Las medidas del plan fiscal (expediente 20.580) relacionadas con el empleo público no afectarán los salarios actuales del sector, dijo la mañana de este miércoles el ministro de Trabajo, Steven Núñez, quien compareció ante los diputados de la comisión que tramita el proyecto.
En esa línea, recordó la existencia de un transitorio en el proyecto que así lo contempla, a través del que quedan protegidos los contratos actuales, al menos hasta la aprobación de una ley que regule el empleo público en general.
“El expediente 20.580 con la redacción actual no tiene afectación sobre los funcionarios públicos ni menoscaba sus derechos laborales o reduce los salarios que están recibiendo el día de hoy”, señaló el jerarca de Trabajo, quien eso sí recordó que el Ministerio de Planificación —rector en la materia— ya trabaja en un proyecto de empleo público.
Esa iniciativa, afirmó, estaría lista para junio de 2019, y establecería medidas en materia de topes y salarios únicos.
Sobre las propuestas actuales en el proyecto fiscal, señaló que se abocarán a contener el crecimiento de las remuneraciones y la forma en que se pagan los incentivos. Para ello, intentarán aplicar estrategias como ligar el pago de las anualidades a un método de evaluación, mismo que estaría relacionado con el cumplimiento de las metas institucionales.
También habló sobre el establecimiento de las anualidades como un monto nominal y no porcentual, una solicitud que ya adelantó la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, y que reiteraría a los diputados en su audiencia de este jueves.
Los diputados integrantes de la comisión ya expresaron su anuencia para trabajar en esa línea, un esfuerzo que significaría un rendimiento de ¢96.000 millones en cuatro años, según las estimaciones de Hacienda.
La anualidad, a diferencia del salario en sí mismo, no es contemplado legalmente como un derecho adquirido sino como una expectativa de derecho, por lo que implantar un sistema de evaluación —obligación que correspondería a la Dirección General del Servicio Civil— implicaría un impacto en los montos que actualmente se giran.
En el proyecto, dijo Núñez, también buscarán eliminar el ‘plus’ por confidencialidad del 25% a los empleados de Presidencia, en vista de que la ley ya estipula ese rubro como esa obligación sin la necesidad de extender remuneraciones para ello.
Otras medidas
Ante estas declaraciones, la diputada liberacionista Yorleny León aseguró sentirse proecupada pues “los números no cerrarían” en comparación con las cifras proyectadas por la ministra de Hacienda en materia de contención del gasto, algo que Núñez rebatió diciendo que las medidas incluidas en el plan fiscal son apenas una pequeña parte del conjunto que anunció Aguilar a finales de mayo en el Congreso.
Entre esas medidas, muchas de ellas administrativas, recordó el congelamiento de un 75% de las plazas vacantes, un rubro que fue cuestionado por los diputados en cuanto a su impacto en materia de empleo. Para el ministro, la respuesta deberá estar en “reactivar la economía”.
Sobre los esfuerzos de Hacienda, Núñez también recordó la reducción a la mitad de los porcentajes por dedicación exclusiva y prohibición, algo que se aplicaría a nuevos contratos firmada ya una directriz del Gobierno.
En cuanto al empleo público, reiteró la posición de presentar un proyecto hasta junio de 2019, una idea que respaldó en la necesidad de llegar al texto “más consensuado posible”, primero conversando con los sectores involucrados, antes de entrar en discusiones políticas.
“Hay un compromiso del Gobierno de realizar un proyecto de Ley de Empleo Público; según el cronograma, lo entregamos en junio del próximo año. La ministra de Planificación se encuentra elaborando ese texto que servirá de insumo para conversar con los sectores y luego será entregarlo en esta Asamblea Legislativa”, aseguró.
Posiciones adelantadas
A pesar de que no serán incluidos en el proyecto fiscal que se tramita en corriente legislativa, el ministro de Trabajo adelantó algunas posiciones en materia de empleo público en los próximos meses.
Entre ellas, resaltó la disposición ya escrita en una directriz de denunciar todas las convenciones colectivas prontas a vencerse y establecer acuerdos a la baja, con medidas como topes a las cesantías y en los salarios.
“La posición del Gobierno en el tema de la cesantía es que cuando se negocien las convenciones se establezcan según lo determina el Código de Trabajo, es decir ocho años”, confirmó. Así mismo, recordó que ya la Sala Constitucional fijó un tope para el pago de 12 años.
Otra medida que buscarán implementar será un límite de ¢2, 670.000 para el pago de dietas en Juntas Directivas, así como de ¢5.340.000 para los empleados en general, un punto que podría incluirse en el plan fiscal.
La comisión que analiza ese texto ahora se preparará para recibir a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, la mañana de este jueves, encuentro del que esperan las medidas y las mociones concretas con las que el Gobierno intentará dejar su marca en el texto que empezó a tramitar el Gobierno pasado desde 2017.
El objetivo será dejar los más depurado posible el texto de ley con el que el Ejecutivo buscará frenar el crecimiento del déficit, que apunta al 7,1% del PIB al finalizar este año y alimenta la deuda pública que ya supera el 50% de la producción.
