El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) deberán definir una fecha para revisar los celulares y la computadora que se le decomisaron al presidente de la República Carlos Alvarado, cuando su despacho fue allanado el 28 febrero de este año, como parte de la investigación por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (Upad).
Incluyendo los dispositivos de almacenamiento decomisados en el despacho del mandatario, se podrán revisar al menos 15 computadoras portátiles (laptops), 33 dispositivos de almacenamiento externo USB, 12 teléfonos celulares, tres procesadores (CPU), dos relojes inteligentes, dos discos duros externos y dos Tablets. Todos estos fueron decomisados durante el allanamiento del 28 de febrero en Casa Presidencial, el Ministerio de Planificación y las viviendas de los asesores presidenciales.
En la resolución número 2020-01519, emitida el pasado viernes 20 de noviembre de la cual UNIVERSIDAD tiene copia- la Sala de Casación Penal autorizó la revisión de los dispositivos.
Ahora el Ministerio Público y el OIJ deberán pactar una fecha para que la Sección de Delitos Informáticos y Cibercrimen del OIJ empiece a revisar la evidencia. En un principio se había definido el 23 de noviembre como la fecha de inicio y el periodo de trabajo abarcaría dos semanas; sin embargo, como la resolución de la Sala III no llegó con suficiente antelación para notificar a las partes, deberá definirse una nueva fecha.
En su resolución, los magistrados de la Sala III indican que se deberá crear una “imagen forense correspondiente”; es decir, “una copia de trabajo idéntica a los indicios secuestrados”, para que los expertos los revisen “preservando la integridad, autenticidad y seguridad de los datos existentes en la evidencia decomisada”.
Las partes involucradas podrán estar presentes o también se puede realizar supervisada por un juez de garantías, o mediante la participación de ambos.
El Ministerio Público investiga a Alejandro Madrigal Rivas, Andrés Villalobos Villalobos y Diego Fernández Montero, asesores de datos del Presidente de la República, quienes habrían conformado, por orden del presidente Carlos Alvarado Quesada y el Ministro de la Presidencia Víctor Morales Mora -también investigados- una unidad gubernamental para compilar y analizar datos para ejecutar políticas públicas.
Según la denuncia, la Upad fue creada mediante el decreto 41996-MP-MIDEPLAN, del 14 de octubre de 2019 -posteriormente derogado-, y aparentemente “recolectaba datos e información sensible de los costarricenses, misma que era peticionada por el Poder Ejecutivo a instituciones públicas”.
A los denunciados se les atribuye “haber pretendido legalizar la recolección de datos sin orden judicial, señalando que los funcionarios de la Upad posiblemente colaboraron con la ejecución del decreto”.
Sala de Casación rechaza alegatos de Alvarado en investigación por caso UPAD
Abogados defensores del mandatario impugnaban el acceso de investigadores al teléfono personal y computadora, pues insisten en que no son necesarios para indagar lo que le imputa la Fiscalía.
