Las organizaciones vinculadas a la droga en Costa Rica parecieran entrar a una nueva fase en la que los cambios en el negocio de esta actividad ilícita y las disputas de territorio incrementan los niveles de violencia.
El subdirector del OIJ, Michael Soto, declaró a finales del año pasado que en Costa Rica se tienen identificadas alrededor de 300 organizaciones de crimen organizado. La solicitud de una entrevista de autoridades del OIJ con UNIVERSIDAD sobre el tema no fue posible antes del cierre de edición.
No obstante, es posible realizar un balance de la evolución de este tipo de organizaciones en el país, así como de la influencia que han recibido de los carteles de droga, principalmente desde mediados de la década de los 80 (ver recuadro).
El criminólogo Erick Villalba destacó que, en este momento, ese tipo de organizaciones criminales enfrentan una fase de revolución, pero que se debe tener claridad de que eso involucra tanto organizaciones grandes, como algunas bastante pequeñas y que, en general, en el país los grupos vinculados a la droga locales no son muy numerosos.
Precisamente, el término de minicarteles criollos es el que pareciera acercarse a describir el panorama. Se trata de una definición acuñada a inicios del 2010 y que a finales de la década ya había indicios de que había no solo un aprendizaje, sino un intento de emular, en pequeña escala, las estructuras de los carteles mexicanos. Esto empezó a generar una espiral de violencia, en dos sentidos.
Por un lado, los grandes carteles empezaron a pagar con droga en lugar de dinero, lo que motivó a las organizaciones locales a incentivar un mercado interno de consumo de drogas, para colocar los excedentes que no se exportaban. Los gráficos evidencian el aumento en el consumo de cocaína en el país, muy por encima del crecimiento de la población en general. No hay datos más recientes de esta encuesta, realizada por el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), pero no hay señales de que se haya detenido.
El otro aspecto fue la lucha por los territorios, que se convirtió en el potencial de mayores ganancias, más que un indicador de identidad que caracterizaba los primeros años de estas organizaciones criminales.
El exfiscal Francisco Dall´Anese indicó que no se atrevía a dar alguna aproximación a la cifra de las organizaciones vinculadas al narcotráfico en el país, pero advirtió que el incremento en la cantidad de homicidios sugiere un aumento en el número, en las actividades de estos grupos y las personas reclutadas. “Hay un gran problema, en la medida en que se fortalecen estas organizaciones, crece la vulnerabilidad del país, siento que eso no se está visualizando bien, no se le da la seriedad que implica”, declaró.
En ese sentido, el ministro de Seguridad, José Torres, ha enfrentado críticas en la Comisión de Seguridad por no precisar los avances de su política estrella en seguridad de combatir el narcomenudeo, mientras que, al momento del cierre, el presidente Rodrigo Chaves todavía no precisaba el plan ambicioso en materia de seguridad que mencionó el 23 de enero ante la prensa internacional, para enfrentar los incrementos del homicidio y el narcotráfico.
La huella de los carteles en Costa Rica
Carteles colombianos: En 1994, la operación policial internacional Chimborazo evidenció que una colombiana ligada al cartel de Cali utilizaba a Costa Rica como centro de lavado de dólares para el istmo centroamericano. Sin embargo, los carteles colombianos (Cali y Medellín), en esa época, estaban declinando luego de que en la década de los 70 y 80 tuvieron su apogeo.
Carteles mexicanos: Los carteles mexicanos empezaron a tomar protagonismo a mediados de los 90 con el declive de los carteles colombianos. Ya en el 2017, un informe de la Procuraduría General de México indicó que tres carteles mexicanos (Zetas, Jalisco y Nueva Generación) tenían presencia o influencia en Costa Rica.
Guadalajara: Poca actividad luego de que en 1985, Caro Quintero, fundador de la organización, fuera detenido en Costa Rica y una investigación legislativa indicara que había recibido ayuda de “una autoridad política superior”. Este cartel se dividió en varios tras la detención de sus líderes en 1989: Sinaloa, Juárez, Tijuana, El Golfo.
Sinaloa: Ha sido la influencia más visible. En el 2019 las autoridades detuvieron a un hombre apellidado López, alias “M1”, acusado de tener nexos con el cartel de Sinaloa. En el 2020, se desmanteló un grupo en la zona norte que operaba en conjunto con el cartel de Sinaloa y en el 2021 se detuvo a un lugarteniente de ese cartel, que operaba desde San José un flujo de migrantes hacia México y Estados Unidos.
Juárez: En el 2010 las autoridades detienen a dos mexicanos ligados con el cartel de Juárez. En su momento, la policía resaltó que se trataba del primer caso vinculado con esa organización.
Mafia europea: El asesinato del exportador de frutas italiano Salvatore Ponzo, en 2018, evidenció una evolución que se insinuaba desde que en 2014 varios operativos multinacionales de la policía desmontaron una red de tráfico, en la que traficantes cubanos usaron testaferros costarricenses, para enviar cocaína oculta en cargamento de exportaciones hacia Estados Unidos y Europa para la Ndrangheta, la mafia calabresa que es el mayor actor del tráfico de cocaína en Europa. Posteriormente, en julio de 2020, la Interpol capturó al prófugo narcotraficante de la Ndrangheta, Franco D’Agapiti, quien aparecía como copropietario de un hotel de lujo y casino en Jacó y era el representante del clan Belloco en el área.
Los minicarteles crecen…
El concepto de minicarteles empezó a utilizarse por las autoridades costarricenses alrededor del año 2010 como estructuras de crimen organizado integradas en su mayoría por costarricenses, territoriales, con la finalidad de distribuir y vender drogas en determinadas zonas. Organizaciones territoriales, con uno o dos líderes y un área de control, con áreas de almacenamiento y una estructura que incluye el contacto con el proveedor de la droga (generalmente extranjero), expertos para procesar la droga, distribuidores, encargados de la protección de los líderes, cobradores y sicarios, para eliminar a la competencia o deudores.
En el 2017, el fallecido Walter Espinoza, director del OIJ, advirtió el cambio en el modelo. “Ya no se puede ver como una hegemonía de grupos narcotraficantes colombianos o mexicanos, puesto que se ha detectado que costarricenses se están involucrando con esos carteles, formando a nivel local lo que podemos denominar “minicartel criollo”, indicó en la presentación del documento “Troqueles de Droga”.
Ese mismo año, el entonces fiscal general, Jorge Chavarría, declaró al diario El Universal que los carteles mexicanos estaban reclutando a grupos criminales locales de Costa Rica, que los llevaban a México y les enseñaban sus estrategias, lo consideró un indicio de la evolución de las relaciones de las redes de narco de ese país con Costa Rica.
