El director de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), Randall Zúñiga Madrigal, anunció hoy que el ministerio modificará de forma sustancial el Reglamento a la Ley de promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables (10.086).
Zúñiga expuso ampliamente sobre el tema en el Foro “El futuro de la generación distribuida frente al impuesto al sol”, realizado esta mañana en la Asamblea Legislativa y organizado por el despacho de la diputada independiente Kattia Cambronero y la oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Costa Rica.
Entre las razones para realizar esta reforma, Zúñiga mencionó regulaciones estrictas que debe cumplir Costa Rica por ser un país perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); que la ley no se ha aprovechado lo suficiente; que se requiere una “democratización del acceso a la red eléctrica nacional”; y el aumento proyectado de la demanda.
“Los análisis que hemos hecho nos indican que estamos en una carrera de cinco años. Si no nos ponemos de acuerdo sobre como tener 2.000 o 3.000 megas (megavatios) de energía más en nuestro sistema, dentro de cinco años podemos entrar en una crisis o en una emergencia nacional y por eso es importante disponer de fuentes del sector privado y de las empresas eléctricas”, afirmó.
La Ley para la Promoción y Regulación de Recursos Energéticos Distribuidos (Ley 10.086) fue aprobada el 8 de diciembre de 2021 en la administración Alvarado Quesada. Sin embargo, fue reglamentada hasta el 20 de enero de 2023.
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó las tarifas en octubre de 2023; no obstante, inmediatamente cientos de personas, empresas y comercios que instalaron paneles solares para producir la electricidad que consumen, se quejaron de que las facturas de electricidad les aumentaron en más del 400%.
De ahí que en enero de 2024, la Aresep suspendió la aplicación de la metodología, hasta que se realizó una reforma que corrigió la metodología de la “tarifa de acceso” a la red eléctrica nacional para los generadores distribuidos; por ejemplo, los hogares y negocios que generan y consumen electricidad a base de paneles solares o con energía eólica.
Detalles de la reforma al reglamento
Según explicó Zúñiga, la modificación al reglamento de la Ley 10.086 se enfocará sobre todo en la aplicación de los DER (Recursos Energéticos Distribuidos).
Adelantó que se quiere convocar a un análisis político con el fin de promulgar dos políticas públicas: la actualización del Plan Nacional de Energía y un Plan Sectorial de Transición Energética, “con el cual vamos a valorar la forma en que se desarrollan las tarifas en este país, con todo el respeto y la autonomía que tiene la Aresep, para dar una visión como política pública de cómo reenfocar las tarifas de los DER”.
Entre los cambios que señaló Zúñiga están permitir la creación de “comunidades energéticas distribuidas”, por ejemplo con las futuras Zonas Francas que se instalen fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), que podrán generar su propia energía eléctrica.
En el tema tarifario, destacó que quiere eliminar el concepto de la duplicidad de los costos, aclarar de qué manera se calcula la tarifa de acceso a la red nacional y que se pueda negociar previamente la compra-venta de energía cuando se interconecta un proyecto. “Si ya una Zona Franca tiene previsto que va a tener un excedente de 1, 2 o 3 megas en determinados instantes del día, de la semana o del año, va a poder negociar eso con la empresa eléctrica”, destacó.
También indicó que existirá la figura del “agregador energético”, que podrá ser una empresa eléctrica, un administrador de Zona Franca o un administrador de condominio., que venderá el servicio de almacenamiento de energía para el momento en que la requieran los integrantes de esa “comunidad energética distribuida”.
“Siempre la energía eléctrica va a ser comprada a una empresa con concesión de comercialización de energía eléctrica; pero una vez la energía entra en propiedad privada, va a ser posible vender el servicio de su almacenaje y los servicios que esto conlleva”, informó.
Asimismo, se aclarará que los servicios económicos de interés general, como la recarga de vehículos eléctricos la podrá hacer por cualquier persona. “Todos pueden tener un cargador y todos pueden vender el servicio de recarga sin ningún problema. Eso no debería ser una limitante en este momento y vamos a impulsarlo en este reglamento”, añadió.
El funcionario detalló que se espera tener el borrador final del reglamento a finales de febrero; tener la aprobación del viceministro de Energía Ronny Rodríguez y del ministro Franz Tattenbach en marzo; socializar la propuesta entre abril y mayo; atender los comentarios y hacer la revisión jurídica entre julio y agosto; para que esté oficializado a finales del primer semestre de este año.
