Desorden, desactualización y desconexión en los registros tributarios del Ministerio de Hacienda permiten la permanencia de casi 20.000 contribuyentes que aparecen como fallecidos en el Registro Civil, así como decenas de empresas morosas que, aun así, recibieron beneficios de exención fiscal, además de importaciones por ¢371.000 millones a nombre de importantes importadores que no aparecen inscritos en el Registro Único Tributario (RUT).
Estos hallazgos, entre otros, se incluyen en una auditoría realizada y divulgada este miércoles por la Contraloría General de la República sobre los registros de la Dirección General de Aduanas, Dirección General de Tributación y Dirección General de Hacienda en el período 2017-2019.
El estudio cobra vigencia en momentos de serios apuros fiscales y de una fuerte caída en los ingresos de Hacienda por vía de impuestos, lo que motiva al Gobierno a buscar nuevos préstamos internacionales y a proponer aumentos de impuestos que se discuten en estos meses.
La dispersión de las herramientas tecnológicas y el escaso uso para el control tributario integrado le “resta confiabilidad y consistencia al registro de contribuyentes inscritos en el RUT”, señala el informe, que exige a Hacienda solucionar el problema en los próximos meses.
“Se identificó desintegración e inconsistencias en estos registros de contribuyentes. La integración de estos registros podría favorecer la ejecución de cruces de información, y la identificación oportuna de riesgos fiscales”, se lee en las conclusiones, pues generan los insumos básicos para ejecutar controles.
Del total de personas físicas inscritas que aparecen como fallecidas en el Registro de defunciones del Registro Civil, dos tercios tienen una fecha de defunción anterior al año en que aparecen como contribuyentes inscritos en el RUT, sin que en este último registro se pueda registrar e identificar automáticamente tal condición, dice la auditoría.
Además aparecen 153 beneficiarios de exoneraciones que también aparecen como fallecidos en el Registro Civil, la mitad de ellos con una fecha previa de defunción.
También se halló 42 importadores que introdujeron bienes al país por por ¢370.936 millones que no aparecen en el RUT, “por lo que desde estas bases es infructuoso cualquier intento por dar 19 seguimiento a posibles obligaciones tributarias que pudieran derivarse de las actividades de estos importadores”.
Otro punto es que 9.282 contribuyentes de impuestos de renta no se encuentran inscritos como contribuyentes del impuesto sobre el Valor Agregado (IVA), como deberían.
Esto ocurre porque la DGT, DGA y DGH llevan cada una su registro de contribuyentes por separado, lo que dificulta la realización de cruces de información. Por eso la necesidad, dice la CGR, de desarrollar “una relación automática e integrar el registro de importadores con el registro de contribuyentes activos y sus actividades económicas o electrónicas”.