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Ministra de Justicia: Si el país quiere meter más gente a prisión debe comprometerse a decir dónde y cómo

La apertura de la cárcel de Terrazas dará un respiro a la crisis por hacinamiento carcelario, pero decenas de leyes que condenan con privación de libertad aumentan la población carcelaria de forma sostenida. La jerarca estima un crecimiento de 10 mil personas en los próximos 10 años y pregunta: ¿dónde vamos a meterlas?

La Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar, ha estado en el ojo de la tormenta tras su diferendo con el Poder Judicial, que advirtió que no podía ingresar ni un recluso más al Centro de Atención Integral (CAI) de San José (cárcel de San Sebastián), por la sobrepoblación carcelaria que llega al 20% en el sistema.

El pulso lo ganó la jerarca cuando la Sala Constitucional de manera extraordinaria le permitió el uso de los espacios carcelarios en algunos centros a fin de que liberara las también sobrepobladas celdas judiciales.

Aunque atender la crisis por el sobrepoblamiento de las cárceles se dificulta aún más con protocolos por el COVID-19, el sistema penitenciario estaba destinado a colapsar desde antes de que iniciara la pandemia.

“¿Quieren que todo el mundo, por delitos muy pequeños, vaya a la cárcel? Si el país escoge eso tiene que proveer los recursos necesarios en infraestructura y el recurso humano al sistema”, Fiorella Salazar, Ministra de Justicia y Paz.

En total, para agosto de este año, nueve cárceles superan el 20% de sobrepoblación, por lo que se consideran hacinadas. El caso más grave es el del CAI Gerardo Rodríguez que tiene una capacidad ampliada de 976 personas pero actualmente cuenta con una población de 1.600, un hacinamiento del 93.58%. Además, actualmente solo uno de los 20 centros penitenciarios no tiene medidas correctivas, y en algunos hay órdenes de cierre definitivo.

La Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar, celebra la apertura del Centro de Atención Interinstitucional (CAI) Terrazas, que aliviará la presión del hacinamiento carcelario con 1.250 espacios, pero asegura que “no quedamos ni tablas ni holgadamente”. Mientras tanto la población carcelaria seguirá aumentando de la mano de decenas de leyes que tipifican delitos; por lo que, en un año o dos, el sistema podría volver a colapsar.

El Ministerio de Justicia da cuenta de que para agosto de este año había una población penal de 15 mil personas en 21 centros penales, cada una con un costo diario de manutención de $45. Esta población es atendida básicamente por policías con un total de 3.700 personas, mientras que otro tipo de profesionales son mucho menores. Tal es el caso de los 56 psicólogos, 54 abogados, 82 orientadores, 74 trabajadores sociales y 27 educadores, según datos del propio Ministerio.

Para Salazar la respuesta primero está en el “alma nacional”, lo que decidan los costarricenses, asegura, se reflejará en la Asamblea Legislativa. Si las personas costarricenses quieren mantener un sistema punitivista que siga aumentando la población carcelaria tiene que pagar más para mantener el sistema porque actualmente las plazas no alcanzan y el recurso humano se está desgastando.

Otras medidas que podrían prevenir el colapso requieren la cooperación del Ministerio con el Poder Judicial, con quien han mantenido una tensa relación los últimos meses. Este SEMANARIO entrevistó a la jerarca este viernes 8 de octubre. A continuación un resumen de la misma:

La cárcel de Terrazas es el proyecto de infraestructura penitenciaria más importante del país en los últimos 20 años y dotará al sistema con 1.250 espacios para personas privadas de libertad.

¿Construir en la solución definitiva y única? ¿El hacinamiento es el problema o si es el síntoma de otros problemas sociales?

—Yo creo que eso lo podríamos ver en dos grandes niveles. Si usted me lo pregunta a mí, en el metro cuadrado en el que le toca trabajar al Ministerio Justicia,a  nosotros nos toca ver cómo hacemos para recibir a la gente que viene al sistema y que se queda el tiempo que se tenga que quedar. Nosotros no tenemos control sobre esa variable de cuánta gente llega y cuánta es la extensión de las penas. Pero existe un nivel mucho más grande en el que participan los tres poderes de la República, donde tenemos que ver todos cómo está el sistema penitenciario del país: Ok, está bien, van a probarse nuevas leyes con nuevas penas privativas de libertad. ¿Está el sistema dotado o ya se está caminando para que esté dotado para recibir a la potencialidad? ¿La demanda de ingresos que eso implica va a llegar?

Nosotros hemos estado revisando números en los últimos 10 años. Se aprobaron 26 leyes relacionadas con temas de penas privativas de libertad. Imagínese, es un montón. Más o menos como en 80% creció la población penitenciaria en ese tiempo, pero proyectos de infraestructura penitenciaria en esos diez años no vamos a encontrar, el proyecto penitenciario más grande es Terrazas. Fuera de ahí se fueron haciendo cosas un poco menores o pequeñas como las Unidades de Atención Integral, que fue lo que se hizo con el programa del BID.

En el sistema penitenciario buscar la solución permanente no tiene que ver solo con construir más; pero elegir una solución también tiene que ver con el sistema penitenciario que quiere Costa Rica. ¿Quieren que todo el mundo, por delitos muy pequeños, vaya a la cárcel? Si el país escoge eso tiene que dotar de los recursos necesarios en infraestructura y el recurso humano al sistema para poder recibir esa cantidad de gente. Pero es una discusión que, me parece a mí, es de la sociedad costarricense, que luego se tendrá y se formalizará en la Asamblea Legislativa en determinado momento para saber si eso es lo que el país quiere. Porque si contrastamos los números de Costa Rica con el número de otros países, Costa Rica está en el segundo lugar de los países de la OCDE en tasa de prisionalización, solo superado por Estados Unidos.

…Pero si vemos temas de efectividad, uno se preguntaría: ¿nos ha solucionado eso el tema de la delincuencia o se lo ha solucionado al país que está incluso por encima de nosotros? Me parece que la respuesta no sería positiva en ninguno de los dos casos.

La sociedad claramente juega un papel en cómo se va a encaminar el sistema penitenciario, pero no se puede evitar que el presupuesto refleje la visión que la institución tiene en este momento para la atención penitenciaria. Usted solicitó ante la Comisión de Hacendarios un aumento del presupuesto para atender plazas, para atender la manutención de los privados de libertad… ¿Tomó en cuenta los programas de prevención del delito?

—Bueno, nosotros le apostamos muchísimo a la parte de la prevención de la violencia, en los centros cívicos existentes y en otro montón de comunidades con centros cívicos sin paredes; aunque no exista formalmente el programa. O sea, las intervenciones programáticas las hacemos por todos lados y en la convicción que tenemos.

Entonces, la apuesta del Ministerio por la prevención para este país es absoluta y es uno de los programas presupuestarios, después de lo penitenciario, que tiene más importancia a nivel del presupuesto total. Pero la parte penitenciaria es la que es y nosotros necesariamente tenemos que proponer las soluciones dentro de nuestro campo de acción. Entonces por un lado está construir algo más. Y estamos proponiendo en el proyecto presupuestario construir alrededor de 600 espacios con un superávit que fue transferido del Registro Nacional que, gracias a una ley que aprobaron los diputados de la República, es de uso exclusivo para infraestructura penitenciaria.

Terrazas va a ser un respiro, pero es que ese respiro va a significar más gente trabajando ahí, más gente comiendo ahí, más seguros de salud que tenemos que pagarle a la Caja. Eso es a lo que me refiero. Si el país quiere tomar la decisión de meter mucha gente a la cárcel, pues meter mucha gente a la cárcel no es solo hacer cuatro paredes y un techo, ¿verdad? Es tomar en cuenta en la planilla pública qué se necesita para que eso funcione, en tiempos donde estamos tratando de reducir el tamaño del Estado, en tiempos donde estamos intentando contener gasto. Además, si se le dice que vamos a aumentar gasto para lo penitenciario no es tan llamativo, como si le decimos que vamos a aumentar gasto para niños o vamos a aumentar gasto para crecimiento productivo, por ejemplo.

Ese es un tema que hay que socializar también en el alma nacional. Yo me acuerdo que una de las metas que yo traía era cambiarle en lo que se pudiera la imagen que tiene ahí afuera la gente del sistema penitenciario, que no se viera el sistema penitenciario como el patio de atrás de la casa donde está lo que uno no quiere ver, porque lo que está ahí no son cosas, son personas. Y nosotros necesitamos como país apostar porque el tiempo que la gente esté en la cárcel sea un tiempo no de estanque, sino un tiempo productivo que fluya.

Entonces la prevención en el presupuesto sigue relegada con respecto al sistema penal…

—El presupuesto no es tan chiquitito. El presupuesto en prevención, si no me equivoco, son como ¢1.700 millones, que también es un montón de plata porque la prevención no tiene que atender a nivel de gastos fijos tanto como sí o sí tiene que atender el sistema penitenciario. Además a la prevención se le están sumando ahora casi $30 millones o más del préstamo del BID.

Entonces, más bien nosotros ahora tenemos muchísimo dinero que ejecutar, no solo en la construcción de los centros cívicos, sino en dotarnos de la plataforma tecnológica para que funcione como un sistema, para que recojamos información que sea útil para temas de prevención en el país, para analizarlo y tomar decisiones. Y también sobre los centros cívicos sin paredes, es decir, sobre todo la oferta programática que queremos dar en el país, en otras partes donde no se vaya a construir un centro cívico. Entonces digamos que de presupuesto ordinario tiene una categoría bastante importante, pero se le está sumando una cantidad de dinero de la parte del préstamo, por lo menos para unos cinco años, que más bien tienen que trabajar bastante para poder gastar.

En un escenario en el que las personas costarricenses dicen que tenemos que seguir metiendo gente en la cárcel, con la regla fiscal encima y con el presupuesto del Ministerio ajustado: ¿estamos destinados a continuar colapsando el sistema penitenciario con respiros ocasionales?

—Terrazas viene a darle, como bien decía usted, un respiro al sistema. O sea, no es que abrimos Terrazas y se acabó la sobrepoblación del país sino que baja y, afortunadamente, saldríamos de número de hacinamiento y Costa Rica dejaría esa lista. Pero no quedamos ni tablas ni holgadamente.

En los últimos diez años a este ministerio le han aprobado solamente el 15% de las plazas policiales que se han solicitado. Eso es terrible. Y solo el 9% de las plazas técnicas y administrativas para trabajar con la población penitenciaria. Entonces, podrá imaginar usted la brecha que tenemos entre la cantidad de gente que hay que atender y los recursos que realmente tiene la institución. Yo aquí reconozco la mística y la vocación de la gente que trabaja en este ministerio, porque se multiplica y la tarea sale, pero estamos acumulando un desgaste muy preocupante en la gente que ya está. Prueba de ello también son la cantidad de demandas por vacaciones que no hemos podido dar, que no negamos. Es real y tan real es que es una preocupación que estamos tratando de sacar poco a poco. La Policía Penitenciaria tiene una programación donde en un tiempo determinado tienen que poner al día a todo el mundo de vacaciones.

¿Hacer más infraestructura? Nuestros propios cálculos dicen que en 10 años la población penitenciaria va a crecer en 10.000 personas. Dígame usted, ¿dónde? En la infraestructura actual, incluyendo terrazas, e incluyendo lo nuevos que podamos hacer, ¿dónde vamos a meter 10 mil personas más? Entonces, si el compromiso del país es meter más gente a la prisión, también el compromiso del país tiene que ser decir dónde y cómo.

En ese caso, ¿cuáles son las políticas públicas o medidas que son necesarias tomar para que, con la infraestructura actual, el sistema penitenciario se sostenga y evitemos el colapso?

—Yo respeto a los jueces porque ellos son los que saben a quién le ponen una medida cautelar privativa de libertad de quien no, pero nosotros vemos privaciones de libertad de 5, 15 o 30 días que generan una masa crítica importante. Esas privaciones son unas 2 mil o 3 mil personas en el sistema que vienen y van y que vienen y van. Hay gente que se le gasta la medida cautelar haciendo aislamiento por COVID-19, por ejemplo.

Si se pudieran utilizar las otras opciones que el marco normativo nacional tiene, es decir, que se han aprobado jurídicamente para no mandar a la gente una medida cautelar tan cortita, sobre todo en tiempos de pandemia, yo creo que se liberaría algo de presión de la masa crítica de cantidad de gente que hay ahí.

Por otro lado, yo realmente creo que cada vez que en la Asamblea Legislativa se apruebe una nueva ley que imponga penas privativa de libertad, tiene que haber algún tipo de exigencia material o qué indique que se necesita de infraestructura para poder recibir a la gente que va a salir con un delito de esa ley y que va a venir a cumplir una pena privativa de libertad. Si no tenemos una variable fija que es infraestructura con una variable creciente, que es ingreso al sistema penitenciario, esa lógica material es imposible.

No vamos a poder como país sostener un aumento sostenido de ingresos al sistema penitenciario nuevos… porque el único derecho que tienen suspendidos es el de libre tránsito. Estas personas mantienen su derecho a la salud, a comer bien, a dormir en un lugar digno y tal; no los han perdido.

Observando las tensiones que vivieron las últimas semanas entre el Poder Judicial y el Ministerio me da la impresión de que hay una coadministración indirecta: el Ministerio tiene que administrar, pero está amarrado por lo que el Poder Judicial diga.

—Nosotros sí hemos sentido que a veces las decisiones judiciales ingresan hasta la cocina de la casa. Igual somos respetuosos porque ni siquiera podemos apelar. Yo no sé si esto la gente lo sabe o la gente lo entiende bien. Nosotros, por ley, por el Código Procesal Penal, no podemos ni siquiera apelar las decisiones que nos llegan. Las decisiones las puede apelar la Defensa Pública o la Fiscalía, pero el Ministerio sobre el cual recaen esas decisiones no tiene voz.

Yo no podría decir abiertamente que ellos están coadministrando, porque me lo cuestionarían, pero yo lo que sí siento es que está clarísimo, y la propia Sala lo ha dicho, que a quien le toca la administración del sistema penitenciario es al Ministerio de Justicia y Paz. Y nosotros entendemos por administración todo: la parte de los recursos físicos, los recursos materiales y los recursos humanos y financieros. Pero, por ejemplo, yo a veces recibo órdenes que me dicen que no entre ni siquiera a hacer mejoras en tal edificio; entonces realmente uno se queda con esa duda existencial: ¿no se supone que el edificio es de Justicia?

Yo creo que a lo largo del tiempo se han ido aparcando y se han ido acumulando prácticas que tal vez no son las que tienen que ser. Y me parece que un poco lo que estamos viviendo ahora entre ambos poderes de la República es como un reacomodo de esta situación. Ellos se dieron cuenta de que nosotros de alguna forma tenemos los lugares, pero ellos nos prohibían usarlos, hasta ahora que nos dieron la autorización.

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