Agentes de la Policía Profesional de Migración y de la Fuerza Pública realizaron un operativo conjunto en el sector de la terminal 7-10 y en la Terminal de Tracopa, en el centro de San José, en el que detuvieron a 19 personas migrantes venezolanas.
Los migrantes (16 hombres y tres mujeres) fueron trasladados al Centro de Aprehensión Región Central (CARC), en Los Lagos de Heredia, para el proceso que corresponde, informó la Dirección de Migración y Extranjería, mediante un comunicado.
Ante consulta de este medio, Migración explicó que se verificará su situación migratoria y, si esán en condición irregular, se les hará una verificación más profunda y luego serán movilizados al Centro de atención temporal para migrantes en la Zona Sur, “para que no estén en condición de calle y mucho menos ocasionando problemas en los sitios de mayor población”.
Alonso Soto, Subdirector Policía Profesional de Migración, indicó: “En este sector de la Terminal de Autobuses conocida como la 7-10, así como los alrededores de la Terminal de Tracopa, se ubicó a algunas personas de nacionalidad venezolana, quienes de acuerdo con algunas informaciones, así como denuncias de algunos civiles, se encontraban realizando algunas acciones que iban en contra del orden público. Gracias al dispositivo se logra la aprensión de 19 personas de nacionalidad venezolana, las cuales en este momento están siendo remitidas para el trámite correspondiente”.
Según especificó Migración ante consulta de UNIVERSIDAD, estas personas “han estado realizando algunas actividades contra el orden público, tales como pleitos entre ellos, amenazas a transeúntes para que les den dinero, así como ocasionando conflictos en vía publica”.
El pasado 11 de noviembre, agentes de la Policía Profesional de Migración y la Fuerza Pública realizaron otro operativo en el malecón en Quepos, Puntarenas. En el último mes también han realizado detenciones en Heredia y en Pérez Zeledón.
Se recordó que de acuerdo con la Ley General de Migración y Extranjería, la Policía Profesional de Migración debe efectuar el control migratorio de las personas extranjeras en cualquier parte del país, así como, aprehender con el propósito de verificar la condición migratoria.
Cientos de personas migrantes venezolanas permanecen en el país sin una visión clara sobre su futuro y sin recursos económicos, después de que el 13 de octubre el Gobierno estadounidense impuso un nuevo protocolo migratorio que permite que se expulse a México a toda aquella persona que ingrese a Estados Unidos por la frontera terrestre sin documentos migratorios.
La nueva normativa prevé el ingreso de 24.000 venezolanos; pero únicamente a través de un programa que obliga a las personas migrantes a ingresar vía aérea y avalado por un patrocinador.
Antes de esa fecha se contabilizaba que más de 150.000 venezolanos habían llegado a Estados Unidos por la frontera terrestre en un año.
Cambios al trámite de solicitud de refugio
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, firmó el 30 de noviembre dos decretos para regular las solicitudes de refugio.
Uno de los decretos modifica el Reglamento de Refugio sobre el otorgamiento de permisos laborales, y se informó que con el cambio ya no se otorgarán permisos laborales a las personas solicitantes de refugio de forma inmediata, “sino que deberán cumplir con el procedimiento interno que establezca la institución y que se comunicará oportunamente”.
Otro cambio es que a quienes ya les otorgaron permisos de trabajo, se les renovarán solamente si se inscriben ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Asimismo, la persona sólo podrá presentar la solicitud de protección internacional dentro de un mes natural a partir del día de su ingreso al país y debe venir de su país de origen directamente; de lo contrario tendrá que justificar las razones por las cuales no solicitó dicha protección en el país en el que se encontraba.
El segundo decreto crea la Categoría Especial Temporal para personas nacionales de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que entrará a regir el 1 de marzo del 2023. Si la persona recibe esta categoría podrá trabajar durante dos años, siempre y cuando renuncie a la solicitud de refugio, se inscriba en la CCSS y demuestre que no tienen antecedentes penales en su país. Además, deberá haber solicitado refugio entre 1 enero 2010 y el 30 de septiembre 2022 y no haber ido a su país en ese período.
Este artículo fue actualizado con información de la DGME el 3 de diciembre a las 11:37am.
