El abogado Marcelo Prieto aún no sabe si recibirá un salario o su pensión mientras funja como ministro de la Presidencia, pero 18 días en el cargo le bastan para otras certezas: nuestro sistema presidencial es un molde en el que no cabe la realidad de la política nacional.
Prieto, exrector de la Universidad Técnica Nacional (UTN), admite como su prioridad la relación con una Asamblea Legislativa donde pocas cosas se pueden prever, más aún desde el reacomodo del 1 de mayo.
Dice que este tiempo como coordinador del gabinete y vocero de Gobierno ante otros sectores le confirman lo que ya presumía: la necesidad de abordar la política de maneras que trasciendan la división partidaria, tanto en las relaciones externas del Ejecutivo como en su propio seno.
¿Cómo resume lo que ha pasado desde el 1 de mayo?
—Me siento muy satisfecho de lo que ha podido hacerse, considerando el contexto y la coyuntura histórica. Es una situación de alta complejidad. No es fácil lograr la gobernabilidad en la Costa Rica de hoy, con COVID-19 o sin COVID-19.
¿A qué se refiere por complejidad?
—Costa Rica sigue siendo presidencialista, pero ya estamos viviendo procesos muy similares a los sistemas parlamentarios o semiparlamentarios. No tenemos la existencia de una mayoría mecánica como para gobernar; eso ya pasó. Es evidentemente necesario un trabajo de más cercanía y mucho diálogo. Sin eso, poco se logra.
Eso lo podía decir desde afuera, pero ¿cuáles elementos nuevos ha visto ahí?
—Es la confirmación de que esa es la realidad. Me lleva a pensar en la necesidad de una reforma sustancial al sistema político. Reformar el Estado no es solo cerrar instituciones; una reforma al sistema y su funcionamiento es necesaria para que refleje mejor la realidad política, confiando en los partidos políticos, que aquí son sumamente débiles en lo orgánico, cuando deben ser instrumento fundamental.
¿Cómo es ser eje de un Gobierno tan diverso y hasta contradictorio?
—Es la nueva visión que debemos fortalecer y promover. Es la visión distinta, porque el régimen clásico ya no es real. Eso tiene que ver hasta con la sustancia de la democracia. Este Gobierno que tenemos es el que mejor refleja al país que tenemos, a la sociedad y a la política costarricense. Es un escenario de alta complejidad, porque muchas veces lo que uno arregla con un sector legislativo, se descompone con otro y así sucesivamente.
¿Le ha cambiado la percepción sobre el presidente?
—Mire, él tiene un liderazgo que lo reconocen muchos, salvo los que tienen un pensamiento mezquino. Su misión también es compatibilizar distintas visiones. Cuando yo acepté, sabía que iba a servir con un liderazgo muy particular del presidente.
¿Un ejemplo?
—La famosa discordancia entre Comercio Exterior y Agricultura. El presidente lo hizo con respeto y pensando en el interés de la mayoría. Igual con los recortes presupuestarios. El presidente se mueve con un punto medio de firmeza y respeto. Ese es su estilo. Se refleja también esta emergencia del COVID-19. Mi nombramiento revela el interés de diversidad en la unidad.
¿Cómo se habla con los diputados?
—Con transparencia y respeto. Hay una queja quizás válida sobre los formatos de comunicación. Es posible mejorarlos. Hemos pasado la información necesaria. Aunque ellos se lamentan, no puedo estar de acuerdo. Quizás hablamos de un formato distinto.
¿Qué pasó en la Asamblea Legislativa después del 1 de mayo?
—Ese día actuó con toda su fuerza la situación de crisis que vive el país. El COVID-19 facilitó un acuerdo mínimo entre al menos tres fuerzas, aunque hubo otros diputados también. El PLN, PAC y RN actuaron con gran madurez política.
Pero ¿qué pasó después?
—Yo creo que sigue estando muy presente esa madurez política. No digo que se haya manifestado en todos los actos individuales, pero predomina. Vea la forma como el presidente Eduardo Cruickshank manejó el conflicto personal entre un diputado y un asesor, que es una anécdota oscura y difícil. El manejo de él revela un señorío político del presidente que no podemos dejar de destacar. Eso lo graduó como presidente legislativo, pues involucraba a personas muy cercanas a su forma de ver el mundo. Igual lo que paso con el crédito del BID, que entendieron su conveniencia y se encontró finalmente una mayoría más que suficiente, sin que esto signifique un juicio moral sobre los que votaron en contra.
¿Cómo explica esta apuesta por la deuda externa?
—Hay que saber que antes que todo está la atención de la pandemia. El otro tema es el impacto social del aislamiento, que ha sido terrible para trabajadores y empresas. La economía está deprimida, está en una recesión que parece indetenible. Bueno, el Gobierno ha hecho todo lo necesario para que la gente pueda comer. Lo otro es lo Hacendario.
El Gobierno va a dejar de percibir casi ¢925.000 millones por el impacto económico y los impuestos no percibidos. Si les sumamos las necesidades emergentes para fondear a Salud, a la CNE y a la CCSS y MTSS e IMAS, entonces el déficit en el 2020 será enorme. Para eso tenemos una hoja de ruta.
¡Claro!, pero parece que esa hoja de ruta depende mucho de la deuda externa.
—Pero vea que mucho es en realidad recambio de deuda. Estamos endeudándonos con créditos favorables para cancelar deuda interna de vencimiento rápido e intereses altísimos. Tal vez el endeudamiento será menor. Además están los créditos para inversión en obra pública, que son de largo plazo y empezarán a pagarse dentro de varios años. No es cierta la afirmación a rajatabla de que el endeudamiento es el único camino. Pero, además, ¿cuál país no aumentará su deuda después de esta emergencia? Todos se van a endeudar. Todo está en la calidad de los préstamos y el buen uso que se les dé.
El impuesto a salarios sigue como una idea sobre la mesa, ¿verdad?
—El Gobierno no puede renunciar de antemano a ninguna solución de la crisis. No podemos decir que no vamos a aplicar un nuevo impuesto, no vamos a bajar salarios o no vamos a endeudarnos. No podemos cerrar puertas a los caminos. En este momento, en mayo y en las próximas semanas, las medidas inmediatas no están contemplando la formación de nuevos impuestos.
¿Apoyará el Gobierno el proyecto que debilita al Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP)?
—No se ha trabajado eso. El Gobierno no ha emitido criterios, aunque hay puntos de vista que se deben tomar en cuenta y son muy válidos. Ese no es un proyecto del Gobierno. Nosotros lo vemos con respeto y en el momento oportuno habrá un pronunciamiento, cuando constitucionalmente corresponda.
Es extraño que no tenga criterio sobre un proyecto que lleva muchos meses en la agenda pública y que incluso lo ha convocado el Gobierno a sesiones extraordinarias.
—Es que no debe ser ahora. ¿Cuál es el criterio de que se pronuncie sobre algo que no propusimos y del que no hay resultado cierto? Permitamos que avance esa propuesta y el Gobierno se pronunciará en su momento. No tenemos por qué adelantarnos de algo que tal vez no se materialice.
¿Vetará el Gobierno el proyecto que exonera de aplicar la regla fiscal a las municipalidades?
—El Gobierno tampoco ha tomado una decisión final y ese proyecto tampoco es de la autoría el Ejecutivo.
Ya el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, dijo que se opone.
—Ya sé que dio su criterio en contra, pero tampoco debemos olvidar que estamos viviendo tiempos extraordinarios y no podemos continuar mecánicamente adoptando normas que se plantearon para otro momento distinto. Con esto no le estoy adelantando que no se vetará, estamos esperando el segundo debate cuando se dé. Recuerde que este estuvo convocado en sesiones extraordinarias porque sí consideramos que era importante que se debatiera.
