Por segunda ocasión en seis meses, el ministro de Comercio Exterior Manuel Tovar solicitó un espacio para hablar ante las jefaturas de fracción sobre la urgencia de aprobar la reforma para regular las jornadas laborales de doce horas (jornadas 4 X 3), y volvió a insistir en la necesidad del avance de esta iniciativa para mejorar la competitividad del país y buscar más empleos mediante la inversión exterior.
En agosto pasado, Tovar fue parte de una delegación de Gobierno encabezada por la entonces ministra de la Presidencia Laura Fernández, el ministro de Economía Francisco Gamboa y el ministro de Trabajo Andrés Romero, en la que externaron «extrema preocupación» por el lento avance de la reforma para las jornadas de doce horas.
Este jueves 20 de febrero, Tovar fue quien encabezó la delegación -Fernández y Gamboa se retiraron del Gobierno en el límite del plazo para poder presentar sus nombres en la próxima elección presidencial- acompañado por la gerente de la Promotora de Comercio (Procomer) Laura López y los viceministros Alexander Astorga (Trabajo) y Alejandro Barrantes (Asuntos Parlamentarios). Diferente delegación, pero esencialmente el mismo mensaje: que en Zapote esperan un rápido avance de la reforma, porque en caso contrario se afectará la competitividad del país y se podrían perder empleos ligados a la inversión extranjera.
«Va a darnos más pólvora para que Procomer pueda ir a cazar más inversión extranjera», dijo Tovar, al apelar al «patriotismo» de los diputados para «adecuar el marco laboral del país a la economía del 2025».
Reiteraron que esto se lograría con el proyecto 24.920, “Establecimiento de jornadas laborales excepcionales para casos excepcionales y muy calificados”, que sustituyó el expediente 21.182, aprobado en primer debate el 15 de agosto del 2023, pero que la Sala Constitucional archivó el 14 de noviembre del 2023, por problemas de forma.
Tovar insistió en que la creciente incertidumbre en el entorno internacional se traslada a la inversión mundial, y que otros países tienen mayores espacios para ofrecer mejores costos laborales o energéticos, al procurar captar esa inversión.
Por su parte, López insistió en que los retos para la atracción de inversión se resumen en competitividad y en seguridad jurídica, porque las empresas necesitan de flexibilidad para operar 24 horas, siete días a la semana. «Necesitamos herramientas para competir con países que son más baratos, y que están siendo mas agresivos», dijo.
López también indicó que el país estaba a punto de perder 6 mil empleos por una empresa que había anunciado su inversión en el país, pero que dependía del avance de esta reforma para concretarla. Ante una consulta de Antonio Ortega, jefe de fracción del Frente Amplio (FA), indicó que no podía precisar el nombre, y que no se trataba de empleos actuales, sino de la promesa que realizó de hacer esas contrataciones.
Pero López insistió en que existen alrededor de 25 empresas en el sector de servicios y 25 compañías en el sector de manufactura que condicionan su llegada al país a la aprobación de esta ley.
La participación de Astorga se relacionó con tratar de disipar las inquietudes de los diputados en materia de la debilidad de la Inspección Laboral para fiscalizar este tipo de jornadas, y aseguró que se preparan propuestas en esa dirección tras un foro con expertos, mientras que Barrantes apeló a la posibilidad de buscar un acuerdo legislativo de vía rápida o procedimiento abreviado para acelerar el proyecto.
Al respecto, las autoridades legislativas dejaron entrever un apoyo mayoritario a la reforma, aunque el subjefe de Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos, recordó que en estos procesos, que requieren 38 votos, la negociación es esencial. En este punto, Barrantes alegó que el Gobierno está dispuesto a realizar transformaciones y realizar cambios, «pero no dejemos pasar esta oportunidad», dijo.
