En días pasados, volvió a cobrar vigencia en los medios de comunicación la situación que viven las familias campesinas que ocupan las tierras en finca Chánguina y Cuadrante 3 en la zona Sur, tras la violenta acción policial para desalojar el puente sobre el río Térraba, aunque el paso no estaba bloqueado.
Sin embargo, la realidad del conflicto que viven esas familias ante el desalojo solicitado por el empresario Óscar Echeverría -quien debe más de ¢4.000 millones al Estado- no es una excepción sino la norma de la realidad agraria costarricense.
Si bien la desigualdad en la tenencia de la tierra es histórica, desde los años 70 se observa un recrudecimiento de la violencia causada por esta desigualdad, la cual ha cobrado ya muchas vidas.
El politólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) José Julián Llaguno ha escrito varios libros y trabajos sobre el tema y ante la pregunta de si el conflicto de Chánguina constituye un capítulo de una historia conocida, contestó que “totalmente”, pues “en la zona Sur y en la mayor parte del país es bastante conocido este historial de compañías bananeras, empleados despedidos y toma de tierras; es un ciclo que se da casi que en automático”.
Añadió que Costa Rica tiene decenas de tratados de libre comercio firmados y casi todos tienen implicaciones agrícolas. “El país ya está amarrado a un modelo de exportación vinculada a monocultivos y a la producción industrializada, como piña, palma y demás”, detalló y agregó que esos tratados imponen normativas sobre la producción que “excluyen a la gran mayoría de los pequeños y medianos productores”.
ORGANIZARSE
Renier Canales es presidente de la Cooperativa Autogestionaria de Trabajadores Agrícolas de las fincas Dos y Cuatro (Cootraosa), una de las organizaciones que ha participado en la lucha de los campesinos de Chánguina.
El dirigente campesino recordó que en los años 70 “mediante la lucha campesina de ocupación de tierras ociosas se crearon los dos asentamientos campesinos más grandes de América Latina”.
Canales subrayó que “hay que preguntarles a los diferentes gobiernos por qué a los campesinos les es tan difícil acceder a la tierra”.
Apuntó que ni el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) ni sus instituciones antecesoras -el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) y el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)- han sido capaces de definir una política clara en cuanto a la tenencia de la tierra.
“Dicen que no hay presupuesto, o que la frontera agrícola se agotó o que las tierras son muy caras, no hay legislación que ponga fin al acaparamiento, mientras este país tiene problemas de producción y empleo. La presión es tan grande que la gente tiene que organizarse y buscar una salida”, enfatizó.
Por otra parte, Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecón) explicó que se han dado tres tipos de conflicto agrario.
En primer lugar, el latifundio en Guanacaste, sobre todo de ganadería extensiva que “no dejó espacio para pequeños productores”. El segundo tipo es lo que se dio en la zona Norte y el Caribe con monocultivos y actividades intensivas como el banano y más recientemente la piña. En este caso los conflictos agrarios “se vieron ligados a reivindicaciones de los obreros agrícolas que llegaron a organizarse”.
El tercer tipo es el de la zona Sur, donde los conflictos suelen presentar diferentes características, como el establecimiento en áreas protegidas, como en la península de Osa, de industrias extractivas. Álvarez citó como ejemplo el caso de la empresa Osa Forestal, que en los años 70 recibió la primera concesión para talar. “Los campesinos dicen que se veía todo el golfo Dulce lleno de madera”.
Añadió un cuarto tipo de conflictos ligados a comunidades indígenas, en los cuales el ambientalismo se combina con la lucha agraria ante la explotación por parte de no indígenas, “como vemos ahora los casos de Salitre y Cabagra”.
MUCHA SANGRE, POCA TIERRA
Un recuento del costo en vidas que ha saldado la conflictividad agrícola en Costa Rica en la historia reciente puede empezar con el caso de Gil Tablada, un talabartero y zapatero de La Cruz, Guanacaste, asesinado el 18 de noviembre de 1970.
Tablada apoyó y defendió a campesinos que habían tomado tierras costeras abandonadas en un latifundio estatal, pero reclamado por el terrateniente Luis Morice, según un artículo escrito en el 2010 por el hoy exdiputado Rónal Vargas, disponible en el sitio amerindiaenlared.org
De nuevo en la zona de La Cruz, en 1981 la Guardia Rural intervino de manera violenta y fatal para desalojar a un grupo de campesinos que ocupaban tierras ociosas en la localidad de Paso Bolaños. La policía “le disparó” a Pedro Lara, según el libro La Lógica del Latifundio, de Marc Edelman.
Otro caso es recordado por el investigador Llaguno en su trabajo Territorio en disputa: Lucha por la tierra en el valle de Sixaola (1960-1990). Apunta que en esa localidad en 1982 se dio “una de las huelgas más violentas del lugar, que termina con varios muertos y desempleados”.
Se trató de un movimiento que unió a trabajadores de la compañía bananera y recuperadores de tierra.
En 1984 un muy violento desalojo ejecutado por la policía en Coto Brus cobró la vida del campesino Antonio Prendas. Este caso es recordado en la antología Fundamentos de Sociología Rural, editada por Luis Ovares.
Se trató de una toma de tierras en la finca Las Alturas de Cotón. Ese texto apunta que “la Guardia de Asistencia Rural, operando bajo formas de desalojo estrictamente represivas, motivó brotes de violencia que indignaron a la opinión pública”.
Añade que esa intervención policial dejó un “gran número de detenidos, un número considerable de heridos y la lamentable muerte de don Antonio Prendas Quesada”.
En Pavones de Golfito un agrio conflicto por unas mil hectáreas de terreno ocioso cobró la vida del campesino Álvaro Aguilar y del estadounidense Mark Dalton, en noviembre de 1997 tras un enfrentamiento a tiros.
En ese caso, la tierra había quedado ociosa luego de que su dueño, otro estadounidense de apellido Fowlie fuera condenado por narcotráfico en 1987. Las disputas se dieron entre los campesinos que ocuparon la tierra y varias personas norteamericanas que la reclamaban como suya.
Ya en el siglo XXI, el campesino y trabajador bananero Carlos Fletes murió en julio del año 2000, “a manos de un policía antidisturbios”, según informó el diario La Nación. Fletes participaba de un movimiento huelguístico que mantenía un bloqueo, provocado por el olvido en el que el gobierno por entonces de Miguel Ángel Rodríguez tenía a la zona. Los manifestantes exigían mejores caminos, agua potable y mejores condiciones para el comercio con Panamá.
Según un documento publicado por entonces por el foro Emaús, a las 4 a.m. la policía utilizó una ambulancia con todas las luces de emergencia encendidas para penetrar el bloqueo y abrió fuego contra un carro en el que se encontraba Fletes.
En el 2001 se dio la muerte del campesino Rándall Muñoz, tras un desalojo ejecutado en Bambuzal de Sarapiquí. En este caso los campesinos habían ocupado tierras que se suponen están fuera de una finca que a finales de los años 60 el ITCO otorgó a la UFCO.
Ese conflicto se ha mantenido a lo largo de los años y por ejemplo fue notoria la toma de la catedral metropolitana por 112 personas en el 2004.
En julio del 2013 de nuevo en Bambuzal el conflicto cobró la vida de otro campesino, Gerardo Moya, “durante un enfrentamiento entre precaristas y policías”, según lo consignó La Nación pocos días después.
Si bien no todos los conflictos terminan con pérdida de vidas, ello no significa que no se den serios niveles de violencia.
Un caso reciente y notorio es el de Medio Queso, en los Chiles. Desde abril del 2011 unas 170 familias campesinas ocuparon unos terrenos propiedad de una empresa llamada Naranjales Holandeses, la cual arrendaba el terreno a Élmer Varela.
Este conflicto cobró notoriedad paulatinamente según aumentaba la gravedad de los enfrentamientos entre los campesinos y la seguridad privada contratada por ese empresario.
Particularmente, en la madrugada del 23 de noviembre del 2012 trascendió una grabación, en la que en apariencia un funcionario local de la Fuerza Pública de Los Chiles recomendaba a los elementos de la seguridad privada disparar a la cabeza de los campesinos.
También en el 2011, pero en enero, la Fuerza Pública desalojó violentamente a 33 familias de un terreno de 46 hectáreas en la Rita de Pococí. UNIVERSIDAD reportó el hecho y denunció que aun cuando el desalojo ni siquiera había concluido, se realizó la donación de 32 hectáreas al mismo Ministerio de Seguridad Pública, con el fin de instalar en el sitio la Academia Nacional de Policía.
Esas familias habían ocupado la tierra durante 10 años, la trabajaban y cultivaban, incluso habían construido casas y habían creado la Asociación de Productores Caribeños.
DRAMA INDÍGENA
Los conflictos por la tenencia de la tierra también han crecido en los territorios indígenas. En abril y julio del 2011 se dieron tensas situaciones en el territorio indígena de Keköldi, Talamanca, luego de que un ciudadano italiano se adjudicó en un remate una finca abarcada por una ampliación de ese territorio indígena decretada en marzo del 2001.
Poco después, la comunidad ganó un proceso ante el Tribunal Contencioso Administrativo por la reivindicación de las 6.000 hectáreas que conforman su territorio.
Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas, es otro ejemplo. Allí las recuperaciones de tierra llevadas a cabo por un sector de la población indígena han culminado en enfrentamientos violentos que incluso en enero del 2013 llegaron al punto en que un indígena fue marcado con un hierro ardiente.
Esos conflictos se mantienen y el año pasado se dieron varios incidentes de violencia y quema de ranchos.
Recientemente, tras un acto de recuperación de tierras en el territorio indígena de Cabagra, personas aún desconocidas dieron fuego al U Sure, o casa cósmica de la cultura bribri parecida en sus funciones a un templo.
El dirigente campesino Canales enfatizó al respecto que la violencia “no la generan los campesinos o recuperadores de tierra, la genera el propio Estado ante su ineficacia al no tener rumbo claro en el sector agropecuario y particularmente en cuanto a la tenencia de la tierra”.
Centroamérica llora y protesta por el asesinato de Berta Cáceres
Líder indígena ambientalista hondureña fue asesinada y se teme por la vida del único testigo presencial.
Berta Cáceres enfocó su activismo en los derechos humanos, defensa del medio ambiente y reivindicaciones de género. Su lucha también desenmascaró los tentáculos de poder que desplazan a poblaciones campesinas o indígenas para favorecer al empresariado de fuerte capital nacional o extranjero.
Berta Cáceres se levantó el jueves 3 de marzo en la madrugada, cuando personas aún no identificadas forzaron la entrada a su casa.
Berta Cáceres, los confrontó. Gritó “¿quién anda ahí?”, según el testimonio del ecologista mexicano Gustavo Castro, recogido por el diario hondureño La Prensa. Contra Castro también dispararon, con la buena suerte de que lo dieron por muerto cuando sus heridas, según ha trascendido, fueron superficiales.
“YA NO HAY TIEMPO”
Desde la coordinación del Consejo Cívico de Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), la mujer indígena lenca lideró exitosamente la lucha contra un megaproyecto de la empresa estatal china Sinohydro y la local Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), que buscaban construir una represa hidroeléctrica que constituía una seria amenaza al medio ambiente e implicaba el desplazamiento de comunidades indígenas.
Esa lucha le valió a Cáceres el Premio Medioambiental Goldman, pues, según el sitio oficial, “en un país con crecientes desigualdad económica y violaciones a los derechos humanos, Berta Cáceres unió al pueblo indígena hondureño lenca y llevó a cabo una campaña de bases que exitosamente presionó al mayor constructor de represas del mundo para abandonar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca”.
En su discurso de aceptación, Cáceres expresó: “¡Despertemos! ¡Despertemos, Humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de solo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”.
Cáceres destacó como activista al oponerse desde el 2008 al golpe de Estado con el cual el ejército hondureño y las élites locales tomaron el poder.
La mujer indígena vivió bajo constantes amenazas y desde el 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dictado medidas de protección que en su favor debía tomar el Estado hondureño, lo cual no evitó que en mayo del 2013 fuera detenida en un operativo militar en la localidad de Santa Bárbara.
Tras su muerte el gobierno de Honduras emitió un comunicado -reproducido por el diario La Tribuna– en el que calificó el hecho como un “abominable crimen” y en el que responsabilizó a la propia Cáceres por haber solicitado que se le quitara la vigilancia permanente, además “supuestamente ella era propietaria de la residencia en la residencial El Líbano, donde ella murió, la cual no estaba registrada en nuestro datos, como parte de su domicilio”.
“FEMICIDIO POLÍTICO”
El crimen de Berta Cáceres ha sido calificado sin tapujos como un “asesinato político” por diversas organizaciones internacionales.
La Red Feminista Centroamericana contra la Violencia hacia las Mujeres a través de su sitio web calificó el crimen como un “femicidio político” y destacó “nuestra inmensa indignación y absoluto repudio hacia el Estado Hondureño, que es complaciente con los intereses voraces y depredadores de las grandes corporaciones internacionales”.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) condenó “enérgicamente” el asesinato y exigió una “investigación diligente e inmediata”.
A través de un comunicado esta organización además fustigó a las autoridades del gobierno hondureño: “Cejil deja constancia de la deficiente e insuficiente protección que se le brindó a Berta, tal y como se ha podido comprobar con el desenlace de estos acontecimientos”.
El mismo día del asesinato, en Costa Rica se organizó una manifestación de repudio del asesinato. En esa actividad Sandra Ribas, de la Red contra la Violencia hacia la Mujer, expresó a UNIVERSIDAD que Cáceres “levantó la voz de muchas mujeres que son asesinadas”.
Al cierre de edición la policía hondureña ha detenido a un sospechoso, Aureliano Molina, miembro del Copinh. Al respecto, esa organización difundió un comunicado en el que denuncia “enfáticamente” que el Estado hondureño “está manipulando la investigación del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres Flores con el fin de criminalizar al Copinh y limpiar su imagen a nivel nacional e internacional”.
Ese texto añade que la intención del Estado es “ocultar la realidad del asesinato político de Berta Cáceres Flores diciendo que era un crimen pasional o un crimen personal”.
