El 52% de los funcionarios de la Defensoría de los Habitantes pidió a los diputados abrir una comisión investigadora contra la jerarca de esa institución, Catalina Crespo, después de su decisión del lunes de disolver un órgano interno que fungía como contrapeso interno.
“Deja un sinsabor de arbitrariedad y de autocracia, al tiempo que, inevitablemente, plantea serias dudas desde la perspectiva del control interno. No en vano, en la pasada defensa del Informe Anual ante la Asamblea Legislativa, varias señoras y señores diputados de distintas fracciones manifestaron su preocupación en torno a la gestión de la Defensora”, justifica el documento dirigido al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, y firmado por 82 funcionarios de distintos perfiles de la institución donde trabajan 157 personas.
Se refieren a la disolución del Consejo de Directores, una instancia interna formada por jefes de departamentos internos que, en su mayoría, pidieron en junio la renuncia de la Defensora por su manejo del caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), entre otros motivos.
Esa reforma al reglamento interno de la Defensoría, publicada el lunes en el diario oficial La Gaceta, representa “la supresión técnica de un órgano establecido desde los mismos inicios de la Defensoría de los Habitantes, hace casi 30 años”.
La Defensora ha dicho que su única intención es modernizar la entidad y adoptar una organización interna similar a la de la Contraloría General de la República, argumento que refutan los firmantes de la carta al aducir que ambas entidades tienen diferente naturaleza jurídica.
Por eso insisten en que la decisión de Crespo “representa una severa contradicción con la esencia misma de la defensa de los Derechos Humanos y sus principios rectores: atenta contra la integralidad e indivisibilidad de los Derechos Humanos, al promover el análisis atomizado de su defensa, según el arbitrio del o la jerarca; atenta contra el principio de participación y representación, pues la presencia de todos y cada uno de los miembros del antiguo Consejo de Directores, representaba la voz técnica de las personas que conforman los equipos de trabajo de la Defensoría; atenta contra el principio de rendición de cuentas, porque en el seno de ese Consejo, todos y cada uno de las y los directores tenían la oportunidad de compartir con el o la jerarca y sus colegas, el trabajo y logros de los equipos”.
Ese Consejo de Directores ya no podrá deliberar por su cuenta, sino que será un órgano asesor de la Defensora con la integración que ella decida, lo que refuerza las críticas al estilo de Crespo y aumenta el conflicto interno institucional que amenaza la credibilidad de la Defensoría, según varios jerarcas y diputados.
