El primer día de modificaciones al plan fiscal abrirá con un texto sustitutivo “consensuado” y una meta recaudatoria del del 1,5% del PIB en el primer año, confirmó este miércoles el presidente de la comisión dictaminadora del proyecto, Welmer Ramos.
El 28 de junio, el Ministerio de Hacienda confirmó que había enviado un nuevo borrador de la reforma a las sietes fracciones legislativas; con el objetivo de solicitar recomendaciones y luego armar un texto que tomara en cuenta las distintas posiciones.
Las declaraciones las dio Ramos justo antes de que iniciara la tercera sesión extraordinaria de este periodo legislativo, en el que Carolina Hidalgo, presidenta legislativa, dio por conocido el último informe de mociones redactado y dejó todo listo para este jueves, el primero de dos días de modificaciones —no consecutivos— que tendrán los nuevos congresistas.
En los corrillos de Cuesta de Moras se espera que el texto sustitutivo se presente desde temprano. Los diputados tendrán apenas nueve horas, entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m., para presentar posibles cambios. En ese lapso podrán revertir aquellas ideas del Gobierno que no les satisfagan.
Entre los principales cambios que se esperan del texto, están las 18 solicitudes que realizó la ministra de Hacienda a los congresistas, como las que se propuso gravar para cooperativas e instaurar un sistema de renta global para el sector financiero.
Sobre este proceso, el oficialista Welmer Ramos, exministro de Economía, señaló que si bien el sustitutivo “es de conocimiento de todas las fracciones, todos los señores diputados tendrán el derecho de presentar las modificaciones que quieran”.
De este nuevo periodo de cambios, Ramos dice que espera solicitudes menores. “Hay diferentes intereses de los señores diputados pero no en transformaciones muy grandes (…) Tenemos una meta recaudatoria que es alcanzar por lo menos un 1,5% del PIB en el primer año con medidas progresivas y, en ese sentido, me parece que existe un acuerdo”, puntualizó.
Dos meses más
En cuanto a lo que le espera al proyecto en los próximos meses, Ramos aseguró que no ve mayores inconvenientes para cumplir los plazos fijados en la Asamblea. La discusión, dice, “podría retrasarse una semana o dos, pero esperaría que a mediados de septiembre el proyecto esté aprobado”.
Sobre el segundo d ía de mociones de fondo, dijo que lo más probable es que se abra “en unos 22 días”; es decir, a inicios de agosto. Esto permitiría dejar un mes para el resto de la discusión, incluidos los tres días hábiles que tendrán para presentar un último informe de mociones de fondo y las seis semanas dispuestas para presentar reiteraciones y la discutir el expediente de manera definitiva.
Actualmente, el proyecto de ley se tramita bajo un procedimiento abreviado que inició desde la legislatura pasada, un trámite que quedó a medias en el cuatrienio pasado pero que la nueva nómina legislativa ha retomado. La aprobación es vital para el Gobierno, que necesita de varios cambios legales incluso para cumplir con algunas de sus propuestas de contención del gasto en materia presupuestaria.
En la conformación del Congreso pasado, la oposición al proyecto se centró en el Movimiento Libertario encabezado por Otto Guevara, quien presentó más de 3.000 mociones para entrabar el trámite del documento. No obstante, también adversó el Frente Amplio, que contaba con ocho diputados y había expuesto diferencias de fondo más puntualmente.
En esta ocasión, la oposición ha sido anunciada con mayor fuerza por el Partido Integración Nacional, cuyo diputado Walter Muñoz es uno de los integrantes de la comisión dictaminadora y se ha colocado la bandera “antiimpuestos” de este Congreso. En el caso del frenteamplista Villalta, ha dicho que mantiene las puertas abiertas para negociar desde las posturas de su partido, reconociendo que existen preocupaciones por “la visión fiscalista” del Ejecutivo.
Otros partidos como Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana han dejado la iniciativa en manos del Gobierno; mientras que la segunda bancada más grande de oposición —Restauración Nacional— ha manifestado diferencias en temas como gravar la canasta básica, los alquileres, la medicina y la educación privadas.
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Para aprobar la iniciativa, el documento final requerirá de 29 votos en el Plenario. Con este proyecto (expediente 20.580), el Gobierno espera paliar la situación financiera del país, cuyo déficit financiero apunta al 7,1% del PIB al finalizar este año, con una deuda que ya supera el 50% de la producción presionando las tasa de interés y las calificaciones de riesgo nacionales.
