La nueva ministra de Comunicación, Nancy Marín, respaldó el atraso que ha tenido el presidente, Carlos Alvarado, en firmar la norma técnica sobre el aborto terapéutico y aseguró que al ser un tema de “urgencia” se requiere de una mesurada “rigurosidad técnica”.
“Yo creo que, precisamente, porque es importante para las mujeres y tan álgido en términos de opinión pública, se debe hacer bien hecho. Se debe hacer bien hecho y se debe hacer desde lo técnico”, comentó la ministra de comunicación.
El tema le ha generado ruido y presión al presidente, Carlos Alvarado, quien se comprometió desde la campaña electoral a firmar la norma técnica para implementar el aborto terapéutico en el país durante su Gobierno.
Sin embargo, en los primeros días de su gestión el Presidente dijo a los medios de comunicación que firmaría la norma pero cuando él considerara que “fuera un momento oportuno”.
Dichas declaraciones levantaron críticas por parte de distintos sectores de la población, así como de grupos activistas en defensa de los derechos de las mujeres e incluso gente de su gabinete y fracción.
Marín aseguró que el tiempo que demore será “para que salga de la mejor forma y que más bien no cause disonancia entre la gente”.
Voces y discusión
Precisamente, este miércoles por la mañana, autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como el presidente ejecutivo, Román Macaya, y el gerente médico de la institución, Roberto Cervantes, enfatizaron en la necesidad de el país cuente que la norma técnica para regular el aborto impune.
Ambos rindieron declaraciones ante legisladores de la Comisión de la Mujer, luego del debate que se han generado en el Plenario Legislativo en torno a distintas posiciones contra el aval del Presidente a esa norma.
Macaya indicó que aunque la norma técnica es potestad del Ministerio de Salud, ponen a disposición cualquier criterio de la Caja en caso de ser necesario.
El tema se ha mantenido vivo en el plenario legislativo. Días atrás se aprobó una moción para pedir al presidente que se abstenga de la firma de la norma técnica. Otras declaraciones como la del diputado, Jonathan Prendas, quien afirmó que “ninguna enfermedad puede llevar al deceso de una mujer embarazada”, levantaron polémica los últimos días.
En este sentido, Roberto Cervantes, contradijo al diputado Prendas y aseguró que la vida de la mujer sí corre peligro de muerte por un embarazo.
El debate legislativo se abrió luego de que el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, aseguró que el presidente Alvarado firmará la norma técnica sobre aborto terapéutico este año.
También, varios diputados del bloque independiente Nueva República, con el apoyo de legisladores de otras cinco agrupaciones, presentaron un proyecto de ley que establece una serie de derechos para “todo ser humano desde el momento de la fecundación hasta el momento de su nacimiento”.
Sobre la discusión que han encabezado los legisladores en el Plenario, Marín fue contundente al afirma que el Poder Ejecutivo no irá más allá de lo que está escrito en el Código Penal desde 1970.
La ministra aseguró que el debate que han encabezado diputados por el hecho de temer que la norma técnica vaya más allá de lo que se permite en el Código Penal, no debería darse, dado que en ningún momento el Gobierno habla de ir más allá. “El Ejecutivo no se puede mover de ahí. Si se quisiera mover de ahí necesariamente pasa por la Asamblea Legislativa y no lo estamos haciendo”.
A la espera de la norma técnica
Pese a que el expresidente Luis Guillermo Solís adquirió un compromiso y prometió que firmaría la norma técnica al concluir su administración, no fue así. Al concluir su administración, alegó que “no había ambiente político” para hacerlo.
Por su parte, el presidente Alvarado prometió firmar la norma técnica durante su administración. No obstante, a inicios de su gestión, el mandatario aseguró que firmaría la norma cuando considerar que fuera “un momento oportuno”, dado que en el orden de prioridad de los temas que tenía que atender, no figuraba ese en un plazo inmediato.
La norma técnica una reglamenta la identificación de las situaciones de riesgo y establece la manera de proceder en casos en los que la madre requiera intervención. No obstante los diputados que apoyaron la moción aseguran que el Gobierno ampliaría las opciones para que las mujeres puedan interrumpir su embarazo.
El camino para poder aprobar la norma técnica, inició desde el pasado Gobierno del expresidente, Luis Guillermo Solís (2014-2018). El compromiso que adquirió se remonta al caso de Ana y Aurora, quienes fueron víctimas de la no aplicación de la ley que regula el aborto terapéutico.
Ambas acudieron en el 2013, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para poner una demanda contra el Estado Costarricense por no aplicarse la ley escrita en el artículo 121 del Código Penal. A ambas se les negó la interrupción del embarazo pese a que sus vidas corrían riesgo.
Ana y Aurora llegaron a un proceso conciliatorio con el Estado en el 2015 para evitar una sentencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).