El Movimiento Sindical acordó el pasado sábado 21 de enero mantener a Marta Rodríguez como representante ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El Movimiento no solo reiteró la designación en la Junta Directiva de Martha Rodríguez , quien actualmente es una de las directivas suspendidas por el Consejo de Gobierno, sino que también comprometió su apoyo para la gestión legal que se lleva a cabo en defensa de la Constitución Política, la Ley Constitutiva de la CCSS y la democracia costarricense.
Sobre la permanencia de Rodríguez como representante de los sindicatos en la Junta Directiva, el presidente del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname), Mario Quesada, indicó que «existe una presunción real de inocencia y creemos que los cargos que se le atribuyen a doña Marta no tienen ningún arraigo. Entonces, ¿cómo se va a nombrar otra persona diferente a la que por ley y según reglamento está nombrada?».
Quesada también hizo hincapié en que al no haber quórum estructural, decisiones de gran envergadura no pueden ser tomadas por los directivos actuales, tales como inversiones, compra de medicamentos, nombramientos, entre otros.
«¿Cuánto le puede costar a la salud pública de este país una decisión tan acelerada del señor presidente que no recuerda que existe el principio básico de presunción de inocencia?», cuestionó Quesada
Los directivos Marta Rodríguez (Sindicatos), José Luis Loría (Cooperativas), Maritza Jiménez (Solidarismo), Jorge Arturo Hernández (Empresarios) y Carlos Salazar (Gobierno) fueron suspendidos a finales del año anterior por el Consejo de Gobierno. El representante de los Empresarios incluso renunció a su representación hace unas semanas.
El Poder Ejecutivo alegó que estos cinco representantes de distintos sectores habían incurrido en un aparente incumplimiento de deberes y conflicto de intereses relacionados con temas como la aprobación del reajuste salarial para los empleados de la CCSS, así como por su oposición en cuanto a salario mínimo inembargable, entre otros.
La semana anterior, la Sala Constitucional acogió para estudio un recurso de amparo presentado por el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines (Sinae Afines), en compañía de la Unidad en la Acción Sindical (UAS) contra el presidente Rodrigo Chaves por la suspensión de los directivos.
Para el Sinae Afines y la UAS, la decisión de suspender a los representantes de distintos sectores en la Junta Directiva viola el estado social de derecho y transgrede el orden constitucional. En la acción presentada, indicaron que la Constitución Política le otorga a la CCSS la autonomía de administración y Gobierno; además, el Artículo 2 de la Ley Orgánica de la institución la define como entidad de derecho público, autónoma del Estado, en lo administrativo, funcional, económico y financiero, con personería jurídica y patrimonio propio.
