La organización no gubernamental guatemalteca Mujeres Transformando el Mundo se dedica a acompañar a niñas, adolescentes y mujeres sobrevivientes de violencia sexual, discriminación y trata de personas para enfrentar los procesos penales y la superación de los casos. Precisamente, el Centro de Investigación de Estudios de la Mujer (CIEM) de la Universidad de Costa Rica (UCR) desarrolló una serie de conferencias con Paula Barrios, directora de la ONG.
Esta organización ha llevado casos de gran impacto en Guatemala, relacionados con la altísima violencia de género. Un ejemplo es el juicio que se realizó a miembros de un destacamento militar por delitos contra los deberes de humanidad contra 15 mujeres q’eqchi’ por violencia sexual y desaparición forzada en la zona de Sepur Zarco, durante el conflicto armado.
Esta comunidad es una franja guatemalteca de sierras mineras, que es límite entre Altaverapaz e Izabal y donde existe una disputa desde los años sesenta entre la oligarquía y el pueblo q’eqchi’. Entonces era un territorio de cultivo de arroz y crianza ganadera, hoy hay monocultivos de palma africana y caña de azúcar, por lo que se mantiene en disputa permanente.
Durante los años ochenta, justo en el tiempo más fuerte del conflicto armado, se asentaron siete destacamentos militares, donde se asegura llevaban a las personas para los exterminios, desaparecieron personas y las mujeres fueron obligadas a cocinar, lavar ropa y vivieron atrocidades.
Otro caso muy sonado en el cual Mujeres Transformando el Mundo también ha acompañado en el proceso judicial fue el del Hogar Seguro Virgen de la Asunción en Guatemala, donde 41 niñas murieron calcinadas y 15 quedaron con graves quemaduras, producto de una cuestionada acción de las autoridades en el año 2017.
Además, de su trabajo en estos sonados casos, y muchos otros de gran envergadura, brindan acompañamiento, asesoría y apoyo a mujeres que experimentan graves casos de violencia de género en el país centroamericano.
De acuerdo con María José Chaves, investigadora del CIEM, la visita de Paula Barrios buscaba apoyar el proyecto Visibilizar y Transformar las Prácticas Sexistas y Discriminatorias en la Educación Superior.
“Tratamos de generar discusión sobre las formas de violencia y visibilizar el trabajo que se realiza en este sentido. Precisamente, esta organización ha hecho un excelente trabajo en materia de litigio estratégico”, comentó Chaves.
La participación de la directora de la ONG tuvo el objetivo de generar espacios de reflexión y discusión entre centroamericanas, que permita conocer su experiencia y aportes para repensar la justicia y el acceso de las mujeres a esta.
“En el marco de estos dos casos de tanto impacto, en los cuales Mujeres Transformando el Mundo ha participado, la organización nos hereda a los demás países las experiencias y estrategias para acercar a las mujeres a la justicia y desafiar los procesos en materia de género. También permite repensar las formas de violencia a las que se enfrentan las mujeres y desafiar al sistema para obligarlo a dar respuesta”, añadió Chaves.
Precisamente, en el marco de esta visita, UNIVERSIDAD conversó con Paula Barrios, para conocer sobre la experiencia que han desarrollado, cómo han acompañado a las mujeres en procesos judiciales y los retos que han enfrentado en una sociedad con altos niveles de violencia de contra las mujeres.
¿Cuál es la situación de violencia de género en Guatemala?
–Tenemos una fuerte violencia sexual contra las mujeres adultas y niñas, de hecho cada año unas 90.000 niñas entre los 10 y 19 años, enfrentan una maternidad forzada, no tenemos datos de cuántas son por violencia sexual, pero la ley establece que toda relación sexual con una menor de 14 años es violación.
La violencia sexual es una situación preocupante, si bien a partir de la firma de Paz en 1996 se emitieron acuerdos para reconstruir el tejido social y consolidar la democracia, la violencia estructural persiste.
En Guatemala cada año se atienden unos 700 femicidios, pero hay muchas otras muertes que no son tipificadas como femicidio que se dan de forma violenta contra las mujeres. Otro reto es que un juez tipifique el delito de femicidio como tal.
Hay casos de hombres que atacan a sus parejas con machetes en ataques de celos, como un caso que llevamos en la organización, donde la mujer fue mutilada por su esposo, quien le cortó la mano, el rostro y la vulva, y murió desangrada. Luego de ese caso, hemos tenido tres muertes más por machete.
¿Qué sucede en Guatemala que hay tanta violencia contra las mujeres?
–El problema de las pandillas es similar a la situación que viven en El Salvador, los grupos de narcotráfico operan en la región y aunque se han capturado a más de 12 capos del narco, ahora nos están permeando las pandillas transaccionales, lo que nos afecta grandemente.
El uso de las mujeres en esas redes de narcotráfico es terrible, hay una fuerte trata de personas, la migración debido a la pobreza genera violencia en general, pero sobre todo mujeres, niños y niñas.
Al final las niñas se ubican en el escalón de menor prioridad de la sociedad, sobre todo si son indígenas; hay una naturalización de la maternidad en niñas, pues al final se piensa que las mujeres venimos a este mundo a ser madres, no importa la forma. Ahí veo que hemos sufrido un retroceso en materia de derechos humanos y aumento del conservadurismo.
Son difíciles las condiciones sociales, económicas y políticas, pero sobre todo para las niñas.
En Guatemala existe una amplia porción de la población que pertenece a comunidades indígenas. ¿Es más grave la situación para las mujeres indígenas?
–Sobre todo para las niñas, en las comunidades indígenas se exacerban las secuelas, porque aducen que se trata de una situación cultural, ahí el racismo tiene una fuerte participación, pues se hablan 22 idiomas mayas, las estrategias y mecanismos de prevención de la violencia sexual han sido creadas en español y se considera que es normal que las niñas sean obligadas al matrimonio o a enfrentar la maternidad.
Hay falta de acceso a la educación, pues en la mayoría de los casos la pobreza o condiciones familiares no permiten que las niñas estudien, en muchos casos no hay centros educativos cercanos. Tenemos un sistema perverso que invisibiliza a los pueblos indígenas, no hay inversión social como parte de las políticas públicas de los gobiernos y, en ese sentido, las niñas llevan la peor parte.
Los padres de familia lo ven como una retribución de la inversión que han hecho para alimentar y educar a las niñas, y las entregan por dinero o un terreno al mejor postor, al final las niñas son canje o mercancía.
Para ello debemos trabajar con los líderes y lograr que las mujeres tengan mayor participación en la vida comunitaria, visibilizar la violencia y lograra una mayor justicia.
Precisamente, en el marco de la mucha violencia que viven las mujeres históricamente en Guatemala, ustedes como organización emprendieron la lucha por defender a las mujeres q’eqchi’ en la zona de Sepur Zarco. ¿Cómo fue este proceso?
–Iniciamos en el 2009 como organización, acompañando a mujeres de violencia sexual durante el conflicto armado, escuchamos sus testimonios, las conocimos y generamos empatía. De ahí estructuramos el primer caso para enfrentarse en la justicia de Sepur Zarco.
Se trata de una zona que históricamente ha estado en conflicto y donde se asentó un grupo de destacamentos militares en el año 1982 y 1983, las mujeres de la comunidad experimentaron graves abusos a sus derechos humanos, los esposos de 15 ellas fueron desaparecidos. Trabajamos durante dos años escuchando los testimonios y preparándolas para enfrentar el proceso, eso significó formación, luchar por el acceso a la justicia y superar obstáculos como el idioma.
Presentamos la denuncia e inició el proceso formal en el 2011, allí se dieron a conocer todos los casos de violencia sexual que vivieron estas mujeres; la etapa de investigación implicó exhumaciones, testigos clave que nos dieron información sobre la estrategia militar. Logramos individualizar a los responsables, consolidar las órdenes de aprehensión, pasamos siete personas, pero el Ministerio Público consideró solo a dos personas, quienes fueron condenados a 110 años y 240 años por los delitos contra los deberes de humanidad, desaparición forzada y asesinato.
Además, logramos 18 medidas de reparación, dos de ellas económicas y 16 hacia el Estado de Guatemala, para solventar la situación de vulnerabilidad de las mujeres. Esta resolución impacta no solo a las mujeres de esta comunidad, sino de otras 45 comunidades aledañas y pasa por luchar por el acceso a la tierra, becas para todas las poblaciones, construcción de un centro de educación media, un centro de salud con clínica de derechos sexuales y reproductivos, atención de la maternidad, reconstruir el tejido social, recuperar su cultura y los mecanismos de resolución de conflicto a nivel comunitario.
¿Qué apoyo brindan como organización?
–Atendemos casos desde lo judicial, pero el apoyo va mucho más allá.
Tenemos una metodología de trabajo de largo aliento, porque queremos que exista continuidad en el proyecto de vida de las mujeres, damos terapia, acompañamiento sicológico, de forma individual, grupal y jurídica bajo el modelo de Gioconda Batre, que es género sensitivo.
Se trata de un modelo terapéutico para trabajar la violencia e incesto, abordar el trauma y establecer un espacio seguro, de manera que puedan proyectarse en un plan de vida.
Tenemos una escuela de formación feminista y creemos que podemos aportar grandes lineamientos desde la teoría feminista para que las jóvenes tengan otros parámetros de toma de decisión y no solo lo que reciben socialmente en sus entornos.
Llevamos grupos de autoapoyo, llevamos años de intervención, procuramos becas de estudio, trabajamos con sus familias y continuamos acompañando a las víctimas. Tenemos un modelo de litigio estratégico para incidir en el entorno comunitario.
Creamos estrategias de comunicación, sensibilización para funcionarios y generamos esfuerzos de política públicas, iniciativas de ley o reformas que garanticen el proyecto de vida de las niñas, adolescentes y mujeres.
