El viernes pasado la empresa calificadora de riesgo financiero Moody’s anunció que también examina para bajar su calificación –y así aumentar su nivel de riesgo– a los bancos públicos Nacional (BN), de Costa Rica (BCR), Internacional S. A. (Bicsa), el Proyecto Reventazón del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y Aeris, la empresa administradora del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
Según la explicación de esa empresa, basada en Nueva York, esta acción sigue al anuncio realizado por esta, un día antes, de hacer lo mismo con la deuda soberana de Costa Rica, debido a que “refleja la perspectiva de que los indicadores fiscales y de la deuda del Gobierno seguirán deteriorándose”.
Según esta agencia, “la ausencia de aprobación de una reforma fiscal o la aprobación de una reforma menos comprehensiva podría llevar a una baja calificación múltiple”.
Para el economista José Antonio Cordero, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE), de la UCR, se trata de la aparición de un efecto “en cascada” de eventos que ocurren debido al atraso en realizar una reforma fiscal y que pueden llevar a alzas en las tasas de interés, mayor inflación y mayor devaluación del colón.
“El downgrade (baja en la calificación) en estos elementos específicos es una consecuencia del downgrade de la deuda soberana. Y este último surge de las perspectivas de que continúe el empeoramiento de los indicadores fiscales y de deuda del Gobierno. Y agrega, posteriormente, que la no aprobación de la reforma fiscal podría conducir a otros procesos de baja en la calificación”, dijo el académico.
“Pienso que lo que vemos es el surgimiento, en cascada, de eventos que reflejan las consecuencias de los atrasos en la aprobación de la reforma fiscal. Los rebajos en la calificación pueden causar un encarecimiento importante de las condiciones en las que el país podría obtener crédito en el exterior”, agregó.
Con respecto a la reforma fiscal que se discute en la Asamblea Legislativa, opinó que “no es perfecta, tiene limitaciones y, obviamente, podría ser mejor. Pero es lo que tenemos y representa, de momento, el boleto para tener acceso a condiciones de financiamiento externo más favorables” (ver también: “No es perfecta, pero…”).
“El mercado financiero local no puede proveer todo el financiamiento que requiere el Gobierno sin generar presión sobre las tasas de interés locales. Eso hace necesario recurrir al mercado internacional y por eso es tan importante evitar un mayor deterioro de la calificación de la deuda del Gobierno. Pero, para evitarlo, es necesario aprobar la reforma fiscal, aunque sabemos que no es perfecta”, concluyó.
Por su parte, la economista Roxana Morales, coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA), reaccionó a los comunicados de Moody’s reafirmando la urgencia de que el país realice una reforma fiscal.
“Es urgente para el país empezar a resolver el problema de las finanzas públicas. En el corto plazo, una baja en la calificación de riesgo de la deuda soberana y de otras instituciones del país se traduciría en mayores tasas de interés en el mercado interno, lo que podría afectar el financiamiento del déficit fiscal, la inversión, el consumo, el crecimiento económico y el empleo”, dijo.
Como consecuencia de ello, “las empresas tendrían un mayor costo para financiar la inversión, lo que se traduciría en un menor dinamismo económico y, por tanto, en una menor generación de empleo”, añadió.
Agregó que el impacto para el país no terminaría allí. “El consumo podría verse afectado debido al alto endeudamiento de los ticos: mayores tasas de interés significarían que una mayor parte del ingreso de las personas y familias sea dedicado al pago de sus obligaciones financieras y, por tanto, que un menor presupuesto esté disponible para consumo. Esta situación también redundaría en un menor dinamismo de la economía”, explicó.
“En resumen, el panorama macroeconómico se torna bastante complicado, ya que a la presión que podría ejercer sobre las tasas de interés una baja en la calificación de riesgo se le suman presiones externas, como el aumento de las tasas de interés en el mercado internacional y el aumento en los precios del petróleo”, añadió.
Finalmente, llamó la atención sobre el hecho de que “la depreciación del colón (aumento del tipo de cambio) podría impactar la inflación y, junto con el aumento en las tasas de interés, al sistema financiero”, pues recordó que “cerca del 40% de la cartera de crédito en el país se encuentra denominada en dólares y alrededor del 70% de los deudores en dólares reciben sus ingresos en colones”.
Para Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), la revisión de las calificaciones de riesgo que realizan empresas como Moody’s es un procedimiento usual. Sin embargo, opinó que en el caso de nuestro país se debe a que los mercados ven con incertidumbre la estabilización de lasluis finanzas públicas.
“Estos anuncios son parte de la revisión periódica que realiza esa calificadora de riesgo a la deuda del país”, dijo.
“Lo indicado por Moody’s para los emisores citados es consecuente con la comunicación que efectuara el 18 de octubre sobre la revisión que harán a la calificación de la deuda soberana del país y pone de manifiesto la incertidumbre que los mercados financieros (locales e internacionales) tienen sobre la probabilidad de aprobación del Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que daría solución al problema estructural de las finanzas del Gobierno Central”, añadió.
“No es perfecta, pero…”
Cuatro cosas que se dicen sobre la reforma fiscal no son completamente ciertas.
José Antonio Cordero, director del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la UCR, refuta cuatro afirmaciones que se suelen hacer sobre la reforma fiscal que fue aprobada en primer debate en la Asamblea Legislativa
1.“Es regresiva la reforma como un todo”.
–Este argumento no es del todo correcto. Es regresivo el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de la misma forma que es regresivo el actual impuesto de ventas. La reforma no hace al IVA más regresivo que el actual impuesto de ventas; o sea, la reforma no genera más regresividad. Y recordemos que el IVA siempre es regresivo, por construcción.
2. “Afecta a los más pobres por gravar a la canasta básica”.
–La reforma afecta a toda la población, aunque es cierto que la porción correspondiente al IVA afecta proporcionalmente más a los sectores de menores ingresos. Sí hay un efecto en los más pobres, a pesar de que solo se grava a la canasta básica con un 1% de impuesto IVA.
Pero en esto deben crearse condiciones para compensar a la población más pobre por el efecto que puede ocasionar la reforma. El Gobierno debe generar medios y financiamiento para brindar apoyo a estas familias y asegurar que este financiamiento no será estrujado por la regla fiscal.
No gravar a la canasta básica reduce la regresividad, pero también reduce la recaudación. Y el problema es que el Gobierno necesita urgentemente recursos. Por eso se hace necesario gravar a la canasta básica, aunque se grava solamente con un 1% de impuesto.
3. “No hace suficiente para gravar a los sectores de mayores ingresos”.
–Esto no es totalmente correcto. Se están modificando los tramos del impuesto sobre la renta, con lo que se está afectando a los sectores de mayores ingresos. Es cierto que pueden crearse otros mecanismos para gravar a quienes más tienen, pero eso puede corregirse posteriormente.
Además, debe quedar claro que la creación del IVA permite aumentar la trazabilidad; o sea, el IVA es una herramienta para identificar a los generadores de ingresos. Una vez identificados estos generadores” es posible “caerles” con el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es progresivo. Esto significa que, aunque el IVA es regresivo, su existencia permite mejorar la progresividad por medio de una mejora en la recaudación por impuesto sobre la renta de quienes más tienen.
4. “Parte de la reforma relacionada con empleo público empobrece a los trabajadores”.
–Esto no es correcto. El capítulo de empleo público afecta solamente a los funcionarios públicos, y resulta que estos funcionarios reciben ingresos que, en promedio, superan a los de sus contrapartes en el sector privado. Pero lo más grave de esto es que los esquemas de pago a los empleados públicos no son sostenibles. Estos esquemas conducen a aumentos anuales mayores que la inflación y, con el tiempo, van aumentando el hueco que tienen las finanzas públicas.
