién, declarar que soy la señora que está criando los cerdos, hacer una porqueriza, sacar permisos y no tengo la capacidad económica, ni yo ni la vecina, ni el vecino”, afirmó Wilson.
Asimismo, narró que también les propusieron regalarles gallinas; pero a cambio de que eliminaran sus gallinas criollas (de patio) y a cambio de que esas gallinas ponedoras o pollos de engorde no se relacionaran con las gallinas criollas.
Red de Mujeres Rurales cumple 18 años
Otras mujeres que participaron en el conversatorio también denunciaron los desalojos a familias campesinas en Los Chiles y otras situaciones.
Rosa Jácamo, de Limón, reclamó por los bajos salarios, frente a los altos impuestos y el aumento en los precios de los alimentos.
Mientras que Damaris Badilla, de Pérez Zeledón, criticó la discriminación que viven las mujeres que buscan empleo y son mayores de 40 años, por ejemplo. “No nos dan tierras para poder sembrar, no nos quieren dejar sembrar porque eso significa que tenemos autonomía y a veces ni al Estado ni a nuestras familias les gustan esas cosas”.
El 17 de abril se conmemora el “Día Internacional de la lucha campesina y la soberanía alimentaria». Alejandra Bonilla explicó la historia de este día.
El 17 abril de 1996 se dio una masacre, en la que asesinaron a 21 campesinos en Eldorado do Carajás, en Brasil. Alrededor de 1.500 campesinos, pertenecientes al Movimiento de los Sin Tierra, se estaban manifestando en demanda de tierra, en una marcha en la carretera, porque el gobierno no avanzaba en la expropiación de terrenos para que las familias campesinas, recordó Bonilla, quien es agrónoma, docente e investigadora pensionada de la Universidad Nacional (UNA) y parte de la Asociación Tinamaste.
“El ministerio de seguridad dio la orden de atacarlos. Diez fueron asesinados a quemarropa; no fue en una situación de conflicto, y siete fueron asesinados con machetes. Fue una masacre claramente dirigida. El oficial que dio la orden pasó 30 días en prisión domiciliar y después salió libre. Se desató un apoyo masivo en todo Brasil, que condujo a la creación del Ministerio de Reforma Agraria para ejecutar procesos de redistribución de tierras”, señaló Bonilla.
Bonilla destacó similitudes entre lo acontecido en Brasil y los desalojos a familias campesinas en el asentamiento La Guaria de Los Chiles en noviembre pasado y en Medio Queso, en 2012, cuando un subteniente ordenó disparar a la cabeza a campesinos.
La actividad –realizada en la Facultad de Sociales de la UCR – está vinculada con el proyecto «Mujeres, salud mental y sufrimiento ético político: percepciones cotidianas y afectos de campesinas costarricenses en el contexto de políticas neoliberales» del CIEM-UCR, de la investigadora y docente María Andrea Araya.
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