La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, señaló irregularidades en la actuación del Gobierno anterior relacionadas con el presupuesto extraordinario que solicitó este mes al Congreso, una petición por ¢600.045 millones para amortizar deuda interna que —según la jerarca— la pasada administración pudo (y debió) haber remitido a la Asamblea Legislativa desde inicios de este año.
La ministra incluso estimó que la cartera que dirige ya ha realizado amortizaciones por ¢48.000 millones en junio y julio sin autorización legal, algo que pudo evitarse, pues la pasada administración ya conocía el abrupto crecimiento en la colocación del endeudamiento a corto plazo.
Además de este error, la jerarca subrayó que el Gobierno pasado permitió otra irregularidad al presupuestar canjes por ¢300.000 millones que finalmente no pudieron materializarse en su totalidad (sino en cifras cercanas a los ¢80.000 millones); algo que no se acostumbra a realizar y por lo que abrirá “investigaciones preliminares”.
Las palabras de la ministra fueron parte de su participación de esta tarde en la comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, ante la que defendió el primero de dos presupuestos extraordinarios con los que espera amortizar deuda primero y ajustar a la baja los ingresos previstos para este año que finalmente serán inferiores.
En esta primera ocasión, el proyecto adhiere amortizaciones de deuda interna por ¢700.000 millones y trasladan ¢6.331 millones para inversión pública, al tiempo que incluye ¢129.9 millones en donaciones internacionales, reclasifica ¢75.000 millones de caja única para amortizar la deuda e incluye ¢24.955 millones que se ganarán por las directrices de contención del gasto en empleo público.
Con estas medidas, Aguilar aseguró que el presupuesto finalmente habría crecido un 13% entre 2017 y 2018, cifra que será más elevada cuando se incluya el segundo ajuste, que podría rondar los ¢300.000 millones.
Esos ¢300.000 millones corresponden a un ajuste en los ingresos que estimó la administración anterior para este año, que finalmente no alcanzaron las expectativas y sólo podrían disminuir si se logra mitigar con algún otro tipo de financiamiento.
Este segundo presupuesto extraordinario, a diferencia del primero, sí afectaría los números del déficit fiscal (alrededor de un 0,75% del PIB), pues están directamente relacionados con la diferencia entre gastos e ingresos, mientras que la amortización de la deuda no está directamente relacionada.
Los motivos
Sobre los principales motivos por los que se solicita este primer presupuesto extraordinario de ¢600.045 millones, la ministra Aguilar reiteró la explicación que giró su cartera desde inicios de mes, cuando subrayó que el endeudamiento a corto plazo creció de forma importante en los últimos dos meses de 2017, provocando amortizaciones por ¢660.000 millones que no habían sido contempladas.
En esa línea, la jerarca indicó que “la razón de ese fuerte aumento en el financiamiento a corto plazo en los últimos dos meses fue por el pago de aguinaldos y otros pagos adicionales que tenía que enfrentar Hacienda (…) posiblemente relacionados con la falta de liquidez que el Gobierno anterior anunció en agosto pasado”.
Esa “menor estimación de vencimientos” de deuda para 2018 provocó el desfase con la realidad de este año que ahora requiere del ajuste presupuestario, algo que —como señaló la jerarca— el anterior Gobierno pudo haber atendido desde inicios de año.
No obstante, Aguilar enfatizó que “esto no implica una modificación en el saldo de la deuda”, por lo que no se impacta en los resultados fiscales sino en el pago de amortizaciones, pues “lo que está cambiando es que en lugar de vencer en periodos posteriores a 2018, está concentrado un monto importante en el corto plazo”.
“Eso explica en buena medida este presupuesto extraordinario. Insisto, aquí no requerimos de más deuda, lo que se requiere es cubrir los vencimientos, que ya están contemplados en el saldo durante el 2018”, subrayó.
Sobre el nuevo presupuesto, dijo que estará listo en las próximas semanas, pues “la Contraloría General de la República está haciendo una reestimación de los ingresos porque se requiere de su certificación”.
¿Cálculo político?
Ante la presentación de este presupuesto extraordinario, la diputada liberacionista y presidenta de la comisión de Asuntos Hacendarios, Silvia Hernández, señaló que hay dos elementos que analizar, uno financiero y otro político.
“Técnicamente, ciertamente el presupuesto extraordinario, por lo menos el que hoy llega a Hacendarios por el primer tracto sí es para el pago de amortización de deuda. Es decir, ciertamente hay un componente financiero porque hay que pagar esa colocación”.
“Por el otro lado, está el por qué se envía hasta ahora y por qué si se conoce que incluso faltan ¢300.000 millones adicionales, casi un billón en completo, no se manda el adicional en un sólo presupuesto. Ahí sí hay un tema de error de cálculo o cálculo político”, apuntó.
Para Hernández, el tema además “desafortunadamente hace pensar que esté muy ligado al proceso electoral”, en el que “más allá de si se tapa el número o no, deberían sentarse responsabilidades administrativas”.
“Es imposible estar arrastrando pagos de intereses con amortizaciones pendientes si ya se sabía le faltante en el presupuesto porque, a las estimaciones que nosotros hemos hecho, esto se pudo enviar desde finales del año pasado o a inicios de este año”, puntualizó, justo antes de señalar que esperaría que se busque identificar cuál fue el error y por qué sucedió.
“El presidente Luis Guillermo Solís vino aquí a hacer su cierre de administración diciendo que hizo un manejo heróico de las finanzas públicas, pero yo diría que esto más bien demuestra que no hubo ningún manejo de ese tipo. El manejo que se hizo con el presupuesto extraordinario y estos presupuestos extraordinarios, desafortunadamente, al menos al día de hoy, deja mucho que decir”.
La comisión de Asuntos Hacendarios además llamó a comparecer a la tesorera nacional exviceministra de Hacienda, Martha Cubillo; así como al exdirector de Crédito Público, Melvin Quirós, y a la directora del Presupuesto Nacional, Marjorie Morera.
