Los jerarcas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes comparecieron este jueves 23 ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa para defender movimientos presupuestarios que financiarían una inyección de ¢12.215 millones de colones para la ampliación de la Ruta 32, tareas operativas del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) por ¢14.385 millones y el diseño e inicio del paso a desnivel de La Galera (en Curridabat) por ¢100 millones, entre otros.
Los movimientos forman parte del proyecto de ley 22.685, el sétimo presupuesto extraordinario para el ejercicio económico del 2021. En el expediente se incluyen rebajos en diversas partidas de los entes que conforman el ministerio, para financiar estas inversiones. “Se trata de movimientos entre partidas y no de recursos nuevos”, explicó el ministro de la cartera, Rodolfo Méndez Mata, durante su audiencia.
Además, solicitaron recursos adicionales para inyectar ¢2.000 millones al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) para que realice labores de fiscalización de la ejecución de obras públicas y ¢6.000 a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), para atender parte de sus gasto corrientes y completar la reestructuración de la empresa.
Para continuar las obras en la Ruta 32, el MOPT solicitó un monto de ¢12.215.948.850 que incluye la gestoría del proyecto, ejecución de la obra y pago de expropiaciones. Además, solicitó ¢100 millones para el diseño y el arranque de las obras del paso a desnivel planificado para construirse a la altura de la Galera, en Curridabat, que según explicó Méndez Mata, sería la única ejecución posible en lo que queda del año.
Por otra parte, los dineros que se invertirían en el Conavi, explicó el ministro, servirían para adquirir equipo de cómputo, la automatización de las estaciones de pesaje, financiar servicios de inversión técnica de los proyectos de conservación y auditorías externas, además de expropiaciones e inyectarle dinero a las obras en el corredor vial San José – San Ramón.
Estos recursos -que se tomarían de superávits institucionales- dijo el jerarca, permitirían completar recursos necesarios que no se autorizaron en el presupuesto ordinario. Según dijo la formulación presupuestaria original para el año fue de ¢191.823 millones a los que se le aplicaron recortes por ¢27.535 millones y de los que además se tuvieron que costear compromisos previos por ¢11.139 millones y ¢10.000 por pago de impuesto de valor agregado.
Así, dijo, el presupuesto real operativo del MOPT fue de ¢111.000 millones que “para atender la red vial no cubre las necesidades básicas, y menos, cuando a los presupuestos del Conavi se le suma la atención de obras nuevas”. En consecuencia, dijo, se presentaron varias solicitudes de presupuestos suplementarios que no fueron aprobadas. Añadió que en este momento ya no es posible ejecutar más dinero.
Además, el ministro dijo que se dieron dificultades para la ejecución de obras pues “antes cuando se comprometía una obra por parte del gobierno se hacían créditos y esos créditos requerían una contrapartida que aportaba el gobierno para que no se usaran esos recursos del fondo vial, pero ahora con las nuevas disposiciones, hay que presupuestar año a año dentro del presupuesto del Conavi”, por lo que dentro de los recursos redirigidos se incluyen montos para pagar la deuda que sostiene la entidad con el BCIE.
Méndez Mata agregó que a causa de las limitaciones fiscales y “por la regla fiscal, esos montos se hacen rígidos y han disminuido el potencial del Mopt y el Conavi para atender la red vial como debe ser atendida”.
El jerarca dijo además, anticipando cuestionamientos por parte de las y los diputados, que en los montos solicitados no hay pagos a ninguna empresa, exceptuando a la que ejecuta las obras de la Ruta 32.
