La ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Jessica Martínez Porras, se refirió a lo que se está planteando y buscando con el proyecto de fusionar el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Mivah y anticipó que con la fusión se espera reducir más o menos a la mitad el gasto operativo de las tres instituciones, que actualmente es de ¢24.000 millones.
Sin embargo, mencionó que esto es un tema que les preocupa porque eso les obligaría en algunos casos a tercerizar servicios o a subcontratar.
El pasado 13 de julio el Gobierno anunció que la próxima semana enviaría “un combo” de proyectos urgentes a la Asamblea Legislativa, entre los que se encuentra el de fusión de estas tres instituciones.
“Nosotros estamos comprometidos con presentar ese tema. El lunes o martes (de la próxima semana) estaremos enviando ese texto de ley. Ojalá le llegue a la Comisión de Reforma del Estado”, señaló el presidente de la República Rodrigo Chaves.
Ya en octubre de 2021, la Cámara Costarricense de la Construcción sugirió la fusión de las tres instituciones en una única entidad central para hacer “más eficiente y ágil el programa de vivienda estatal”. Y en febrero de 2022, a dos meses de terminar su mandato, el presidente Carlos Alvarado propuso la fusión.
En entrevista con UNIVERSIDAD, la ministra Martínez comentó, “desde lo conceptual” y “en términos muy generales” lo que se está planteando y buscando.
Martínez explicó que desde hace años existe una “situación muy delicada”, ya que las instituciones “han invadido sistemáticamente competencias de otras”. Pero además, es difícil articular entre ellas ya que tienen una naturaleza jurídica totalmente distinta, los marcos legales son completamente dispares y aún sin embargo, la parte organizacional administrativa es prácticamente la misma entre las tres.
Aunque el INVU se funda en los años 50 y tiene un carácter mucho más técnico y el Mivah surge a partir de 1986 con un carácter más político, de generación de política pública, tienen similitudes en sus organigramas, señaló la jerarca.
El INVU era el que “realmente estaba formulando los planes urbanos, estrategias de tratamientos urbanísticos, cómo tenía que desarrollarse la ciudad, hacia dónde crecer, los polos de desarrollo”, mientras el Mivah “se concentra fundamentalmente en hacer proyectos de vivienda”. Sin embargo, “no necesariamente esos proyectos de vivienda están dialogando con las políticas urbanas que se estaban desarrollando”.
Y por otro lado, está el Banhvi, “que es financiero de naturaleza, que básicamente es el que maneja los fondos y el que de alguna manera decide a dónde construir”.
¿Qué se quiere cambiar con la fusión?
“¿Qué es lo que buscamos? Buscamos integrar. Que las cosas que estén duplicadas se integren. Nosotros no podemos en este momento como país darnos el lujo de tener funciones duplicadas o tener personas que están haciendo lo mismo. Pero eso no significa que vamos a quitar el 80% de las personas porque así como hay temas duplicados, resulta que también hay falencias enormes en temas de especialidad”, dijo Martínez y mencionó como ejemplos temas de urbanismo, de ordenamiento del territorio y de movilidad.
“Para poder fortalecer eso usted necesita gente, y necesita gente de primer nivel, la más experta que usted tenga y eso va a costar dinero. Precisamente esa es una de las limitaciones que estamos teniendo”, señaló Martínez, refiriéndose a los salarios en la administración pública.
“Ese es un reto importantísimo y el hecho de que hagamos una fusión institucional no es que los presupuestos se van a venir a la mitad o a la tercera parte necesariamente. Sí va a haber una mayor eficiencia, sí va a haber una reducción de lo que tenemos en este momento duplicado”, destacó la arquitecta.
Martínez también explicó que en un proceso de fusión, el brazo administrativo no puede seguir siendo el mismo, porque por ejemplo, en el área de licitación de proyectos, el departamento de proveeduría debe ser “sumamente sólido y eficiente”.
“No digo que tengan que ser 100 personas, pero probablemente no va a ser una persona”, señaló.
“Yo siento que también estos temas de reforma del Estado muchas veces se entienden como ‘quitemos gente, quitemos plata, esto va a costar menos’” y subrayó que el ejercicio que hicieron fue en la línea de cómo optimizar.
“El número al que hemos estado llegando ahorita anda más o menos alrededor de la mitad de lo que en este momento gastan las tres instituciones. Los gastos operativos de las tres instituciones son ¢24.000 millones. Es significativo”, refirió la jerarca.
Sin embargo, mencionó que esto es un tema que les preocupa “precisamente porque eso nos obliga en algunos casos a tercerizar servicios o a subcontratar”.
Martínez dijo que el crecimiento “puede atenderse a través de servicios profesionales, servicios tercerizados, contrataciones puntuales para proyectos; pero el staff que quede de base tiene que ser un staff de primer nivel. Y los salarios tienen que estar compensados y tienen que ser coherentes con ese staff de primer nivel, cosa que en este momento no tenemos”.
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