País

Ministerio de Seguridad responde 6 de 11 consultas de Defensoría sobre plan contra criminalidad

Sala Constitucional otorgó cinco días adicionales para completar información pendiente sobre financiamiento y evaluación de "Costa Rica Segura Plus 2023-2030".

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) presentó respuestas a 6 de 11 interrogantes planteadas por la Defensoría de los Habitantes sobre la implementación del plan Costa Rica Segura Plus 2023-2030, según informó el ministro Mario Zamora Cordero tras recibir el voto parcial de la Sala Constitucional.

“La Sala Constitucional da una especie de ‘empate técnico’, ya que en seis de los interrogantes que plantea la Defensoría nos da a nosotros la razón, y en cinco de ellos le dice a la Defensoría que puede nuevamente plantearlos ante el Ministerio de Seguridad y nos da un plazo de cinco días para responder”, explicó Zamora.

El programa está respaldado en el presupuesto nacional con ₡24.000 millones para 2024 y ₡11.000 millones para 2025, según informó el Ministerio.

Entre los temas que requieren aclaración adicional se encuentran las proyecciones sobre reducción de criminalidad, que según el ministro “son eso, pronósticos, que, en este caso, están fuera de control de las autoridades de seguridad”. También está pendiente precisar la periodicidad de reuniones del Consejo de Seguridad Presidencial.

Esta política de seguridad surge en un contexto crítico, ya que Costa Rica registró un récord histórico en su tasa de homicidios en 2023, alcanzando 17.2 por cada 100.000 habitantes. Al momento de esta redacción, el país contabiliza 726 homicidios, superando significativamente la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo que proyectaba 533 casos para todo el año.

“Lo más importante es que la mayor parte de nuestras respuestas dadas a la Defensoría tienen asidero constitucional”, destacó el ministro de Seguridad Pública, quien deberá completar la entrega de información pendiente dentro del plazo establecido por la Sala Constitucional para cumplir con los requerimientos del órgano defensor en torno a la implementación de esta estrategia nacional contra la delincuencia.

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