Ser una mujer joven con 25 años de edad o menos, migrante, desempleada o fuera de la fuerza de trabajo —es decir, sin autonomía económica—, sin pareja, con bajo nivel de estudios, ocupada en tareas domésticas y residente en la provincia de San José.
Este es el perfil de las mujeres que murieron el año pasado como consecuencia de afectaciones obstétricas directas, es decir, debidas al embarazo, el trabajo de parto o durante el puerperio o por causas indirectas, como afecciones del sistema circulatorio que complicaron los anteriores.
Así lo establece el documento “Mortalidad materna y su evolución reciente 2019”, dado a conocer la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a partir información procedente del registro de defunciones recibidas en esa entidad en el transcurso del año y que luego es sometida “a un riguroso proceso de control y verificación mediante una acción conjunta entre el Sistema Nacional de Análisis de Muertes Maternas e Infantiles, del Ministerio de Salud y el INEC”.
Mientras que, en el 2018, la cantidad de muertes maternas por cada diez mil nacimientos –o tasa de mortalidad materna—, fue de 1,61 (con un total de 11 mujeres), en el 2019 la tasa fue de 2,02 (13 mujeres. Ver el cuadro).
La defunción materna es definida como la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días de terminar un embarazo, independientemente de la duración y la localización del embarazo, por cualquier causa vinculada o agravada por el embarazo o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales.
Según las causas de muerte, durante la última década —con la excepción de 2013 y 2016—, en Costa Rica se registra un predominio de las obstétricas directas sobre las indirectas, siendo el Síndrome de HELLP el responsable del 40,0% de las defunciones maternas.
Este síndrome consiste en una complicación multisistémica del embarazo que se caracteriza por hemólisis (desintegración de los eritrocitos), una elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia (disminución de plaquetas en la sangre).
En el 2019, las muertes por causas obstétricas directas (10 en total) representaron el 83,3% de las defunciones de mujeres embarazadas en comparación con 2018, cuando fueron el 54,5%.
Otro factor que tradicionalmente ha incidido en un mayor riesgo de muerte durante el embarazo, parto o puerperio ha sido la edad elevada de esas mujeres, la cual, sumada a ciertas condiciones nutricionales y de estado físico, en general, aumentaron ese riesgo.
Sin embargo, al analizar por grupos de edades la distribución de las 13 muertes maternas ocurridas en 2019, se encontró un comportamiento que se aleja de este patrón, pues las mujeres menores de 25 años, al ser también las que mayor aporte tienen en el total de nacimientos, experimentaron un mayor riesgo de muerte materna.
Este riesgo fue 2,7 veces mayor al que tuvieron las mujeres de 30 a 34 años y 4,0 veces el riesgo que vivieron las mujeres de 35 años y más (ver el gráfico).
“En términos de la razón de mortalidad materna —es decir, de la relación entre las defunciones maternas ocurridas durante un año calendario y los nacimientos ocurridos durante ese mismo periodo, por cada diez mil nacimientos—, las mujeres menores de 24 años experimentaron una defunción más por cada diez mil nacimientos que las mujeres de 30 años y más”, afirmó Olga Araya, coordinadora de la Unidad de Estadísticas Demográficas del INEC.
Por otro lado, el hecho de contar con un trabajo remunerado muestra tener una influencia en el desenlace de los embarazos para las mujeres, pues al analizar las muertes de mujeres embarazadas por condición de actividad, se encontró que 7 de las 13 mujeres fallecidas no contaban con un trabajo remunerado, es decir, estaban fuera de la fuerza de trabajo (53,8 %), mientras que 5 de ellas (38,5 %) sí lo tenían y en un caso se desconoce la condición de actividad (ver el gráfico).
La autonomía económica se entiende como la capacidad de las personas de generar ingresos propios para satisfacer sus necesidades de subsistencia, de modo que, quien no genera ingresos es pobre, aun cuando tenga la posibilidad de acceder a los ingresos de otras personas, lo cual las ubica como económicamente dependientes.
“No solo son dependientes para su sustento presente, también lo son para la atención de salud y suele encontrar obstáculos para la acumulación de derechos a la seguridad social directa”, dice el documento.
Otra variable demográfica que se considera como un factor de riesgo asociado a la mortalidad materna es el estado conyugal.
Según un estudio realizado en Perú –explica el INEC— uno de los factores de mayor riesgo relativo y significancia estadística, fue el hecho de que las mujeres embarazadas fallecidas no tenían pareja. Este hecho tuvo una mayor significancia estadística que otras variables como el alfabetismo, la desnutrición y el sobrepeso, entre otras.
En el caso de las cifras nacionales del 2019, al analizar la razón de mortalidad materna por estado de unión (casada o en unión libre) o no unión (soltera, viuda, separada y divorciada) de las mujeres fallecidas, las no unidas tuvieron una mayor probabilidad de muerte por razones relacionadas con el embarazo, parto y postparto, que las unidas, pues experimentaron aproximadamente dos muertes maternas más por cada diez mil nacimientos, que las mujeres unidas, dice el INEC (ver el gráfico).
Por otra parte, la razón de mortalidad materna por nacionalidad, en el 2019 indica que las mujeres nacidas en otro país experimentaron 3,2 veces mayor riesgo que las costarricenses de fallecer por causa de la maternidad (ver el gráfico).
“La condición de migrante o extranjera puede limitar, en ocasiones, el acceso a una atención de salud oportuna y de calidad, dado que esta condición, en especial cuando es irregular, puede estar asociada a dificultades en el acceso a condiciones de vida digna, acceso oportuno a servicios de salud, a factores de jornadas de trabajo extenuantes, limitados recursos económicos o temor de ser deportadas por su condición irregular, además de la ausencia de redes de apoyo familiar para el cuidado adecuado del posparto y de la persona recién nacida”, dice el INEC.
Estudios han encontrado que la mayoría de mujeres inmigrantes hacen un escaso uso de los servicios sanitarios y de atención prenatal, con consultas más tardías, menos frecuentes y más discontinuas, en comparación con las mujeres locales.
Por ejemplo, una investigación española determinó que “las mujeres inmigrantes acuden para el control de su embarazo en el segundo trimestre de la gestación (semana 18), mientras que las gestantes nacionales lo hicieron en el primer trimestre (semana 11). Por otro lado, el grupo de gestantes inmigrantes acuden al hospital con el parto más avanzado, siendo significativa la mayor incidencia de parto en expulsivo. Las gestantes peor controladas acuden menos veces para una finalización programada y con más frecuencia con parto en expulsivo y extra-hospitalario. Esto determina una mayor morbimortalidad materna y perinatal”.
Finalmente, los datos del 2019 muestran que tres de las siete provincias experimentaron un aumento de la mortalidad materna, siendo San José la que presentó el panorama más desfavorable, pues pasó de aproximadamente una muerte por cada diez mil nacimientos a tres, seguida por Guanacaste, que pasó de cero a aproximadamente dos muertes por cada diez mil nacimientos.
Sin embargo, tres provincias —Heredia, Puntarenas y Alajuela— registraron un descenso en el indicador, pues pasaron de una razón de 3,25 a 1,69; de 2,73 a 1,51; y de 2,61 a 2,15 respectivamente, las tres con aproximadamente una defunción menos por cada diez mil nacimientos.
Por su parte, Cartago mantuvo, por tercer año consecutivo, cero muertes por maternidad.
“Si bien al comparar la situación de 2019 respecto a 2018 se evidencia una mejoría en la mitad de las provincias, lo cierto es que el comportamiento de la razón de muertes maternas varía significativamente entre las provincias de un año a otro. Estas oscilaciones descritas deben ser sujetas de mayor análisis para indagar sobre los elementos que inciden en esta fluctuación y poder actuar en ellos”, añade el INEC.
Según el Observatorio Global de Salud de la Organización Mundial de la Salud, para el 2017, el valor mundial de la mortalidad materna fue de 211 mujeres por cada cien mil nacimientos.
La mortalidad materna constituye uno de los principales problemas de salud pública a los que se enfrentan los países de nuestra región y su reducción es una prioridad en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
