El ministro de Seguridad, Michael Soto, lamentó los cambios realizados esta mañana por los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico a los expedientes 20.508 y 20.509, planteados originalmente para mejorar los controles vigentes de la Ley de Armas y Explosivos.
“Debe ser un error”, aseguró el ministro en una conferencia de prensa que convocaron los diputados oficialistas y las figuras de gobierno solo dos horas después de finalizada la sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso.
El jererca lamentó especialmente el rechazo de los diputados de ese foro a una moción que pretendía reducir el número de armas permitidas por persona (de tres a una); así como la eliminación de dos controles que el Gobierno había consensuado con los congresistas, semanas atrás, para regular la tenencia de armas de personas con antecedentes policiales y para prohibir la utilización de dispositivos semiautomáticos.
Lea también:
- Diputados del PLN, PRSC y PIN evitan reducir a uno el número de armas por persona
- ¿Por qué el Gobierno quiere menos armas y qué argumenta la oposición?
En cuanto al mantenimiento del número de armas registrables por persona, Soto señaló que la postura del Ministerio “se mantiene”, pues un solo dispositivo es más que suficiente para cada persona y permitiría reducir la cantidad de armas que pasan a manos del mercado negro por robos o por extravíos.
“Aunque me han dilapidado en redes sociales, aquí mismo en la Asamblea, en las calles y demás, nuestra posición es que debe ser un arma por persona. No estamos desarmando a la ciudadanía, estamos diciendo que le respetamos a el derecho a los que ya tienen más armas, pero que planteamos esto para el futuro”, subrayó.
Además, recordó algunas cifras como el 37% de armas utilizadas en crímenes que se han confirmado como legales en muestreos recientes, un porcentaje que —según dijo— además dejó por fuera a los dispositivos con registros tachados que también podrían sumarse como legales.
Al ministro le acompañaron en la conferencia de prensa el viceministro de Seguridad, Eduardo Solano; así como los cuatro diputados que se opusieron a la mayoría en la Comisión de Seguridad: los oficialistas Carolina Hidalgo y Enrique Sánchez, y los independientes Harllan Hoepelman y Marulin Azofeifa.
También se acercó la diputada Ivonne Acuña, quien ha defendido la reducción en el número de armas y esta mañana criticó fuertemente el lobby que ha permeado a la Asamblea Legislativa, en esta y otras materias.
Debilitamientos importantes
El ministro Soto no solo lamentó que no se redujera el tope para la tenencia de armas, también apuntó a dos modificaciones calificó como errores de bulto.
En concreto, lamentó que se retirara la prohibición de portar armas para personas con “antecedentes policiales”, así como la de utilizar algunos tipos de armas semiautomáticas de calibres menores.
En cuanto a los “antecedentes policiales”, los diputados alegaron que ese concepto no existe jurídicamente, un tecnicismo que rechazaron los diputados oficialistas y el ministro, que más bien aseguró que este tema actualmente se regula a través de una directriz que debería ser ley.
“Ocurre muy regularmente que sujetos con antecedentes policiales por portación de drogas, portación de armas o delitos contra la propiedad están esperando el proceso, pero mientras tanto pueden seguir portando armas en el proceso”, explicó.
Además, el viceministro Solano subrayó que una cosa son los antecedentes judiciales y otros los policiales, a diferencia de lo que dijeron algunos legisladores para justificar el retiro de la prohibición.
“Es importante decirlo y mantener los antecedentes policiales porque muchos ellos no terminan necesariamente en una condenatoria penal y no se verían reflejados en los antecedentes judiciales, por ejemplo, los casos de violencia doméstica y los vendedores de droga en cantidades no castigadas más allá de los partes policiales”, agregó.
Por otra parte, el ministro Soto también indicó que la eliminación de un inciso en en el campo de armas prohibidas dejaría abierta la puerta para la utilización de armas semiautomáticas, aunque de calibres menores, un hecho que les sorprendió por el potencial daño que pueden provocar estos dispositivos.
“Ahorita, si este inciso no se incluye, cualquier ciudadano podría registrar armas semiautomáticas en algunas plataformas, y además podrían registrarlas personas con antecedentes policiales”, cuestionó.
El viceministro Solano, por su parte, señaló la misma preocupación y fue más allá en su explicación, pues subrayó que “hay armas automáticas de AR-15 y AK-47 que han sido adaptadas para uso civil, pero su potencial ofensivo es tan grande que se convierten en un potencial daño para el uso regular”.
“Estaríamos entonces utilizando solo el viejo criterio de legal entre automáticas y semiautomáticas, pese a que hay muchas armas semiautomáticas que son igualmente peligrosas que las automáticas”, concluyó.
Ambos señalaron todas estas medidas como “retrocesos” que minan el trabajo realizado por autoridades gubernamentales y diputados, aunque subrayaron que esperan la reversión de todos estos detalles en el proceso legislativo.
Para ello, los diputados aún pueden conocer mociones de revisión esta noche.
Además, en el caso del número de armas, los diputados podrían reiterar la moción para realizar el cambio en en el Plenario (de 57 diputados) si así lo deciden al menos dos terceras partes de los congresistas (38 de ellos).
