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Ministro de Seguridad considera que carencia de ambulancias en el cantón central de Limón afecta su tasa de homicidios

Mario Zamora comentó que la cantidad de incidentes en el centro de Limón es comparable al centro de San José. Según el Ministro de Seguridad, la diferencia en la tasa homicida radica en que en San José hay una alta densidad de ambulancias, mientras en Limón solo hay una.

Para Mario Zamora Cordero, Ministro de Seguridad Pública, la “necesidad apremiante” de recursos de la Cruz Roja afecta la tasa de homicidios en Limón. Esto afirmó ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, este martes en la Asamblea Legislativa, al discutirse el expediente N°24535, Ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2025.

El jerarca expuso cifras relacionadas a la ola de criminalidad, que registran una leve disminución con respecto al año anterior. Los delitos contra la propiedad se redujeron por casi 3 mil delitos comparado al mismo periodo de 2023. En el caso de los homicidios, Costa Rica registra 17 homicidios menos que el mismo periodo del año anterior. El 2023 fue el año más violento de la historia del país, con 905 homicidios documentados a nivel nacional.

Después de una pregunta del diputado liberacionista Gilberth Jiménez sobre las estrategias para combatir el crimen organizado y el sicariato desde el Ministerio de Seguridad con el presupuesto destinado para 2025, Zamora argumentó que la carencia de ambulancias en el cantón central de Limón está correlacionada con la tasa homicida.

“Cuando observamos en el estudio por qué hay una alta tasa homicida en Limón, de pronto coincidía con los mismos números de incidentes en otras partes del país, por ejemplo: San José, en donde es fácil que una persona herida sea trasladada a un centro hospitalario por una densidad importante de ambulancias en el centro”, explicó el ministro.

“En Limón solo hay una sola ambulancia para todo el cantón central. Esto hace que cuando hay personas heridas, muchas veces se desangran y ya llegan en una condición irrecuperable para la vida cuando visitan el centro hospitalario”, interpretó el ministro.

El jerarca aprovechó su comparecencia para aclarar que el presupuesto del Ministerio de Seguridad para 2025, que tuvo un incremento de 3,4% con respecto al año anterior, cubre al 100% su gasto operativo. Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio, insistió sobre este punto, y Zamora concluyó que: “El presupuesto cubre la necesidad estándar, siempre en Policía se puede hacer más si se cuenta con más recursos”.

Ante consultas de José Joaquín Hernández, del Partido Liberación Nacional (PLN), sobre la flota vehicular del Ministerio de Seguridad, Zamora contestó que cuentan con 2124 vehículos a su disposición, pero reconoció que “uno de los problemas es que durante muchísimos años no se invirtió en la flota vehicular del Ministerio”. Admitió que un 85% de sus vehículos tienen más de 10 años de antigüedad, y que hay carros que sobrepasan los 900,000 km.

Zamora ahondó en la importancia de no solo la inyección de recurso humano en las fuerzas policiales, sino también del transporte que permita su movilización y patrulla. Mencionó la próxima donación de motocicletas por parte de la Embajada de Estados Unidos, así como el préstamo de cinco helicópteros estadounidenses para apoyo técnico-policial. Esto representó una reducción de 350 millones de colones en el presupuesto de gasolina del Ministerio de Seguridad entre 2024 y 2025, pues tras una negociación en Washington, Estados Unidos acordó cubrir el costo completo de la operación. Este año, el Ministerio de Seguridad costeó el combustible.

Además, en 2024 el Ministerio de Seguridad adquirió mil computadoras para las diversas delegaciones policiales, las cuales ingresarán antes de diciembre. Zamora contó que la ausencia de computadoras e impresoras no les permitía procesar órdenes de detención por pensión alimentaria por no poder imprimir el documento y así tener la legalidad para ejecutar ordenanzas judiciales.

Asimismo, el ministro fue consultado por medidas contra la infiltración del narcotráfico en la Policía. Zamora recordó un caso de hace cinco años, cuando hubo indicios de un policía infiltrado. El agente fue despedido con responsabilidad patronal y, al no lograr comprobar la relación con organizaciones criminales, el Ministerio Público recientemente se vio obligado a reinstalarlo en su puesto de trabajo e indemnizarlo por más 30 millones de colones.

Por su parte, Paulina Ramírez del PLN expresó su preocupación en materia de seguridad nacional: “Antes oír de un crimen era noticia toda una semana, ahora es cada hora que oímos una noticia de este tipo. No puede ser que nos acostumbremos a esto. No puede ser que lo empecemos a normalizar”.

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