La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, afirmó hoy que el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Román Macaya, habría incumplido la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas al negociar un acuerdo con los sindicatos de esa institución sobre la forma en la que se aplicarían las normas en materia de empleo público.
La jerarca brindó sus declaraciones ante los diputados de la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, donde hoy dio su criterio sobre las negociaciones entre las autoridades de la CCSS y sus trabajadores.
Aquellas negociaciones se remiten a agosto pasado, cuando un acuerdo entre el Gobierno, la Caja y sus trabajadores frenó una huelga de una semana en los servicios de salud.
Ese acuerdo luego debió se retractado por las autoridades de la CCSS, después de que la Contraloría General de la República (CGR) decretara su nulidad.
“El Presidente Ejecutivo de la CCSS, en mi opinión, no cumplió con lo estipulado en el título tercero de la ley”, indicó la ministra de Hacienda sobre Román Macaya, después de que el diputado Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional, le consultara al respecto.
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Aguilar subrayó que la potestad de “interpretar, modificar y derogar” las leyes es de los diputados; por lo que, desde su punto de vista, Macaya se habría extralimitado al prometer una forma de aplicación en concreto.
También afirmó una vez más que se sorprendió cuando vio las firmas de los ministros de la Presidencia y de Trabajo, Víctor Morales y Steven Núñez (ahora exministro), en el acuerdo; aunque matizó diciendo que lo suyo era un criterio estrictamente hacendario y que no contemplaba otros “balances y ponderaciones” que pudieron ser hechos por el gobierno del presidente Alvarado, en medio de una compleja huelga en el sector público sanitario.
Aguilar además cuestionó que su cartera haya tenido que realizar hasta cuatro reglamentos para clarificar la forma en que debían aplicarse las normas del plan fiscal en la CCSS, cuando uno solo hubiese sido más que suficiente “si todos hubiéramos estado convencidos con el espíritu de la ley” (aplicable a todos los funcionarios, desde su aprobación).
La diputada del PLN, Yorleny León, también cuestionó a la ministra si se habían realizado pagos de más por las interpretaciones de la CCSS; sin embargo, la jerarca prefirió no especular al respecto. Eso sí, dijo que, en caso de que así fuera, “sería responsabilidad de los jerarcas la recuperación de las sumas pagadas de más”.
Las palabras de Aguilar generaron incomodidad en los diputados de la comisión, quienes se manifestaron especialmente en contra del jerarca de la Caja, Román Macaya.
Entre ellos, la jefa del PLN, Silvia Hernández, señaló que si bien la institución “pudo haber estado tomada por los sindicatos, nunca debió utilizar como moneda de cambio la aplicación de la ley”. Por su parte, el diputado independiente Erick Rodríguez fue todavía más intenso con sus palabras y acusó a las autoridades de la CCSS de “ceder ante un chantaje” de huelga con un acto evidentemente incorrecto.
