Organizaciones del movimiento sindical convocan para un paro este próximo lunes 19 de octubre. Existen convocatorias regionales para la Zona Norte, la Zona Sur, Limón y San José. En la capital, se convoca a una concentración en la estatua de León Cortés (La Sabana) y la caravana se movilizará hacia el nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, con una actividad en la plaza de la Democracia.
De acuerdo con el presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), Gilberto Cascante, esta es la última de “un trío de manifestaciones” que empezó el 6 de octubre y se repitió el pasado miércoles 14.
Cascante afirmó que la única organización sindical fuera del paro será la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Entre las consignas de la manifestación se rechaza la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI); se rechaza el proyecto de Ley Marco de Empleo Público que tramita la Asamblea Legislativa porque va “en contra de las convenciones colectivas” y se piden cambios en las mesa de negociación que propuso Gobierno, con intermediación del Estado de La Nación.
Cascante explicó a este semanario que se pidió al Presidente que se amplíen los espacios para el Magisterio Nacional y el bloque sindical.
“Es muy difícil que una sola persona represente a un solo sector”, afirmó Cascante.
Asimismo, solicitan representación de las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa para que participen de forma activa en el diálogo.
“Muchos de los acuerdos que se tienen que tomar, en este momento, para mejorar el país y la política fiscal, que el rico pague como rico, el pobre como pobre, pasa por la Asamblea Legislativa”, dijo Cascante.
Las solicitudes de los sindicatos se entregaron desde el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO) en una carta con seis puntos. Entre ellos, hay una “agenda para enfrentar la crisis” que propone “Renta Básica Universal para trabajadores desempleados, subempleados y en condición de pobreza”; utilizar “al menos un 25% del monto total de nuestras reservas internacionales para financiar programas de ayuda económica temporales a sectores en condición de pobreza y programas de reconstrucción económica”; y crear “un impuesto permanente a las grandes riquezas, fortunas, patrimonios y rentas de capital al 10% más rico del país con el propósito de financiar la lucha contra el COVID-19 y la reconstrucción económica.
