El Ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) quedará exclusivamente facultado para contratar empresas constructoras para la conservación vial. Esta potestad antes era ejercida por el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) como institución desconcentrada.
De acuerdo con el proyecto de Ley de Fortalecimiento de competencias y rendición de cuentas del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (23.114), la responsabilidad quedará únicamente en manos del jerarca del MOPT. El expediente fue presentado la tarde del 16 de mayo, por la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz; el ministro del MOPT Luis Amador; y la ministra de Planificación, Laura Fernández.
“Para facilitar y volver más eficiente la función de conservar la red vial nacional, el Ministro de Obras Públicas y Transportes está expresamente facultado para contratar este tipo de trabajos por períodos hasta de cinco años. En este caso, comprometerá los recursos financieros de cada período presupuestario en forma prioritaria. El Ministerio de Hacienda, antes de aprobarlo, velará porque se reserven los recursos financieros en cada período presupuestal”, dice el nuevo artículo 6 de la Ley N° 7798, que actualmente crea el CONAVI.
El artículo original faculta al CONAVI para los contratos, y le da la responsabilidad a la Contraloría General (en lugar de Hacienda) de aprobar el presupuesto para este tema. La contratación vial es uno de los temas más cuestionados en la investigación penal de “Cochinilla”, contra las constructoras Meco y H Solís.
Meco y H. Solís acapararon el pastel de la conservación vial en la última década
Según los informes del Lanamme-UCR, en la última década en los contratos de conservación se ha detectado el uso ineficiente de ₡37.613 millones que se invirtieron en carreteras que quedaron peor de lo que estaban.
El plan eliminaría al CONAVI para sustituirse con la Dirección Nacional de Vialidad, que no cuenta con un director sino con la jerarquía del ministro del MOPT.
En el caso del Consejo de Concesiones, Gobierno pretende eliminar el órgano en favor de una “Jefatura Nacional de Concesiones” en un nivel de supervisión. No obstante, el ministro del MOPT tendría la potestad de “Aprobar o modificar el cartel de licitación de las concesiones” y “Adjudicar la concesión”.
En el caso del Consejo de Transporte Público, el proyecto de ley traslada las potestades del órgano hacia el MOPT como institución. En el texto, se crea el perfil de del Director General de Transporte Público, no obstante no se enumeran sus obligaciones.
Por último, al eliminar el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), el Gobierno crea la figura del Director General de Ingeniería de Tránsito, un director ejecutivo que ganará un salario gerencial.
“El sueldo del director ejecutivo se equiparará de acuerdo con el salario de los gerentes, aprobado por la Autoridad Presupuestaria para ese tipo de cargos. La diferencia de sueldo por el recargo de funciones se pagará con el ahorro de sueldos de las plazas vacantes del Programa MOPT”, afirma el proyecto.
El ministro del MOPT queda facultado para tener la “posibilidad” de conformar consejos consultivos y ad honorem para suplir la ausencia del órgano colegiado. No obstante, estos órganos solo serán integrados si el ministro los considera oportunos.
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