Con cientos de mociones, la legisladora liberacionista Carolina Delgado, bloquea el archivo del expediente 23.208 “Ley para restituir la declaratoria de procedimiento especial en la lucha contra la delincuencia organizada”, que podría traerse abajo los casos Diamante y Cochinilla, entre otros.
Así se evidenció el pasado jueves 16 de marzo luego de que el diputado frenteamplista Ariel Robles preguntara cuántas mociones se habían interpuesto y de parte de cuáles legisladores, a los proyectos que discute la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
Uno de esos proyectos es justamente el 23.208 – presentado por la misma Delgado – que en palabras de la legisladora, pretende corregir un “error” en la legislación que creó la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada en Costa Rica.
Cabe detallar que cuando se aprobó la creación de dicha jurisdicción, quedó sin efecto el artículo 2 de la Ley 8.754 Ley Contra la Delincuencia Organizada, que establece procedimientos especiales para investigar esos casos.
Sin embargo, por ejemplo en los casos Diamante y Cochinilla se utilizaron procedimientos especiales y dicha actuación ha sido validada por el Poder Judicial, de modo que la aprobación de este proyecto podría traerse abajo las mencionadas investigaciones.
El ambiente en la comisión es de rechazo al proyecto, pero ahora, el debate de las mociones atrasa la posibilidad de su archivo.
Robles pidió el detalle de las mociones interpuestas a diversos proyectos el miércoles 16, que según explicó la presidenta de la comisión, Gloria Navas, es el siguiente:
- Expediente 22.866, para la ampliación de penas por delitos de corrupción: 72 mociones.
- Expediente 22869, que permite la suspensión de salarios de funcionarios públicos que cometan delitos de corrupción: 20 mociones
- Expediente 22.837, para reformar a la ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo: 13 mociones.
- Expediente 23.208, para restituir la declaratoria de procedimiento especial en la lucha contra la delincuencia organizada: 70 mociones
- Expediente 23.090, que reforma la ley contra la delincuencia organizada, ley de creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en costa rica y ley de fortalecimiento a la jurisdicción especializada: 168 mociones.
Todas esas mociones, dijo la presidenta, corresponden a los legisladores Carolina Delgado y Danny Vargas.
Al conocer la cantidad de mociones interpuestas por (decenas de ellas incluso interpuestas durante una incapacidad de Delgado -por lo que no se ha determinado su admisibilidad) Robles recordó que “casualmente” Danny Vargas trabajó para la Municipalidad de San José, bajo Johnny Araya, uno de los acusados del caso Diamante.
Seguidamente, cuestionó si este accionar era un “acuerdo de partido” de los liberacionistas y recalcó que ese proyecto “pondría seriamente en peligro muchos casos”.
Inmediatamente los verdiblancos Dinorah Barquero y Gilbert Jiménez -integrantes de la comisión, a diferencia de Vargas y Delgado- rechazaron que se tratara de un acuerdo de partido.
Otros legisladores como el oficialista Alexander Barrantes y el liberal Gilberto Campos, se sumaron a expresar su preocupación por el bloqueo del rechazo del proyecto, así como por la presentación de mociones durante un período de incapacidad.
Ese segundo tema consumió la mayor parte de la sesión pues se realizaron consultas a servicios técnicos. Finalmente, se acordó que en la próxima sesión, que tendrá lugar lunes después del plenario, la discusión de dicho proyecto será el primer punto de agenda. Se opuso a esto solamente Jorge Antonio Rojas, diputado de gobierno.
