Para los jerarcas del Ministerio de Seguridad Pública, los rubros más importantes del presupuesto institucional del 2023 son los que corresponden a la contratación y remuneraciones a los oficiales, pues lo demás, afirman, es posible aunque no fácil, de gestionar con cooperación institucional.
El ministro de la cartera, Jorge Luis Torres; acudió a una comparecencia ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa para defender el presupuesto solicitado para el siguiente año junto con Daniel Rodríguez, viceministro de Unidades Regulares; Martín Arias, viceministro de Unidades Especiales y Randall Vega, viceministro administrativo.
“La Fuerza Pública es el músculo más fuerte y es lo que más cuesta mantener. Estamos haciendo todos los esfuerzos, todo lo posible con el presupuesto que tenemos para que los muchachos estén empoderados, que tengan los equipos, pero a mí me preocupa el personal, es lo que más cuesta recuperar, la otra parte estoy que lo podemos conseguir con cooperación, pero los hombres, eso cuesta más”, dijo el jerarca.
Daniel Rodríguez hizo eco de la afirmación y dijo que el principal vacío en seguridad es no poder contratar gente, mientras que el viceministro Vega dijo que el personal es lo más crucial y afirmó que se ha perdido, por distintas razones, entre las que se cuentan los bajos salarios de los oficiales.
“Hoy en día, todo el mundo quiere un policía frente a su casa. Lo que no pensábamos hace algunos años, y yo he trabajado durante toda mi vida en el tema de inteligencia y yo siempre he visto que la seguridad se ve como un gasto, no como una inversión. Hoy en día lo estamos viendo que el país necesita es inversión”, dijo Vega.
Los jerarcas explicaron a la mencionada comisión lo solicitado y aseguraron que el presupuesto es insuficiente porque “ningún presupuesto en seguridad es suficiente”, pero que cubre las prioridades establecidas, como las mejoras en diversas comisarías que tienen orden sanitaria, la compra de chalecos que están por expirar y las remuneraciones, incluyendo un rubro de aumentos de los oficiales.
El legislador de Nueva República, José Pablo Sibaja intervino para cuestionar la compra insuficiente de vehículos para priorizar motocicletas que según su criterio no se pueden usar en lugares donde “siempre llueve” y criticó el gasto en capacitación. Vega respondió destacando la importancia de las motocicletas y explicando que lo más importante es el personal y que esté capacitado, detallando que el monto solicitado de 16 millones apenas alcanza para capacitar a 130 personas.
La liberacionista Sonia Rojas por su parte, cuestionó la inversión de ₡1236 millones en bienes duraderos, ₡37 millones en equipo y mobiliario en relación con un supuesto recorte de ₡619 millones a la Fuerza Pública. Vega detalló las formas en que el presupuesto de ese cuerpo policial más bien se ha aumentado y de nuevo reiteró que “lo que necesitamos son personas, recuperar plazas”.
El frenteamplista Jonathan Acuña indicó que era cuestionable que los recursos que se recaudan por medio un tributo que se creó con la excusa de financiar a los cuerpos policiales (el de personas jurídicas), no se estuviera asignando en su totalidad por culpa de lo establecido en el plan fiscal, que “burló” el propósito de ese impuesto.
José Joaquín Hernández por su parte cuestionó los “problemas” de la frontera norte que caracterizó como “tan permeable” y preguntó los planes de atención. Los jerarcas explicaron las acciones que se están implementando con cooperación internacional, las inversiones urgente en tecnología y nuevamente hicieron hincapié en que lo urgente es “tener gente”.
