Un grupo importante del Movimiento Sindical Costarricense, integrado por el BUSSCO, Undeca, Frenass y la Unión Sindical por la Caja, manifestó su apoyo para la representante de los trabajadores ante la Junta Directiva, Martha Rodríguez González, quien se ha mantenido en una serie de comparecencias en Casa Presidencial para defenderse por el procedimiento administrativo abierto en su contra.
La directiva de la CCSS y dos integrantes más enfrentan un procedimiento disciplinario abierto luego de que aprobaran un aumento salarial a los 63.000 empleados que tiene la institución el año anterior.
En el comunicado emitido, el movimiento sindical reiteró su compromiso por defender el nombramiento de Rodríguez y la rotunda oposición ante lo que consideran un juicio político que ha emprendido el Consejo de Gobierno y la presidencia ejecutiva de la CCSS, en una búsqueda por ensombrecer su dignidad y transparencia “en la admirable labor que ha emprendido como directiva”.
“Este lunes 6 y martes 7 de noviembre, la compañera Rodríguez González está afrontando audiencias ante el Consejo de Gobierno, pero estamos convencidos de que las pruebas y el trabajo legal que se ha llevado adelante demostrarán que la denuncia presentada por la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel, en contra de nuestra representante, no tiene ningún sustento técnico, ni jurídico”, argumentan en el comunicado.
Añaden que, por el contrario, en esta defensa se evidenciará que se ha orquestado toda una serie de acciones de parte del Gobierno para implementar políticas opacas a lo interno del órgano colegiado de la Caja y señalaron que la ni la Caja está quebrada, ni permitirán que continúen impulsando estudios actuariales inconsistentes que lleven a tomar decisiones en una Institución que está para servir al país.
Por su parte, Martha Rodríguez manifestó que no va a renunciar y que confrontará las mentiras de la actual presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, “hasta el final” y que demostrará que todo es absolutamente falso, que la denuncia presentada no tiene ningún sustento técnico ni jurídico y es solo parte de la persecución política que este Gobierno ha mantenido contra varios directores.
