El Ministerio de Justicia y Paz realizó una modificación en sus partidas presupuestarias para destinar ₡2.684 millones “para atender la construcción en material para proyecto de cárceles livianas módulos de baja contención en centros penales”, según se informó hoy en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
Esta tarde se discutió el proyecto de ley 24.443 del quinto presupuesto extraordinario de la república para el ejercicio económico 2024.
El ministro de Hacienda Nogui Acosta expuso los detalles del quinto presupuesto extraordinario, que implica un aumento neto del presupuesto en ₡61.590 millones.
Acosta detalló que, en el caso del Ministerio de Justicia y Paz, hay una disminución de ₡2.263 millones por diferencial cambiario, aseguramiento de vehículos que resultó más barato y menos costos en contrataciones. Y agregó que se aumentó en ₡1.694 millones para la construcción de módulos de baja contención en los centros penales.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Paulina Ramírez preguntó: “¿Esto tiene relación con el plan del Gobierno de instalar cárceles en carpas?
A esto, el jerarca respondió: “A nosotros nos corresponde hacer la modificación que los ministros nos solicitan. No podría contestarle si se refiere a eso o a otra cosa. Es pertinente hacerle la consulta a don Gerald”.
La presidenta de la comisión señaló: “Cuando ustedes se hacen presentes, vienen con toda la viabilidad y la justificación de un proyecto o no. Recuerde que incluso usted prevé o no si se puede ejecutar o no un recurso. Me extraña muchísimo que usted no lo sepa. Usted siempre pide que le justifiquen los proyectos”.
Ramírez preguntó si el ministerio tiene algún análisis técnico que justifique que el plan es factible.
“No sé si ellos han hecho estudios o gestiones que normalmente se hacen para un proyecto. Desde el punto de vista presupuestario, los recursos están ahí, ellos los solicitaron, ellos mismos generaron recursos para darle contenido a esa partida. Nosotros venimos a mostrar la priorización que hace cada uno de los ministerios con cada uno de los recursos”, dijo Acosta y agregó que “son para módulos de baja peligrosidad”.
Por otra parte, el diputado del Frente Amplio Jonathan Acuña declaró: «En términos políticos yo tengo la responsabilidad de saber en qué se van a usar más de ₡2.000 millones, sobre todo cuando hasta el día de hoy no hay ningún criterio técnico que pueda sustentar que se utilicen las carpas como mecanismo para tener a personas privadas de libertad y que existen un montón de dudas de orden ético, político y jurídico, por ejemplo, de cómo se hizo el contacto con una empresa en España».
«Espero una pronta respuesta de parte del presidente de la República, que nos envíe los criterios técnicos y que se nos aclare por escrito si esos recursos que están aquí incorporados podrían ser utilizados o no para esos fines», añadió Acuña.
Acosta se comprometió a hacer la consulta al Ministerio de Justicia y Paz.
Al inicio de la sesión de la comisión, los diputados ya habían aprobado una moción para llamar a comparecer al ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde; al director de la Policía Penitenciaria, Nils Ching Vargas, y al exviceministro de Justicia y Paz Exleine Sánchez Torres.
La cuestionada iniciativa del ministro de Justicia y del mandatario Rodrigo Chaves de recurrir a un tipo de estructuras temporales basadas en carpas para alojar a la población privada de libertad trascendió públicamente tras el despido de Exleine Sánchez, quien se opuso a esa idea.
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“Dios, que me está viendo en este momento, sabe que es así: en todo momento el que dirigió la reunión fue ese señor Alberto (Salazar), él era el que estaba dirigiendo”, indicó Sánchez.
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Sánchez asegura sobre la explicación de que su despido sucedió por “acoso laboral” que al día de hoy, ni siquiera se le ha notificado acusación alguna en su contra.
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El proyecto, dice Sánchez, no sólo sería más costoso que construir infraestructura permanente sino que no se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos.
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Ya en otras ocasiones el presidente ha manifestado su interés en realizar inversiones carcelarias y el ministro de Justicia y Paz ha dicho que esta administración tiene el proyecto de crear una nueva cárcel.
