El Ministro de Seguridad Mario Zamora y el fiscal auxiliar Elías Carranza coincidieron en solicitar que en caso de que se apruebe la reforma constitucional para autorizar la extradición de ciudadanos nacionales, se amplíe la cantidad de delitos por los cuales se podría aplicar esa figura.
Durante la audiencia de la comisión que estudia el expediente 23.701, con el que la diputada oficialista Pilar Cisneros propuso autorizar la extradición de costarricenses en casos por narcotráfico y terrorismo, tanto Zamora como Carranza recomendaron incluir los delitos de tráfico de armas y de personas, así como homicidios y femicidios en la lista.
Incluso, Zamora aseguró que ya tienen información en el sentido de que hay 30 casos de personas procedentes de Colombia y Venezuela que tienen procesos pendientes en Estados Unidos, pero optaron por la nacionalidad costarricense para evitar ser extraditados.
«Si no damos este paso (la reforma constitucional), nos convertiremos en el lugar, a nivel regional, donde las mafias de la zona pueden venir a guarecerse, utilizando nuestra nacionalidad como escudo para evitar que se les aplique la justicia internacional», expresó Zamora ante los diputados de la comisión.
Esto por cuanto países como Colombia, México, Guatemala, El Salvador y Honduras ya adoptaron en sus sistemas legales reformas para utilizar la extradición de personas como un mecanismo para combatir la criminalidad internacional.
Por su parte, Carranza, fiscal auxiliar de la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI), adscrita al Ministerio Público, declaró que la reforma podría convertirse en un instrumento para reducir la impunidad. Informó que según una consulta a a Interpol (policía internacional), Costa Rica ha generado alertas sobre 172 personas requeridas con orden de captura, pero estos trámites pueden dificultarse si no existe reciprocidad, ya que las autoridades de otros países suelen exigirlo.
A su vez, Carranza indicó que en Interpol hay 84 costarricenses con notificación roja, requeridos por otros países, pero según el fiscal, podrían ser más, porque hay países que no realizan los trámites por la prohibición constitucional de la extradición de nacionales.
Durante las audiencias, la diputada Priscila Vindas, del Frente Amplio, consultó a Zamora si dados los casos que citó de uso de naturalizaciones como escudo, no resultaba más oportuna una reforma a la ley de nacionalización que una reforma constitucional, que algunos juristas como Rubén Hernández consideran improcedente.
Zamora indicó que se debería avanzar en las dos vías, con la reforma constitucional y con reformas a la ley de naturalizaciones. Indicó que el problema no se limita a extranjeros que buscan la naturalización como escudo sino a una situación de globalización de la delincuencia que no se presentaba en la época de la definición de la actual Constitución Política, por lo que se debería modernizar.
El ministro también insistió en que los constituyentes si dejaron espacio para las reformas en el tema de la extradición, en el cual solo se deberían excluir los delitos políticos, dejando la posibilidad de abrirlo para los demás casos, en los cuales solicitó ampliar la reforma.
