Ministra y exministro de Hacienda afirman que no tuvieron la información a tiempo

Para la Tesorera Nacional, Martha Cubillo, no se trató de un olvido ni de un error de cálculo. La funcionaria, quien fue designada en el cargo bajo la administración de Laura Chinchilla y permanece en él hasta el presente, argumentó que el clima de confianza en cuanto a la solvencia financiera del país se fue deteriorando debido a distintos factores que caracterizaron la coyuntura económica a finales de la administración pasada.

El primero de ellos fue el alto déficit fiscal acumulado por el país bajo la gestión de las distintas administraciones.

Con el fin de paliar la situación, las autoridades del Ministerio de Hacienda encargadas de pagar las deudas del Estado estaban cerca de lograr un préstamo por $1.500 millones, a diez años plazo, mediante un novedoso contrato de colocación.

En vez de presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto de endeudamiento externo similar al que se dio bajo la administración Chinchilla, conocido como de “eurobonos” –el cual requiere de 38 votos para ser aprobado–, el 17 de noviembre del año pasado el entonces ministro de Hacienda, Helio Fallas, anunció que buscarían recaudar ese monto del exterior mediante puestos de bolsa locales.

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Según explicó Cubillo, el contrato de colocación fue bien recibido y estuvo a punto de concretarse. De hecho, el 15 de noviembre, al finalizar el periodo de recepción de ofertas, Hacienda había recibido cuatro de ellas por un monto total máximo de $3.700 millones y había seleccionado una hasta por $1.500 millones.

Pero, pronto, la desconfianza cundió en el mercado financiero y el 12 de marzo del presente año Hacienda tuvo que anunciar, mediante un comunicado de hecho relevante, que no se cerraría el trato. Además, tuvo que tomar deuda de corto plazo con el fin de evitar la quiebra de la administración.

En opinión de una fuente bien informada que pidió el anonimato, además del hecho mismo del alto déficit, la desafortunada cadena nacional de radio y televisión en la que el entonces Presidente, Luis Guillermo Solís, advirtió que el Estado costarricense corría el riesgo de no poder pagar sus deudas contribuyó a la incertidumbre.

Luego, en plena campaña electoral y a escasos dos meses de las elecciones presidenciales, el procedimiento del contrato de colocación fue cuestionado por economistas que luego estarían vinculados al candidato presidencial de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, como Gerardo Corrales y el fallecido Edgar Ayales.

Por ejemplo, el sitio ameliarueda.com publicó, el 21 de noviembre de 2017, una nota titulada “Mediante dudoso mecanismo, Hacienda financiaría déficit con deuda externa. Economistas alarmados por impacto en economía y diputados piden explicaciones al sentirse burlados”.

Allí se dijo que: “Las consecuencias, para ambos economistas (Corrales y Ayales), serán terribles en el mediano plazo. Según ellos, el Gobierno de Luis Guillermo Solís podrá concluir su administración, el próximo 8 de mayo, sin problemas de liquidez para hacer frente a sueldos y otros gastos, sin necesidad de presionar por una reforma fiscal. Sin embargo, lo grave radica en que el ingreso de los $1.500 millones creará un ambiente ficticio de estabilidad económica, donde no aumentarán el tipo de cambio, las tasas de interés ni la inflación. Por el contrario, explicaron, al ingresar dólares y cambiarlos a colones, la moneda nacional se revaluará. Solo que la factura vendrá después, con una impostergable devaluación del colón, alzas en las tasas en crédito en dólares y por supuesto un mayor costo de vida. Y ello sin tener ninguna reforma tributaria como paleativo” (sic).

Cuando Hacienda comunicó que el contrato no había podido colocarse, el director de la Bolsa Nacional de Valores, José Rafael Brenes, dijo a La Nación, el 13 de marzo del presente año, que las tasas de interés ofrecidas por Hacienda no habían sido lo suficientemente atractivas.

Lo cierto es que a finales del año pasado Hacienda debió endeudarse a corto plazo con el fin de evitar el default y los vencimientos de esa deuda, por un monto de ¢600 mil millones. Estos deben pagarse este año, pero la autorización de la Asamblea Legislativa para el presupuesto ordinario del 2018 no cubre ese monto.

Adicionalmente, debido a la incertidumbre en cuanto a la situación fiscal, durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, confirmó que en cuanto tenga las cifras exactas certificadas por la Contraloría General de la República (CGR) deberá presentar un segundo presupuesto extraordinario, esta vez por un estimado de ¢300 mil millones, para cubrir el faltante que deja una menor recaudación de impuestos de lo previsto (ver: “Viene otro más”).

Así, en total, Hacienda estará solicitando al parlamento autorizaciones para endeudarse por ¢900 mil millones; aunque solo el monto del segundo presupuesto extraordinario implicará un crecimiento del déficit fiscal.

Visiblemente consternada, en su comparecencia ante la comisión parlamentaria, la ministra Aguilar anunció que iniciará una investigación interna para determinar si se produjo alguna negligencia al incluir, en el Presupuesto Ordinario del 2018, los canjes de deuda esperados –y que luego no se concretaron– como parte de las cifras.

Además, dijo haberse enterado apenas hace un mes y medio de que este año deben pagarse los vencimientos de la deuda de corto plazo contraídos a finales de la administración Solís, y afirmó que el exministro Fallas no le informó al respecto en las reuniones que sostuvieron para el traspaso de la administración.

Sin embargo, al entrevistarlo poco después de la presentación de la ministra, Fallas dijo a UNIVERSIDAD que él tampoco tenía esa información cuando se reunió con la nueva ministra y argumentó que debe preguntarse sobre esto a la funcionaria Marjorie Morera, con más de 25 años de carrera en el Ministerio de Hacienda y responsable de la elaboración del Presupuesto Nacional (ver: “A mí tampoco se me dijo, por eso no le dije nada a ella”).

Solicitamos al ministerio entrevistar a la funcionaria Morera, pero al cierre de esta edición aún no recibimos una respuesta.

Por su parte, el gerente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), Eduardo Prado, también piensa que no se puede hablar de olvidos u errores, sino del hecho de que la incertidumbre con respecto a las finanzas públicas en la particular coyuntura de unas elecciones presidenciales prolongadas con una segunda vuelta trastornaron los supuestos preliminares (ver: “Es consecuencia de la incertidumbre”).

Lo cierto es que los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República solo llegan a la Asamblea Legislativa con el aval por escrito de la CGR y del BCCR. De modo que, de haber culpas, estas serían compartidas. En esos documentos también se pueden constatar las advertencias realizadas por ambas entidades en cuanto a que lo presupuestado partió de hipótesis que siempre estaban sujetas a riesgos (ver: “¿Situación sorpresiva?”).