El ministro de Transportes Mauricio Batalla se presentó a la Comisión legislativa de Alajuela para dar a conocer un informe sobre el proyecto para relanzar las obras de ampliación y mejora de la ruta San José-San Ramón, en el que solicitó el apoyo de los diputados a fin de avanzar en una dirección diferente a la que tuvo el proyecto, que aseguró no logró avanzar prácticamente nada del 2015 al 2022.
Batalla anunció que la semana pasada se envió la propuesta al Banco de Proyectos del Ministerio de Planificación, y que este viernes, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) recibirá las ofertas para las OBIS (obras impostergables) para la nueva etapa. Asimismo, solicitó a los diputados alajuelenses su apoyo para el trámite del crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $770 millones, que deberá tramitarse en la Comisión de Hacendarios, y con la elaboración de una nueva ley, para sustituir la 9292, que es la que oficializó este proyecto.
A pesar de asegurar que esta vez el proyecto saldrá del estancamiento, Batalla reconoció que no será un tema que iniciará en la actual administración. Consideró que en caso de lograr avanzar según el nuevo cronograma, la orden de inicio debería darse en junio del 2027, en un escenario positivo. «Hablamos de que podrían faltar cuatro, cinco años para concretar el proyecto», dijo ante consultas de los diputados.
A esto se debería agregar que se deberá resolver el desafío de concretar más de 400 expropiaciones. «Con la nueva ley de Contratación Administrativa, no se puede iniciar ningún proyecto si no están listas las expropiaciones», dijo Batalla, y recordó que en el caso de las obras en la ruta a Limón, una cantidad similar requirió al MOPT de cinco años.
Ante ello, Batalla indicó que la propuesta del MOPT es avanzar mediante 7 unidades funcionales, de una manera similar al esquema utilizado para el desarrollo de Circunvalación Norte. Adicionalmente, quien gane las respectivas licitaciones tendrá que asumir el mantenimiento de la obra construida por un período de seis años.
Cambio de modelo
Precisamente Batalla utilizó una comparación con el desempeño del anterior modelo, el que se desarrolló mediante el fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR), del que el actual Gobierno de Rodrigo Chaves anunció el cierre el 11 de enero del 2023, por considerarlo ineficiente.
Batalla aseguró que el problema con el desarrollo de este esquema fue que no logró obtener financiamiento, y solo construyó 5 OBIS (Obras Impostergables) en el período del 2015, cuando se firmó el contrato para iniciar las obras de renovación, al 2022. «El avance fue 0, porque solo se construyeron 5 OBIS, con recursos del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), que según la Contraloría tenían problemas y defectos, se tienen rehacer de nuevo», dijo el ministro.
El jerarca aseguró que adicionalmente, el MOPT identificó 440 problemas en los diseños de las obras, por lo que se realizó una labor para corregirlos, y se obtuvo en noviembre de este año el financiamiento con el BCIE, luego de optimizar el proyecto.
Sin embargo, admitió que aunque el Gobierno y el BCR acordaron finalizar el finiquito desde agosto del 2023, apenas en diciembre del 2024 expirará este modelo, por aspectos de contratos en marcha.
Batalla pide acuerdo
El proyecto «optimizado» consiste en obras de 55 kilómetros, con 4,5 kilómetros para la radial de Río Segundo, con 16 intercambios, casetas de peajes y construcción de infraestructura como puentes nuevos.
Sin embargo, ante la insistencia de los diputados en la apertura de estas obras, admitió que todavía se requerirá de un plazo que excederá del período de la actual administración, ante lo cual anunció que en el 2025 se buscarán trabajos para mejorar la vialidad en «cuellos de botella», como los puntos de el Coyol y Manolos, con el apoyo de la Municipalidad de Alajuela y el equipo Liga Deportiva Alajuelense. Además, se tiene proyectados trabajos de mejora de circulación en el tramo del puente Juan Pablo Segundo. «Tenemos ideas de cómo mejorar la vialidad en tres puntos fundamentales en esta ruta, como soluciones paliativas», indicó Batalla.
El ministro solicitó a los diputados agilizar el cambio del modelo, tanto mediante la aprobación del crédito con el BCIE, como el proyecto de ley para sustituir la normativa 9292, para lo que propuso una mesa de trabajo con los miembros de la comisión, que estimó podría desarrollarse en febrero del 2025, cuando el MOPT tenga preparada una propuesta, con la mira en presentarla a la Asamblea Legislativa para las próximas sesiones ordinarias.
También recomendó avanzar con un proyecto de Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), para tratar de agilizar las expropiaciones en el país.
