MOPT goza de un optimismo discreto

La intervención del puente sobre el río Barranca está incluida en el decreto firmado por el presidente Luis Guillermo Solís el pasado 8 de

La intervención del puente sobre el río Barranca está incluida en el decreto firmado por el presidente Luis Guillermo Solís el pasado 8 de mayo. (Foto: Katya Alvarado)

Al cumplirse los primeros 100 días del mandato de Luis Guillermo Solís Rivera, la confianza asoma en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Aunque el ímpetu inicial merma con el paso de los días, la administración se centra en transformar una cartera desprestigiada por los apabullantes comentarios en contra de su labor y que atormentaron la gestión de los anteriores jerarcas.

La primera señala enviada por el nuevo gobierno se dio desde el mismo nombramiento del nuevo ministro, Carlos Segnini, un abogado de 44 años, sin experiencia en obra pública, pero fuerte en materia de contratación administrativa.

Al darse a conocer el nombramiento de Segnini, el presidente Solís argumentó que “para parar ese desmadre no se necesitan ingenieros, sino un abogado”.

El mandatario también priorizó la atención de las alcantarillas y puentes. El mismo 8 de mayo, pocos minutos después de jurar como presidente, firmó un decreto que declaraba de interés público la intervención de 21 obras de infraestructura, convertidas en una deuda del gobierno anterior, que vio cómo colapsaron carreteras debido a la falta de trabajos preventivos, a pesar de las insistentes voces de alerta provenientes de instancias como el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de la Costa Rica.

Roy Barrantes, coordinador de la Unidad de Gestión y Evaluación de la Red Vial y Puentes de Lanamme, considera que ahora los nuevos jerarcas se dejan asesorar (véase nota aparte: “Las nuevas autoridades se están dejando asesorar”).

OBRAS, NO MÁS PALABRAS

El presidente Solís tenía muy claro que una de sus prioridades sería la atención del rezago en infraestructura y detener la inoperancia con que venía funcionando el MOPT.

Asimismo, es del criterio que hay proyectos viales y de infraestructura que no deben descuidarse,  como la construcción de la carretera a San Carlos, la Ruta 32 a Limón y el corredor vial San José-San Ramón, los cuales no pueden esperar a que una nueva administración se encargue de finiquitarlas.

Sin embargo, si bien es cierto son obras urgentes para la nueva administración, primero deben ser resueltas las dudas que provocaron su empantanamiento.

Ya Solís Rivera logró que el mandatario de China, Xi Jinping, aceptara renegociar el préstamo para financiar la ampliación de la carretera hacia el puerto de Limón, al igual que se avanza en el proyecto de ley para el fideicomiso que financiará la vía a San Ramón, incluido en la agenda de sesiones legislativas extraordinarias.

Paul Brenes, proponente del proyecto para modernizar esa ruta, opina que en pocas semanas sintieron los cambios en la administración y no dudó en calificar a los nuevos jerarcas como amigables.

“No es lo mismo entrar ahora a Casa Presidencial; uno antes entraba ahí y sentía que había alguien boicoteando, y sabíamos que estábamos en la cueva de a quienes les echamos a perder el negocio más grande del mundo”, comentó Brenes.

También el Ejecutivo busca la implementación del Programa de Infraestructura de Vial (PIV), financiado con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $450 millones, necesario para el desarrollo de infraestructura vial y puentes.

ÍMPETU COMEDIDO

El mayor reclamo al trabajo del MOPT en los primeros 100 días, es la falta de celeridad en la toma de decisiones. Para Paúl Brenes, el Gobierno es melindroso.

Por su parte, el diputado limonense de la Unidad Socialcristiana, Luis Vásquez, siente que la cartera de infraestructura avanza muy pausada y por eso exhortó a las autoridades de Obras Públicas a tomar decisiones sobre el futuro de proyectos urgentes.

Cabe mencionar que el cierre del Consejo Nacional de Viabilidad (Conavi) es una deuda, ya que en campaña Solís Rivera prometió clausurarlo en su primer día de trabajo. Esa promesa deberá esperar, y por ahora asumió como su director ejecutivo el ingeniero Mauricio Salom.

También hay desconfianza en cámaras empresariales como la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), respecto a propuestas que el Ejecutivo avala.

Tal es el caso de la iniciativa que pretende derogar la Ley General de Concesión de Obra Pública. En este sentido, Ronald Jiménez, presidente de la Uccaep, cree que “en Costa Rica lo que ha fallado es la fiscalización de los proyectos. Es impensable que sea el MOPT o cualquier otra entidad estatal, a sabiendas del creciente desbalance de las finanzas públicas, las que sufraguen los grandes proyectos de obra pública que el país necesita”.

UNIVERSIDAD solicitó una entrevista con el jerarca del MOPT, Carlos Segnini, pero la oficina de prensa de ese ente aseguró que hasta cumplidos los 100 días de la administración Solís Rivera (18 de agosto) atenderían las consultas de los periodistas.

Segnini ya entregó al presidente Solís un diagnóstico del país en materia de infraestructura, que será conocido en la rendición de cuentas del mandatario ante la Asamblea Legislativa la otra semana.


Roy Barrantes, del Lanamme:

“Las nuevas autoridades se están dejando asesorar”

¿Luego del 8 de mayo, se puede decir que el Lanamme le habla al oído al Ejecutivo?

−No, lo que creo es que ellos se han dado cuenta que el modelo existente no ha sido exitoso, no ha logrado el impacto positivo que se esperaba en la red vial, en el desarrollo y competitividad del país. Al darse cuenta de eso, han visto que lo obvio es buscar a lo técnico. Nosotros somos un ente técnico de incidencia política.

¿Pero entonces por qué con la anterior administración no hubo empatía?

−Para nosotros nunca fue claro, porque una visión de desarrollo como la nuestra −que es moderna y fundamentaba en datos− no fue asimilada de forma clara en ninguna oportunidad durante los últimos cuatro años.

La administración Solís Rivera se inició con el decreto de intervención de alcantarillas que fue formulado desde el Lanamme. ¿Por qué se debía dar este primer paso?

−Es que se perdió la práctica de gestión adecuada, que permite de manera preventiva intervenir las infraestructuras, y además hemos dejado de manejar correctamente la secuencia adecuada de un proyecto de infraestructura, por lo que primero hay que decidir cuál es el modelo de desarrollo de Costa Rica, porque la falta de planificación al final nos termina costando por atrasos o indefiniciones.

¿Qué perciben con el cambio de gobierno?

−Una muy buena intención de abordar el tema de infraestructura con bastante seriedad. El decreto de interés de alcantarillas y puentes fue muy significativo, máxime que la información que se utilizó como base proviene de las evaluaciones que venimos realizando durante años. También se han asumido temas complejos, como proyectos inconclusos. Si bien no alcanzará el tiempo −cuatro años es poco tiempo−, es suficiente para dejar las bases y fundamentos que se requieren para que esta visión de desarrollo empiece a marchar en Costa Rica.

¿Pero concretamente cómo se manifiesta ese cambio?

−Las autoridades ahora prestan atención a las entidades importantes, que han hecho los llamados de atención de cómo gestionar el verdadero desarrollo de la red vial. Ellos se están dejando asesorar.


DATOS

4 proyectos de ley incluidos en la agenda de sesiones extraordinarias son de temas de obra pública.

21 obras de infraestructura que requiere de intervención fueron declaradas de interés público.

$450 millones para la implementación del Programa de Infraestructura de Vial (PIV), financiado con un préstamo del BID.


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