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Ministro de Ambiente ordena investigación ante presunto delito de explotación forestal en el Caribe Sur 

UNIVERSIDAD informó que el 20 de abril empezaron a cortar los árboles ubicados dentro de una propiedad ubicada a 150 metros oeste del Colibri Lodge, en la ruta de Manzanillo hacia Puerto Viejo, a mano derecha. Los camiones con los troncos empezaron a salir en la madrugada del 9 de mayo. El terreno es parte de 188 hectáreas de zona boscosa que se encuentran dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.

El ministro de Ambiente y Energía de Costa Rica, Franz Tattenbach, indicó este martes que ordenó una investigación ante las denuncias que circulan sobre supuestos delitos de explotación forestal en el Caribe Sur. 

“Para mi tranquilidad y la de todos los costarricenses he ordenado una investigación profunda en este caso, con el objetivo de estar seguro que tanto los particulares que solicitaron el permiso ante la administración forestal del Estado, como los funcionarios que revisaron los permisos correspondientes, hayan actuado en perfecto acorde con nuestras leyes”, indicó Tattenbach. 

El ministro señaló también que de previo había solicitado que se le informara sobre el tema y las actuaciones oficiales. Tras esta gestión conoció un informe que reveló que tanto la solicitud como los permisos de aprovechamiento forestal fueron tramitados de acuerdo con la ley y su normativa. 

El pasado 21 de mayo, la Fiscalía Adjunta Ambiental realizó un allanamiento en la Municipalidad de Talamanca, como parte de una investigación por el presunto delito de cambio de uso de suelo, luego de que días atrás vecinos y grupos del Caribe Sur denunciaron que dos camiones cargados cada uno con 16 troncos de árboles talados salieron del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo el pasado 20 de abril.

Según indicó el Ministerio Público, el allanamiento está relacionado con un presunto permiso de aprovechamiento forestal, por lo que el objetivo de las diligencias es recabar prueba documental, para incluir a la causa 24-000003-1851-PE.

El terreno es parte de 188 hectáreas de zona boscosa que se encuentran dentro del Refugio, y que hace cinco años la Sala Constitucional ordenó al Sistema Nacional de Áreas de Convervación (Sinac) demarcar como parte del refugio -como lo era originalmente hasta 2014, cuando una ley modificó esto, denunció a UNIVERSIDAD Marta Castro, presidenta de los Comités de Vigilancia de los Recursos Naturales (Covirenas) del Caribe Sur.

El 10 de marzo de 2014 se aprobó la ley 9223, “Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur”, que modificó los límites de la zona protegida del Refugio para supuestamente dar viviendas a más de 3.000 personas en Cocles, Punta Uva y Manzanillo.

En diciembre de 2014, Marco Levy Virgo, de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, impugnó la ley ante la Sala Constitucional, reclamando que las áreas protegidas solo se pueden reducir mediante una ley, si hay estudios técnicos y científicos que descarten el daño ambiental y si se compensa el área reducida con otra de igual tamaño y que en este caso no había ningún área de compensación.

El 10 de julio de 2019, la Sala Constitucional declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad en lo que respecta a los territorios comprendidos en la zona boscosa y ordenó al Sinac en un plazo de 12 meses delimitar el área mencionada y ejerza las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público. 

De acuerdo con el a Sala IV, sólo las 188 hectáreas de zona boscosa regresarán al Refugio, las demás podrían continuar desafectadas y las personas que actualmente viven allí podrán permanecer; sin embargo, el Sinac no lo ha hecho.

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