Mediante la resolución No. 0010-2019-DE, el Ministro de Ambiente y Energía rechazó la solicitud de declaratoria de conveniencia nacional que la empresa Grupo H Solís-GHS S.A. tramitó para el proyecto hidroeléctrico (PH) San Rafael.
La empresa planteó la construcción de una represa sobre el río del mismo nombre, en la localidad de San Pedro de Pérez Zeledón y desde un principio, el proyecto enfrentó la oposición de comunidades locales y activistas del ambiente tanto locales como en el ámbito nacional.
El Movimiento Ríos Vivos, una de las organizaciones que más lucharon contra la iniciativa, celebró la decisión a través de un comunicado difundido en redes sociales y recordó que “teníamos en contra el marco legal, a grupos política y económicamente poderosos y a la misma institucionalidad, como la Setena, que históricamente había cumplido un papel de “facilitador” para este tipo de proyectos, al igual que la Aresep, el ICE, las Municipalidades”.
“Sin embargo -continua el texto-, seis años después somos testigos del cierre del último proyecto hidroeléctrico en la zona sur, el PH San Rafael. Poco a poco, gracias a la resistencia que ofrecieron las comunidades, organizadas bajo la Comisión Defensora del Río San Rafael, y articuladas junto con estudiantes, artistas, profesionales, ciudadanos y ciudadanas en general, en el Movimiento Ríos Vivos, logró articular la lucha para vencer a estos proyectos”.
Reconoció al respecto el apoyo de aliados, como Kioscos Ambientales de la UCR, la Fecon, la Asociación Voces Nuestras y “en un inicio incluso la Pastoral Social de la Iglesia Católica”.
Osvaldo Durán, de la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza (Fecon), manifestó que se trata de “un triunfo colectivo de los mejores, que podemos vivir y disfrutar, porque suman años, tristezas, alegrías y aportes de muchísmas personas. Todo termina fundido, sumado, amalgamado, en una sola e inquebrantable voluntad para proteger los ríos, el agua, la vida y los pueblos”.
Añadió que San Rafael se suma a la “dichosamente creciente lista de comunidades que han alcanzado salvar sus ríos”y destacó que en este caso se sumó la voluntad del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), “del Ministro Carlos Manuel Rodríguez y su equipo” y calificó como una “urgencia impostergable” la necesidad de “reorientar y reinventar” el modelo eléctrico nacional.
La empresa H Solís por su parte no ha reaccionado a la noticia, pero siempre ha sostenido que el proyecto obedece a la necesidad de promover las fuentes de energía “limpias” y que su proyecto no afectaría a la fauna acuática del río ni a otras actividades que se puedan dar en la zona, como el turismo.
La resolución de Rodríguez establece que contra la misma se puede interponer un recurso de reconsideración o reposición, según la Ley General de la Administración Pública. Mientras tanto, la misma empresa espera declaratorias de conveniencia nacional sobre dos proyectos que espera construir en la localidad de Bonilla de Turrialba.
Cambio climático y mercado eléctrico
Fecon se sumó a otras organizaciones como el Movimiento Ríos Vivos, Comunidades Unidas por un Desarrollo Ecológico Sustentable, la Asociación para la Sostenibilidad Rural de Costa Rica y a la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, las cuales en abril enviaron un documento a Rodríguez en el que plasmaron múltiples argumentos en contra del proyecto.
En ese escrito citaron entre otras cosas que si bien las plantas hidroeléctricas son consideradas fuentes de energía limpia, su proliferación, que ya es una realidad en Costa Rica, constituye un impacto muy fuerte en los ríos y sus cuencas.
Además, citaron estudios científicos las consecuencias que para la atmósfera y el cambio climático tiene la liberación de gas metano que se da en las represas de los proyectos hidroeléctricos.
“El metano -apunta el documento- permanece en la atmósfera por un periodo más corto que el CO2 (dióxido de carbono), pero es 86 veces más potente en el aceleramiento de los efectos del cambio climático dentro la primera y segunda décadas”, lo cual es grave pues “las próximas dos décadas son las que representan el tiempo crítico de desaceleración de los efectos del cambio climático”, según los objetivos planteados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).
Al respecto también notaron que una planta hidroeléctrica tropical emite cuatro veces más carbono que una planta de combustibles fósiles comparable durante los primeros 10 años de su vida, a lo cual se suma que mientras las emisiones de carbono se reducen paulatinamente a lo largo de la vida de una represa hidroeléctrica, las emisiones de metano permanecen altas.
También destacaron que se trata de una cuenca hídrica dinámica, cuya influencia alcanza a los ecosistemas de la costa y a la amplia variedad de flora y fauna que de ella depende.
Al respecto, citaron estudios de la Universidad Nacional (UNA) según los cuales “el ecosistema del río San Rafael es habitat de 29 especies de mamíferos, 64 especies de aves, 19 especies de peces, 302 especies de plantas y 24 especies de reptiles”.
Por su parte, el ministro Rodríguez en su resolución observó entre otras cosas que H Solís inició las gestiones tendientes a la construcción del proyecto en el 2013 y que tras seis años “se han producido cambios significativos en la demanda de energía eléctrica” lo cual a la luz de disposiciones de la Contraloría General de la República (CGR) “en cuanto a la obligación de analizar la viabilidad de impulsar un proyecto que podría estar fuera de la necesidad de demanda de electricidad del país”.
Apuntó que la demanda eléctrica actual “no tiene problemas para ser atendida” y que no se espera que crezca a un ritmo mayor al de los últimos tres años, por ello “se infiere” que la cantidad de energía que aportaría el PH San Rafael “puede ser suplida con intercambios de energía del mercado eléctrico regional, mediante los sistemas de reservas en los embalses y el mismo crecimiento de soluciones de generación distribuida que se interconectan con todas las empresas distribuidoras en el país”.
Triunfo de la participación social
Por su lado, el ambientalista Durán destacó que se deben aprovechar “las convergencias, las coincidencias para, en adelante, empujar con más determinación los cambios que la legislación nacional requiere para la defensa del agua, y para el otorgamiento de derechos jurídicos a los ríos”.
Insistió en que la resolución del Minae es “un hermoso y fuerte triunfo de las comunidades apoyadas por muchas entidades como Fecon, la Asociación PROAL, Voces nuestras, Kioskos socioambientales, estudiantes de las universidades públicas, organizaciones locales, etc.”
Aseveró además que “en la memoria colectiva del país estamos registrando un nuevo triunfo de acción y participación social efectiva, no manipulada, no comprada por los ofrecimientos de la empresa. Le estamos dando al país un respiro, una esperanza”.
