El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) no tiene potestad legal de cerrar una empresa por incumplimientos a la legislación laboral nacional, según el ministro del ramo Luis Paulino Mora.
El jerarca compareció la tarde de este jueves ante las y los diputados de la Comisión de Derechos Humanos, que investiga las agresiones recibidas por las trabajadoras de las tiendas SYR y las acciones que se han tomado respecto a la intervención de dicha empresa y la situación de los derechos laborales en Costa Rica.
Comparecieron junto con Mora, el director nacional de la Inspección de Trabajo, Víctor Aguilar y el Viceministro del Área Laboral, Walter Villalobos.
Mora comenzó su intervención diciendo que se requiere una reforma a la inspección laboral pues aún cuando se encuentren irregularidades durante una visita, no se pueden establecer multas o sanciones de una vez, si no que se hace una recomendación, que si no es cumplida, se envía a sede judicial donde puede que se establezcan las sanciones.
“No hay una forma legal en nuestra legislación laboral para cerrar por parte del Ministerio ninguno de estos centros. La única posibilidad que tiene el ministerio de cerrar un centro de trabajo en materia laboral es por ausencia de póliza de riesgos y para cerrar por ausencia de póliza de riesgos, tiene que ser una acción concatenada con el personal del Instituto Nacional de Seguros”, indicó Wálter Villalobos.
Mora recalcó que si bien la intención no es ser intrusivos en el proceso económico o impedir la reactivación económica pero aseguró que esos procesos “no pueden construirse tampoco en la base (sic) o sobre los hombros de la violación de derechos laborales. Y no hablo de cualquier derecho laboral, sino de este caso, que podríamos estar hablando inclusive de derechos fundamentales”.
Así, dijo, debería discutirse la posibilidad de cierre “cuando existan derechos fundamentales que estén en entredicho”.
Cuestionados por los diputados, los jerarcas admitieron además que no se cuenta con suficientes recursos, ni humanos ni económicos, para supervisar a cabalidad el cumplimiento de la ley laboral.
“Tenemos prácticamente ochenta años del Código de Trabajo y en todos estos años no hemos pasado de 120 inspectores, y ahora en la actualidad creo que tenemos 88 para toda la realidad nacional. Esos 88 hacen 25.0000 inspecciones al año”, detalló el jerarca.
Aguilar indicó que aunque él considera que sí hay suficiente legislación donde hay problemas es en los recursos. “88 inspectores para una población de 1.300.000 trabajadores, 29 oficinas, pocos vehículos, vehículos ya con muchos años de servicio”, repasó.
Villalobos además insistió que es necesario reconocer que “el hilo de la necesidad laboral” está provocando en este momento “que personas vulnerables prefieran no denunciar”, aunque contradictoriamente el ministro insistió en que el trabajo del ministerio se ha enfocado en brindar información a las personas trabajadoras, para que denuncien.
“Necesitamos crear esas condiciones para que ellos se sientan en esa oportunidad. Desgraciadamente usted pone una tapia y lo que pasa adentro es difícil saber para el ciclo inspector”, dijo Mora.
Fue entonces que la diputada Johana Obando, del PLP, cuestionó al jerarca por responsabilizar a los empleados de las situaciones que viven, cuando el mismo ministerio reconoce que la pobreza y la vulnerabilidad los empujan al silencio.
