El pasado 3 de junio la ministra de Salud , Joselyn Chacón, envió un oficio al Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) para que “de manera urgente” se incluya moléculas derivadas del peligroso veneno clorotalonil en el panel de plaguicidas detectados por el Laboratorio Nacional de Aguas.
Ello con el fin de que “en el menor tiempo posible” se realicen esos análisis en el agua de la comunidad de Cipreses de Oreamuno y que a través de la Unidad de Salud Ambiental del Ministerio de Salud se prepare un plan de medición de esas moléculas en los acueductos “que puedan tener factores de riesgo de contaminación por la amplia extensión agrícola en esta y otras zonas del país”.
La medida es celebrada como una victoria por el Frente Ecologista de Cipreses (Ecocipreses), organización a que agrupa a personas vecinas de la zona afectadas por la contaminación, pues desde hace meses ha denunciado el problema y logró que el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA) realizara análisis y confirmara que la presencia de sustancias derivadas del clorotalonil.
Específicamente se halló la evidencia en las nacientes denominadas Plantón y Carlos Calvo, que abastecen a una población de más de 2.500 personas en esa comunidad.
“La directriz girada por la nueva Ministra de Salud es un gran triunfo para la protección del agua,la salud y el medio ambiente en Costa Rica, desde el Frente Ecologista de Cipreses extendemos nuestras felicitaciones a la señora Ministra por tan diligente pronunciamiento a favor de la salud de todos los costarricenses”, manifestó la organización mediante un comunicado.
Ecocipreses recordó además que se trata del segundo fungicida más utilizado en Costa Rica y que es considerado “altamente peligroso”, pues es capaz de producir problemas hepáticos e insuficiencia renal. Como si fuera poco, está catalogado como un producto cancerígeno, según la Dirección General de Salud y Alimentación Segura de la Unión Europea.
La organización ambientalista comunitaria también cuestionó que el Laboratorio Nacional de Aguas solo tiene capacidad para analizar la presencia de 24 plaguicidas en el agua potable, cuando la realidad es que en el país hay más de 200 plaguicidas registrados y según un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 161 moléculas son altamente peligrosas.
“Es evidente la falta de capacidad de monitoreo del AyA en uno de los países de mayor uso y abuso de agrotóxicos”, sentencia a organización.
