El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, pidió “de manera urgente y prioritaria” este lunes 26 de septiembre a la Procuradora General Adjunta, Magda Inés Rojas, realizar una investigación preliminar contra las personas funcionarias designadas como procuradoras, que en representación del Estado negociaron una conciliación con seis empleados de Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), acusados de incumplimiento de deberes en el caso Aldesa.
Días atrás UNIVERSIDAD informó que la Procuraduría de la Ética Pública concilió con seis personas funcionarias de la Sugeval una indemnización monetaria y horas de servicio comunitario, como salida alterna a la pena por el delito de incumplimiento de deberes, que supuestamente cometieron al dejar de supervisar y fiscalizar a la sociedad controladora (holding) Aldesa Corporación de Inversiones S.A.
La PEP participó en el proceso en representación del Estado en su condición de víctima, querellante y actor civil, y aceptó la propuesta de los querellados al conflicto “mediante la aplicación de una salida alterna al proceso, logrando obtener a favor del Estado una indemnización dineraria que cubre la totalidad del monto demandado civilmente por el Estado, así como las costas e intereses, monto que una vez cancelado, ascenderá una suma cercana a los diecisiete millones doscientos mil colones en total”, además de horas de trabajo comunal.
La Fiscalía informó que dicho acuerdo fue suscrito entre la PGR y los acusados, pero aclaró que el el Ministerio Público no estuvo de acuerdo en los términos y se opuso.
En una misiva de la que UNIVERSIDAD tiene copia, el jerarca solicitó “de manera urgente y prioritaria, la interposición de sus buenos oficios a fin de que se ordene una investigación preliminar, contra el (los) funcionario (s), designado (s) como procurador (es), en representación del Estado en su condición de víctima, querellante y actor civil en el proceso penal interpuesto contra seis jerarcas de la SUGEVAL, bajo el expediente N° 21-000054-0621-PE”, reza la misiva del ministro.
En la misma, pide que se aclare al menos si la actuación de la representación del Estado en ese proceso estuvo ajustada a derecho y que se enumeren los argumentos de la Procuraduría General de la República en el proceso para aceptar la propuesta de reparación del daño por parte de los imputados, así como los motivos del Ministerio Público para opnerse a la aceptación de la propuesta formulada.
“Lo anterior con el fin de determinar si en la tramitación del proceso penal de cita, se dieron eventuales acciones u omisiones que den mérito a eventual responsabilidad disciplinaria, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales que deriven de las mismas”, indicó el jerarca.
“El jerarca es respetuoso de la independencia de criterio de la Procuraduría General de la República, sin embargo, por ser una institución adscrita al Ministerio de Justicia y Paz, consideró oportuno, tener conocimiento de dicho criterio”, puntualizó la oficina de prensa de dicho ministerio.