La vicepresidenta y ministra de Salud Mary Munive y la ministra de la Presidencia Laura Fernández acudieron a la reunión de jefaturas de fracción para reclamar a los diputados por el avance de un proyecto de ley que, aseguraron, ayudaría a contener la emergencia que el país está a las puertas de enfrentar, con la saturación de los rellenos sanitarios en el Gran Área Metropolitana (GAM).
Munive y Fernández solicitaron a los diputados que se acelere el trámite del proyecto 24.251, «la ley para el fortalecimiento de la rectoría del Ministerio de Salud en la gestión y disposición final de residuos sólidos», mediante la dispensa de trámites y la aprobación sin consultas, pero lo hicieron con un tono de reclamo y regaño, que más bien encendió, una vez más, el pulso político entre el Gobierno y la oposición.
Munive retomó el panorama que desde ayer describió el diputado oficialista Manuel Morales para justificar el tono de urgencia en el trámite del proyecto, en el sentido de que la Gran Área Metropolitana (GAM) produce el 62% de la basura del país, pero que solo cuenta con dos rellenos sanitarios, y uno de ellos, el de la Uruka, está a semanas del cierre técnico, lo que dejará a toda la GAM limitada al relleno de Aczarrí, lo que reducirá su vida útil de doce a dos años.
Ante este panorama, solicitan el avance de la iniciativa 24.251, presentada por el Gobierno desde abril, con la que pretenden trasladar la responsabilidad operativa en el tema de los rellenos sanitarios de las municipalidades al Ministerio de Salud. «Aquí se dijo, denme este churuco a mí (Ministerio de Salud), que me odien a mí, y ustedes (municipalidades) se queden con su caudal político, y solucionamos este problema», dijo la vicepresidenta.
Sin embargo, a los diputados les molestó el tono de reclamo, en el que Munive indicó que el proyecto se debió aprobar en setiembre, y particularmente tratar de trasladar a la Asamblea Legislativa el atraso en el trámite.
Óscar Izquierdo, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la Comisión de Ambiente en la que se tramita el proyecto, recordó que apenas ayer el diputado Morales entregó el informe de subcomisión, lo que impidió que el expediente avanzara. Esto motivó que Munive le recriminara de no cumplir con el deber de diligencia, ante un tema que era urgente.
Esto motivó que Izquierdo replicara, en el sentido de que Munive mostraba un total desconocimiento del procedimiento legislativo. «Como presidente de la comisión, no puedo hacer que se discuta un proyecto, si no se ha presentado el informe de la subcomisión. No diga cosas que no son ciertas, quien ha atrasado esto, ha sido su diputado (Morales), el diputado del Gobierno, que lo presentó apenas ayer, luego de la intervención en el Plenario», expresó.
Por su parte, la diputada independiente Kattia Cambronero reclamó a Munive llegar a la reunión con aseveraciones falsas, como que el proyecto se atrasó por culpa de los diputados («el proyecto ha avanzado al ritmo que ha querido el diputado de ustedes que lo está liderando (Morales)», dijo) o que el tema era ahora responsabilidad únicamente de los diputados. «Usted tiene un marco jurídico que pueden utilizar. Las leyes son para tratamiento de largo plazo», dijo.
También José Pablo Sibaja, de Nueva República (NR), Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista (PLP), y Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), externaron la disposición de colaborar con el estudio del tema, pero advirtieron que debía evitarse la dinámica usual de este Gobierno, de pedir apoyo y luego achacar a la Asamblea Legislativa todos los problemas. «Ustedes deben entender la responsabilidad para un diputado, si un proyecto tiene errores o portillos para la corrupción, por eso el cuidado que debemos tener, de aprobar a golpe de tambor un proyecto, por situaciones de emergencia», expresó Ortega.
Y aunque la jefa de fracción oficialista Pilar Cisneros trató de mediar para procurar que el debate transcurriera hacia buscar soluciones y no repartir responsabilidades, Munive y Fernández insistieron en fustigar a los diputados por el atraso del proyecto, y porque no se cumpliera la expectativa de que se hubiera aprobado en setiembre.
Fernández incluso mencionó que el proyecto debía dispensarse de trámites y aprobarse sin consultas, ya que no se habían presentado indicios de inconstitucionalidades. Esto a pesar de que Vargas advirtió que en conversaciones con varias municipalidades, se habían externado inquietudes por posibles roces de inconstitucionalidad en materia de autonomía municipal. También fue un tema en el que se pronunciaron los diputados Gilbert Jiménez, del PLN, en una intervención ayer en el Plenario, así como la diputada Cambronero.
Y aunque Sibaja también solicitó una hoja de ruta sobre la posible instalación de futuros rellenos sanitarios en dos ocasiones, Munive no le dio respuesta directa: se limitó a indicar que en la página del Ministerio de Salud están todos los documentos sobre la estrategia oficialista en esta materia.
Las jerarcas dejaron la reunión luego de estos intercambios, pero al final el diputado Ortega externó el malestar por la intención del Gobierno de «querer trasladar una sucursal de la Casa Presidencial aquí», y recordar que así como se debe respetar a las visitas, también las visitas deben ser respetuosas.
