El Movimiento Nacional de Personas con Discapacidad exigió la renuncia de la Ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, pues considera que sus recientes declaraciones sobre la exclusión de estudiantes en condición de discapacidad de las pruebas estandarizadas son “deplorables, deshumanizadas, discriminatorias e ignorantes”.
Además, dicen, evidencian una clara violación y retroceso de los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad que están amparados tanto en tratados internacionales, como en la Constitución Política y las leyes nacionales.
“Una persona que discrimina y que incumple las leyes no debe ni puede estar en un cargo público”, reza el comunicado.
La reacción del movimiento se da a partir de las declaraciones dadas por Müller durante su interpelación en la Asamblea Legislativa ayer 26 de setiembre, cuando ante una pregunta de la frenteamplista Rocío Alfaro, admitió que se excluyó de las pruebas estandarizadas a todo el estudiantado en situación de discapacidad y aseguró que «eso no es discriminación» porque si la prueba se adaptara «no sería estandarizada”.
La diputada preguntó a la jerarca por qué en las evaluaciones mencionadas “se dejó por fuera todos los chicos y chicas que tenían alguna discapacidad” y le comentó que eso era ilegal según la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (Nº 7600).
Müller dijo que se aplicaron a esa población dos tipos de pruebas, una con apoyo «no significativo» que sí hicieron la prueba y otra, para quienes requerían apoyos significativos, preparada por los docentes -es decir, no se les aplicó la estandarizada- y afirmó que eso no era “discriminación, sino todo lo contrario” y agregó que “discriminación era haberlos incluido”.
Alfaro le explicó que si no podían hacer esa prueba, la misma debió adaptarse y la jerarca dijo que no se podía por ser “la prueba precisamente, una prueba estandarizada”.
“Usted está destruyendo a todas las personas que no tengan las mismas capacidades”, sentenció Alfaro cerrando el tema.
Por esa exclusión de estudiantes de las pruebas y contemplando todo lo establecido en convenciones, convenios, leyes y otros documentos, además de la obligación legal del Ministerio de Educación Pública del promover “la formulación de programas que atiendan las necesidades educativas especiales”, que consideran se está incumpliendo, la agrupación pidió su renuncia.
