Las renuncias en la junta administrativa del Registro Nacional por diferencias con la ministra de Justicia, Marcia González Aguiluz, suman cuatro y todavía no se terminan. Hasta este martes, se anunciaba la salida de otros dos directivos, representantes del Colegio de Ingenieros Topógrafos.
A pesar de que los argumentos refieren a presiones sobre la línea de votación, “castigo” por disentir y cambios en las facilidades para abogados y topógrafos, la ministra sostiene que se trata de señalamientos falsos y que, “como en cualquier junta directiva, es normal que existan discrepancias de criterios”.
La jerarca del Ministerio de Justicia (ente al que pertenece el Registro Nacional) aseguró que cree en “procesos de diálogo respetuosos, transparentes y constructivos. Rechazo, categóricamente, cualquier afirmación que diga lo contrario”, indicó en una respuesta enviada por escrito a UNIVERSIDAD, pues dijo no poder atender una entrevista telefónica que estaba pactada.
Sin embargo, los señalamientos de los miembros salientes de la junta van más allá de la mera discrepancia.
El primero en renunciar fue Andre Vargas Siberio, quien representa a los notarios públicos en ejercicio. Él confirmó a UNIVERSIDAD que recibió presiones, aunque indicó que no eran solo por parte de la ministra.
La semana pasada, le siguieron los representantes del Instituto Costarricense de Derecho Notarial, Jaime Weisleder Weisleder (propietario) y Andreína Vincenzi Guilá (suplente). También el representante del Colegio de Abogados, Marco Antonio Jiménez Carmiol.
Weisleder presentó su dimisión con una dura carta a la ministra: “Exigirle a un miembro de Junta que tiene que votar según lo dispone el despacho ministerial, porque este fue quien lo nombró, es un irrespeto a la integridad moral y profesional de esa persona, amén de que contradice abiertamente criterios en contrario emitidos por la Procuraduría General de la República, respecto a su independencia de criterio, hecho que como muestra de dignidad y autorrespeto provocó la renuncia inmediata de dicha persona su cargo en la Junta. Disentir no se permite y se castiga”, escribió el notario.
Habló, además, de la existencia de “bandos” y “tácticas dilatorias” en las votaciones en la Junta. Reprochó también que la ministra sea juez y parte en las discusiones.
Más recientemente, anunciaron su pronta salida los representantes del Colegio de Ingenieros Topógrafos, Steven Oreamuno Herra (propietario) y Adriana Ibarra Vargas (suplente), en apoyo a sus compañeros.
“Tenemos cierta disconformidad con las políticas que se están dando.Tenemos un convenio con el Registro para el uso de las instalaciones, tenemos una oficinita y varios servicios gratuitos. Ahora se ha hablado incluso de la intención de cobrarnos un alquiler”, explicó el presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos, Ólger Aguilar.
Los topógrafos renunciarán en “solidaridad” con los abogados y en espera de que se abra una comisión para discutir estos temas.
La ministra, por su parte, insiste en que ella ha sido respetuosa con los miembros de la Junta y envió a este medio unas líneas sobre sus manifestaciones hacia Andre Vargas:
“La señora Marcia González Aguiluz pregunta al señor Andre Vargas Siberio en qué calidad mantiene su posición sobre el tema. Expresa que sus comentarios hacen suponer un posible conflicto de intereses, ya que su rol principal no debería ser para defender al gremio de los notarios, sino los intereses del Registro Nacional”, dice el extracto, aunque el acta de la sesión no se encuentra disponible por no estar en firme.
González alegó que los convenios con los colegios de Abogados y Topógrafos están vigentes y aseguró que “no ha sido discutida la posibilidad de eliminar el uso que hacen esos gremios de un espacio físico en el Registro Nacional, el acceso a las bases de datos o a los servicios básicos. Hemos tenido procesos de diálogo desde inicios del 2019 para su actualización o revisión por parte de Dirección General del Registro”, comunicó, sin detallar en qué consiste la revisión.
De momento, la Junta del Registro Nacional carece de cuórum para sesionar, pues en total está conformada por siete propietarios y seis suplentes.
El directivo Steven Oreamuno, uno de los que anuncia su salida, advirtió que están detenidos procesos como la ejecución presupuestaria o contrataciones.
La ministra González informó que la elección de los nuevos miembros “dependerá de la celeridad con la que el colegio profesional u organismo envíe la terna”.
¿Por qué discuten?
El notario Jaime Weisleder expresó que las discrepancias se relacionan con limitaciones impuestas por la Dirección del Registro a las oficinas del Colegio de Abogados y de Topógrafos que se ubican en ese edificio, en Zapote.
“Si usted en su computadora entra al Registro y pide un informe registral, se lo dan y lo imprimen gratis. La Dirección del Registro Nacional prohibió que en las instalaciones de esas oficinas se imprimieran esos informes, que son gratuitos para todo el mundo, diciendo que se tenían que pagar, y eso no se vale. Nosotros hemos venido dando la pelea porque eso es ilegal”, manifestó.
Weisleder cuestionó que la ministra González acogiera la posición de la directora del Registro, Fabiola Varela.
“Lo que quiero es enviarle un mensaje a la ministra, diciéndole que recapacite en su posición, que piense bien, que piense en el Registro, porque todo esto es consecuencia de una posición muy radical de parte de ella. Ella debió funcionar como juez y no como parte, como se convirtió ella”, alegó.
Similar criterio expuso el directivo Marco Antonio Jiménez Carmiol, quien aseguró que “se conversó” mucho del tema antes de que él y sus compañeros renunciaran.
Sobre este tema, el Ministerio comunicó: “El Registro Nacional ofrece sus servicios a gremios profesionales y a usuarios sin distinción, por lo que está en la obligación de tratarlos a todos en igualdad de condiciones, manteniendo la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios”.
“En el 2019, se conocieron consultas de gremios relativos a servicios, situación que provocó que la Junta Administrativa del Registro Nacional solicitara criterios legales y financieros para tomar una decisión amparada en la legalidad. Estos generaron discrepancias entre los miembros de la Junta que serán resueltas a partir de la semana entrante cuando se vuelva a contar con el cuórum para sesionar”, indica el comunicado.
