La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) nombró al economista Gustavo Picado Chacón como nuevo Gerente Financiero, por un periodo de seis años, el pasado 22 de abril, aunque está siendo investigado por el Ministerio Público, por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública, específicamente por supuestamente causar una crisis financiera en la institución, que habría tenido secuelas en la prestación de los servicios de salud.
Picado Chacón asumirá el puesto el próximo 3 de mayo; pero su nombramiento ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones gremiales y por quienes interpusieron la denuncia en su contra.
Sin embargo, las autoridades de la Caja declararon a este medio que “se consideró que la investigación del Ministerio Público se encuentra en su fase indagatoria, y constitucionalmente existe la garantía de presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso”.
Mientras, la representante por los trabajadores ante la Junta Directiva de la CCSS, Martha Elena Rodríguez, declaró a UNIVERSIDAD que no se iba a referir el tema hasta tanto el Ministerio Público no resuelva lo que corresponda.
En comunicación enviada a este medio por el Ministerio Público, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó que Picado Chacón figura como imputado en la causa 12-000046-0615-PE por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública.
La causa fue enviada al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública el 13 de marzo de 2020, con una acusación contra 16 personas, y se solicitó el sobreseimiento de la causa para tres personas. Actualmente se espera que el Juzgado programe la fecha en que se realizará la audiencia preliminar.
Denuncia interpuesta hace nueve años
En 2012, el economista de la Caja, Daniel Muñoz Corea, interpuso una denuncia contra 16 altos mandos de la CCSS, a quienes se les acusaba por la crisis financiera de la institución, que tuvo secuelas en la prestación de los servicios de salud que utiliza la población y también por la presunta contaminación de la crisis al seguro de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
La denuncia hace una relación de hechos y pruebas documentales sobre presuntas omisiones, incumplimiento de funciones y hasta posible dolo de gerentes y jefes de la CCSS, que habrían llevado a que la junta directiva aprobara (en el periodo 2006 – 2010, bajo la presidencia ejecutiva de Eduardo Doryan), aumentos en remuneraciones al personal y otras decisiones tomadas sin el debido respaldo técnico.
Caja y Fiscalía cuestionadas en comisión legislativa
Diputados y denunciantes cuestionan tardanza de investigación penal y que jerarcas denunciados sigan laborando en la CCSS.
En 2012, la “Comisión Especial Investigadora de las causas, responsabilidades y responsables de los problemas de la Caja”, en la Asamblea Legislativa analizó el caso (Expediente 18.201). Y en 2016 la Comisión de Ingreso y Gasto Público también analizó la denuncia.
De acuerdo con datos difundidos por el ciudadano Roberto Mora, “el Cobrador de la Caja”, en agosto de 2020, la Procuraduría General de la República informó que el daño social causado por los imputados en la causa se estimaba en ¢217.000 millones, según un peritaje realizado.
Mora señaló también que según el oficio Nº PE-0780-2018 del 16 de abril de 2018 enviado por la Presidencia Ejecutiva de la CCSS, los candidatos a puestos gerenciales tienen que aportar una certificación emitida por el Ministerio Público, haciendo constar que no aparecen causas pendientes o, en su defecto, las causas penales abiertas en su contra.
Autoridades de la Caja defienden decisión
Este medio consultó a las autoridades de la Caja, las cuales respondieron que la decisión “se adoptó teniendo a la vista el criterio técnico de una firma consultora externa especialista en materia de recursos humanos”.
Afirmaron, que conocen y atienden por parte de la Dirección Jurídica de la institución “la investigación que se sigue en contra de diversos funcionarios incluidos el señor Picado”.
También declararon que “se consideró que la investigación del Ministerio Público se encuentra en su fase indagatoria, y constitucionalmente existe la garantía de presunción de inocencia y el derecho a un debido proceso que le asiste a toda persona procesada, de conformidad con reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional y el derecho internacional, principios esenciales en un Estado de Derecho”.
Recalcaron que la institución “respeta lo que los tribunales de justicia determinen para este o cualquier proceso, una vez agotadas todas las instancias legales y exista resolución en firme, determinando así una vez concluido el proceso eventuales responsabilidades de funcionarios de la institución, actuando conforme a derecho en cada caso”.
Asimismo, apuntaron que Picado Chacón “no tiene procedimientos administrativos abiertos en este momento”, según el Centro para la Instrucción de Procedimientos Administrativos (CIPA).
UNIVERSIDAD solicitó el acta de la sesión en que fue aprobado el nombramiento; sin embargo, la oficina de comunicación de la Caja informó que ésta aún no ha sido publicada por la Secretaría de Junta. Solo se indicó que fue electo por mayoría.
Habla representante Martha Rodríguez
Martha Rodríguez, de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca) dijo en entrevista con UNIVERSIDAD: “Hasta el momento no me he referido a este caso porque hay una denuncia ante el Ministerio Público; yo no voy a hacer referencia a este tema hasta tanto el Ministerio Público no resuelva lo que corresponda, hasta que los Tribunales resuelvan lo que corresponda. Lo pertinente en este caso es esperar a que se siga el debido proceso”.
La representante por los trabajadores ante la Junta Directiva de la CCSS comentó que sí se pidió al funcionario -y a todas las personas que postularon – que certificaran que no estaba inhabilitadas para ocupar un puesto público y que no hubieran sido condenadas por algún delito.
Rodríguez no quiso responder si su voto fue a favor o en contra del nombramiento de Picado Chacón. Dijo que la decisión de la junta directiva fue de mayoría; aunque aclaró que no fue unánime.
“Lo que sí le puedo decir es que yo represento realmente los intereses de los trabajadores y las trabajadoras del país; es a esos trabajadores y trabajadoras a quienes me debo y a la defensa de la seguridad social, que es tan importante para toda la población costarricense”, expresó la dirigente.
“Sí hablé con algunas organizaciones, con aquellas que me habían pedido que informara. Otras organizaciones que han mandado notas donde dicen que no los represento y que han cuestionado mi nombramiento, con ellos no he tenido ninguna relación”, subrayó Rodríguez.
Proceso de selección duró más de un año
El cargo de Gerente Financiero estaba vacante tras la renuncia del anterior gerente, Carlos Alfaro Alfaro, en octubre del 2019. El cargo lo ejercía de forma interina hasta ahora Luis Diego Calderón Villalobos.
Según informó la CCSS, Picado Chacón tiene 25 años de trabajar en la institución y ha sido Gerente Financiero, Administrativo, Director de Recursos Humanos, de Pensiones y Administrativo Financiero. Actualmente era jefe del Área Estudios Económicos de la Dirección Actuarial y Económica.
El proceso que culminó con su nombramiento empezó a principios de 2020. De acuerdo con Wálter Campos Paniagua, director de la Dirección de Administración y Gestión de Personal, 22 personas completaron el registro de elegibles, 19 personas continuaron con las etapas de pruebas psicométricas, técnicas y de competencia, que realizó una empresa asesora externa. Fueron entrevistados 10 participantes, se eligieron cuatro candidatos y se pusieron a prueba sus competencias y habilidades por medio de una evaluación situacional. Luego se conformó una terna final, los candidatos fueron entrevistados por los miembros de Junta Directiva, y posteriormente la junta tomó la decisión.
