La Ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada Hernández, dijo este lunes que no gestionará que se declare emergencia nacional por femicidios porque lo que está ocurriendo no es un hecho fortuito que no se pudo prever.
“La naturaleza jurídica de una declaratoria de emergencia es que es un hecho fortuito, que usted no previó y la violencia de género no es un hecho fortuito que usted no ha previsto. Nosotros contamos con políticas públicas y leyes que crean todo un sistema nacional para la atención y la prevención de la violencia. El marco jurídico está. Los recursos están”, señaló Quesada esta mañana en una conferencia de prensa realizada en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
De acuerdo con Quesada, el Inamu históricamente subejecutaba casi el 40% de los recursos, y los recursos que no se ejecutaban llegaban a una “buchaquita” y se usaban para infraestructura, lo cual señaló como importante.
Pero aclaró: “Eso quiere decir que esa plata no le estaba llegando al objetivo ni a las mujeres que tenían que llegarle. Para que eso cambie, el hecho de que nos den más recursos, no va a generar el cambio si usted no tiene un músculo, una organización y un modelo de gestión que logre ejecutarlos. Entonces lo primero que hay que hacer es ordenar la casa. Hemos estado ordenando la casa porque nos encontramos una institución con un modelo de gestión del siglo pasado, que no le estaba llegando a las mujeres”, afirmó.
“Esto no es un hecho fortuito, la situación está, hemos tenido picos históricos, en el 2007 o 2009 hubo más de 40 femicidios, hay épocas en que baja (…) Esto sí es un problema nacional pero tenemos que seguir avanzando”, indicó Quesada.
Ya en julio del año pasado, Quesada había dicho ante la Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, que la situación no era producto de un imprevisto, sino que era prevenible, por lo que no avalaba que se declarara emergencia nacional.
Cinco femicidios en lo que va del año
El 31 de mayo del año pasado, 20 diputadas solicitaron al presidente de la República, Rodrigo Chaves, declarar emergencia nacional mediante decreto en razón del alza en la cantidad de homicidios violentos contra mujeres y la abrumante tasa de femicidios.
El 17 de junio de 2024, representantes de las organizaciones Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres-CR, Mujeres por Costa Rica, la Alianza Latinoamericana de Mujeres con Discapacidad (Alamud) y el Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas volvieron a solicitar al Poder Ejecutivo que se ejecuten las políticas existentes y se amplíe la inversión social para combatir la violencia machista y detener la “emergencia” de femicidios que vive el país.
Durante 2024, ocurrieron 82 muertes violentas de mujeres, de las cuales 26 muertes fueron clasificadas como femicidios, y 40 aún están pendientes de clasificar por parte de la Subcomisión Interinstitucional de Prevención de Femicidios, según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, del Poder Judicial.
La presidenta ejecutiva del Inamu, Yerlin Zúñiga Céspedes, detalló hoy que en lo que va del mes de enero se registran cinco femicidios.
El 1 de enero fue asesinada Ingrid Espinoza Lanza frente a sus tres hijos, en Guararí de Heredia. El sospechoso es su pareja sentimental, un soldador de apellidos Machado Gómez, que está en fuga.
Un estadounidense de apellido Moriondo, de 60 años, es sospechoso de asesinar a Tamara Centeno Murillo, de 20 años, una joven costarricense, quien era su esposa. Centeno, que tenía cuatro meses de embarazo, apareció sin vida dentro de una bolsa el 24 de enero, en calle La Granja en Palmares.
El 26 de enero fue asesinada una mujer, de nombre Maribeth, en San Rafael de Heredia, y el sospechoso, de apellido Oviedo, es su compañero sentimental.
Una mujer, de nombre Sandra, fue asesinada en Santa Rosa de Pocosol hoy 27 de enero y el sospechoso fue detenido.
Mientras que Miriam Fernández Hernández, fue asesinada esta mañana en Cahuita, Talamanca.
Según Zúñiga, ninguna de las primeras cuatro mujeres habían solicitado los servicios del Inamu por violencia intrafamiliar, ni tenían medidas de protección. Sin embargo, la última víctima sí recurrió al Inamu en agosto del año pasado y fue categorizada como de “alto riesgo de femicidio”. Se le ofreció ir a un albergue junto con sus hijos, pero ella no quiso recibir el servicio. A inicios de setiembre se le entregó un botón de pánico que podía activar si se encontraba en riesgo de agresión; pero este no fue activado, según los registros, indicó Zúñiga.
